Viernes, 17 de nov de 2017
Valledupar, Colombia.

Diálogos de paz en La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc

Es necesario que el ciudadano de a pie trate de entender de una manera simplista la complejidad del llamado “proceso de negociación de paz”, que realmente se trata de un “acuerdo para dar por terminado un conflicto parido en mala forma por un grupo armado al margen de la ley”, y más aun; dejar muy claro que es la imposición de condiciones y exigencias y no la ”negociación”, puesto que solo el componente violento notifica y demanda, mientras los soterrados representantes del gobierno se han limitado a aceptar y asentir en todo.  

¿Cómo es posible que, después de más de tres años especulando posibles epílogos que pudieran dar término a tal sainete, se emitan definiciones y conclusiones copiadas del ámbito constitucional como producto de  concienzuda reflexión?. Los farianos hacen saber a la ciudadanía que “los acuerdos que se construyen en La Habana tienen el propósito de promover, proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos, en particular los de las víctimas”, un regalo de ellos y no la obligación del Estado.

Y en un mediático y magnánimo acto, los narcoguerrilleros elaboran el “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, un documento de digno encomio por la capacidad burlesca y satírica de los señores de las Farc  y sus redactores, en el que plasman subjetivamente el concepto de víctima y declaran victimario al Estado y sus agentes, es decir las víctimas son los guerrilleros y los victimarios militares y policías sacrificados y defensores del honor de la patria, aparte de considerar a los civiles, coadyuvantes de los victimarios.

Con esa condición aceptada y cumplida, la Nación debe indemnizar a las “victimas” y garantizar la no repetición de tales sucesos mediante satisfacción de exigencias a los farianos, de lo contrario podrían ejercer con sus armas (disponibles en algún lugar, porque no las entregarán), ataques repetitivos a civiles e instituciones en calidad de mártires obligados a cometer delitos (no punibles para ellos) conexos del conflicto político, en otra maniobra que ha dado por cambiar el sentido y conceptualización de la justicia.

Así se refrenda el concepto de justicia transicional, cuya interpretación y construcción jurídica es todo un legado exegético explicativo del derecho, pero que aquí simplemente es la justicia especial para dar legalidad a los actos crueles e inhumanos que cometieron los guerrilleros y quedarán cobijados  por  la impunidad y la parafernalia de una sanción social que en nada reivindicaría el daño efectivo causado por sus delitos.

Insertan en el ordenamiento la figura de un Tribunal especial colegiado por magistrados colombianos y extranjeros, para juzgar, revisar, exonerar o castigar a responsables o indiciados de graves delitos durante el conflicto armado, seguramente señalados por los mismos guerrilleros en su afán de mantener vigente la calidad de negociadores activos de una confrontación delincuente-sociedad que está muy lejos de finalizar, al contrario tendiendo a eternizarse bajo esa subliminal consideración de extorsión social generalizada, apoyada por armas que mantendrán disponibles y porque al fin y al cabo , una de las mejores oportunidades de lucro e indemnidad está en invocar la paz como elemento negociable.

Lógicamente se requiere mucho dinero para financiar tal negociación que deberá asumir el Estado, pues los señores de la contraparte hacen saber ahora que no están en condiciones de aportar económicamente, dada  la precariedad monetaria y acercamiento a la pobreza en la que se desenvuelven muy a pesar de controlar el narcotráfico y negocios vinculados y ser el cuarto grupo terrorista más rico del mundo, por  lo que indemnizar victimas de su parte no será posible además que son ellos las victimas y correspondería a los colombianos asumir tal obligación si quieren vislumbrar la fantasmagórica entelequia de la paz.

 

Alfonso Suárez

@SUAREZALFONSO

Aguijón social
Alfonso Suárez Arias

Alfonso Suárez Arias (Charalá, 1956). Abogado en formación (Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar). Suscrito a la investigación y análisis de problemas sociológicos y jurídicos. Sus escritos pretenden generar crítica y análisis en el lector sobre temas muy habituales relacionados con la dinámica social, el entendimiento del Derecho y la participación del individuo en la Política como condicionamiento para el desarrollo integral.

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