Opinión

El negocio criminal de las EPS

Por estos días la prensa colombiana ha dedicado varios titulares, informando sobre el caso de Camila Abuabara, una joven de 25 años que sufre leucemia ifoblástica aguda, lo que los legos en la materia llamamos cáncer de sangre.

El drama de esta muchacha bien podría ser el tema de una novela, de una trágica novela, donde las fuerzas del mal (EPS) tratan por todos los medios de quitarle la vida, acudiendo en forma criminal a la actitud displicente con que acostumbran a tratar a los pacientes de alto costo, negándoles la atención, medicamentos y tratamientos especializados, espaciándoles las citas médicas a términos distantes con la insana intención, de que en ese alargue, la salud del paciente se deteriore más y muera, y con su muerte concluya la responsabilidad suscrita entre la EPS y el paciente.

El caso de Camila, que no es único en el sistema asistencial colombiano, es producto del engendro demoníaco creado por las élites políticas, que vieron en la salud del pueblo no el servicio esencial que debe proveer el Estado, sino un filón de recursos económicos para repartir a los bolsillos de los mercaderes de la muerte, que hacen negocio con la mengua de la salud de los pacientes afiliados al régimen de salud colombiano.

Esta aberración tuvo origen en la Ley 100 de 1993 (averigüe usted cuál fue el ponente), con esta Ley se dio vía libre a que se crearan las EPS para prestar los servicios de salud que debía garantizar el Estado a sus ciudadanos. Esta Ley abrió las puertas y propició que los políticos y sus familiares se apropiaran de ese naciente y rentable negocio, y en la más clara muestra de criminal actitud se repartieron milimétricamente el país para robarse los recursos destinados a proveerle salud a los colombianos.

No hay un día en que la prensa no denuncie casos de corrupción en estas empresas y, como siempre, el resultado es la muerte o deterioro de la salud de sus afiliados. Sin ir muy lejos, la versión digital de la revista Semana del 25 de noviembre de 2014, denuncia la serie de marrullas y argucias a que acuden las EPS para burlar la Ley y robarse los recursos de la salud de los colombianos sin importarles que sufrimiento o muertes causen en sus afiliados.

Uno de los datos que muestran el lado oscuro de este negocio es que para que los pacientes sean atendidos tienen que recurrir a los jueces de la república a través de tutelas y lo peor algunos fallan en contra de los pacientes y cuando fallan en contra de las EPS éstas desacatan esos fallos al punto que se registran estadísticas que dicen que “82.35% de las EPS del Régimen Subsidiado, incurrieron en desacato a las tutelas.” (Semana 25/11/2014)

Ante esta actitud masiva de desacato, ¿Qué han hecho las autoridades? Me atrevería a decir que muy poco, pues no de otra manera se diera esta actitud de irrespeto al fallo de los jueces de la república, agravado con el peligro contra la vida de seres humanos que encierra esta irreverente actitud de las EPS. Las sanciones son tan irrisorias que los gerentes se dan el lujo de desacatar estas órdenes pues saben de la complacencia de los jueces y del desconocimiento de la Ley por parte de los usuarios que en su mayoría tiran la toalla y no prosiguen con el proceso.

Para ilustrar el caso, retomo el caso de Camila Abuabara, que a punta de tutela consiguió con mucha dificultad que fuera enviada a USA a recibir un tratamiento para su mal y que un juez colombiano Jorge Bernal, juez 28 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, de Bogotá, eso sí, con prontitud trunca sus esperanzas de vida al fallar que la EPS Sanitas en el término no mayor de 48 horas, le preste la atención integral a Camila. Queda un sabor salobre al ver la prontitud del fallo, pues con éste hacen regresar a esta joven de nuevo a Colombia a recibir el tratamiento que le había sido negado.

Acá, muy en la cocina, y reconociendo mi ignorancia absoluta del derecho, pienso que las penas para estos casos se deben endurecer y que a partir de la aceptación de la tutela por parte del juez se debe iniciar un proceso contra la EPS y que el fallo a más de la orden expresa y perentoria de dar atención al paciente debe llevar automáticamente una sanción pecuniaria contra la EPS, tasada en varios millones de pesos y que el desacato de la orden se asuma como tentativa de homicidio y como tal también debe ser penado con una condena privativa de la libertad en establecimiento carcelario sin atenuantes.

En el caso de que el paciente muera por la falta de atención, la EPS, en este caso su representante legal, debe pagar pena por el crimen cometido sin que esto impida una indemnización económica a los familiares del fallecido. Todas estas penas deben ser altas y con severidad en el cumplimiento de las mismas para acabar, de una vez por todas, con tanta sinvergüencería, abuso y corrupción.

Diógenes Armando Pino Ávila