Sábado, 21 de oct de 2017
Valledupar, Colombia.

Para dar entendimiento a la compleja problemática del hacinamiento carcelario en Colombia, es indispensable abordar la historia de las cárceles desde su concepción republicana y judicial hasta su construcción y disposición gubernamental como edificios de propiedad pública, dispuestos para retraer sindicados o condenados.

Con la llegada de los españoles a América, la conquista y colonización, se trajo a la región el concepto de mazmorras o sitios de reclusión transitorios en condiciones infrahumanas, hasta que se decidiera la suerte del desgraciado, la cual no estaba muy alejada de la muerte violenta.

Con la disolución de la Gran Colombia en 1830, se inicia una nueva concepción del sistema carcelario, como instrumento de represión política y sometimiento a los opositores en contraposición a las innovadoras ideas liberales que promulgaban un sistema punitivo menos cruel y más respetuoso de la condición humana, pero  bajo condiciones de pobreza extrema para la adecuación, sostenimiento o estabilidad de nuevas instalaciones.

De estos establecimientos heredados, sobresale la cárcel de Cartagena sitio predilecto para enviar a los más peligrosos antisociales, mientras el sistema construía su propio circuito penal que hasta 1914 con la ley 35 creó la Dirección Nacional de Prisiones adscrita al Ministerio de Gobierno.

Surgió con importancia nacional, el Panóptico o penitenciaria central de Cundinamarca, diseño concebido por Jeremy Bentham, filósofo británico que imaginó una cárcel en la que todos los reclusos estén bajo el campo de visión del vigilante, sin que los presos lo sepan. Estas innovadoras instalaciones funcionaron hasta 1948, época que el gobierno la convirtió en el Museo Nacional, monumento cultural de los más antiguos y agraciados de América.

Los presos de entonces fueron trasladados a la nueva cárcel de la Picota en Bogotá, convento en el siglo XVII remodelado para escenario de reclusión de peligrosos narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, delincuentes comunes, ahora epicentro del sistema carcelario tiene cerca de 5.000 reclusos y sobrepoblación superior al 250%.

El control está a cargo del INPEC, organismo creado por la ley en 1993 y fusionado por el Decreto No. 2160 de 1998, con la D.N. de prisiones para administrar todos los centros de reclusión del país que son: 138 con una población de 150.000 reclusos, de los que 128.000 son hombres.

No se puede dejar de mencionar la famosa Cárcel de la Isla La Gorgona que funcionó de 1960 a 1983, hoy en día destinada a convertirse en un resort para amantes de la naturaleza.

Diariamente son protagonistas del dinamismo social, la Cárcel Modelo de Bogotá, Bucaramanga, Picaleña de Ibagué, El Bosque de Barranquilla, Bellavista de Medellín, Mediana y Alta seguridad de Cúcuta, Combita, Tunja, Judicial de Pasto, acusando amontonamiento, precarias condiciones de salud, vulneración de derechos humanos e inseguridad.

El circuito carcelario y penitenciario del  departamento del Cesar está compuesto por tres establecimientos que funcionan bajo la administración del INPEC y dos cárceles de resorte municipal en Codazzi y Chiriguaná.

Si bien es cierto que la cárcel de Valledupar, conocida como La Tramacua, construida en 2005, con el auspicio del gobierno norteamericano, de capacidad para 2000 prisioneros no presenta sobrepoblación, ha dado mucho que hablar en el contexto penitenciario por las alternas denuncias sobre violaciones a los D.H. y porque no ha cumplido su objetivo de recibir a los presos de la otra cárcel llamada La judicial, ésta sí con el índice de hacinamiento más escandaloso y  la suma de problemas sociales internos y externos por su ubicación en la ciudad, lo mismo que la de Aguachica. El trabajo continúa.

 

Alfonso Suárez Arias

@SuarezAlfonso

Aguijón social
Alfonso Suárez Arias

Alfonso Suárez Arias (Charalá, 1956). Abogado en formación (Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar). Suscrito a la investigación y análisis de problemas sociológicos y jurídicos. Sus escritos pretenden generar crítica y análisis en el lector sobre temas muy habituales relacionados con la dinámica social, el entendimiento del Derecho y la participación del individuo en la Política como condicionamiento para el desarrollo integral.

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