Sábado, 23 de sep de 2017
Valledupar, Colombia.

El artículo publicado en esta columna, titulado “Cultura, educación, ética y mercado”, señalaba cómo la introducción de las reglas del mercado en educación produce el creciente apoyo a la iniciativa privada en detrimento de lo público, así como unos currículos que favorezcan la segregación y perpetúen y agranden las diferencias sociales existentes.

Proceder de esta manera, contraria al principio de igualdad, tiene una explicación clara. El sistema capitalista experimenta procesos de reacomodo constante en su estructura económica, social, política y cultural, consecuencia de las nuevas formas de mundialización del capital y concentración del  mismo, muy bien organizadas desde organismos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), aliados de un capitalismo financiero especulativo internacional promovido desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras instituciones.

La acción de dichos organismos traerá como consecuencia la puesta en marcha de actuaciones coherentes con la ideología del mercado, sujeto exclusivamente a las reglas de la competitividad, que producirán cambios en los centros escolares, viéndose convertidos -de acuerdo con el del filósofo uruguayo, José Luis Rebellatto (2000)- en “productores de nuevos significados y en constructores de nuevas subjetividades”.

Se trata de difundir los valores de una ideología coherente con este sistema económico cuyos postulados arrancarían del Liberalismo. Mientras que dicha concepción es producto del pensamiento ilustrado y reivindicaba el papel del individuo frente a las Monarquías Absolutas, así como derechos naturales de éste, la separación entre Estado y religión o el contrato social, entre otros aspectos, el Neoliberalismo persigue la hegemonía de los mercados sobre los Estados, las sociedades y los propios individuos;  por ello, sobre los derechos de los mismos. Esta Ideología ha recibido el nombre de Pensamiento Único.

Término acuñado por Ignacio Ramonet (“Le Monde Diplomatique”, 1995), el Pensamiento Único se nos presenta -en palabras de Rebellato- como “una lógica irresistible: la lógica del capital sobre la vida, la lógica del único sistema viable sobre la posibilidad de pensar alternativas”. En ese marco, la educación se integra en el conjunto de los bienes de producción, convirtiéndose en una inversión en capital humano donde lo que importa es la capacitación en habilidades y conocimientos instrumentales para preparar el único capital que tienen los peores situados económicamente, que es su fuerza de trabajo, y adaptarlos acríticamente a las reglas del mercado en permanente cambio.

La política del capital desplaza el papel de los Estados en la consideración de la educación como bien público y en la finalidad de otorgarle a la Educación Pública la responsabilidad de una formación de ciudadanos conscientes de sus derechos, para una democracia en base a la igualdad de derechos.

Las políticas neoliberales hacen que los Estados cedan terreno a los grandes emporios empresariales, privatizando de este modo el espacio público estatal de la educación. La consecuencia de este proceso de privatización es conducir a que sea el mercado quien marque finalidades educativas de carácter economicista y consumista. De esta manera, las políticas educativas se vuelcan hacia la formación asentada en conocimientos mínimos e instrumentales para que el individuo logre adaptarse e insertarse dócilmente en una economía de mercado que persigue la competitividad y el aumento de su productividad al menor costo posible.

Como dice el pedagogo español Jurjo Torres (De la democracia al neoliberalismo de la mano del currículum, 2016),  “se persigue la reeducación de la ciudadanía democrática para convertirla en un conjunto de seres fuertemente individualistas, empresarios de sí mismos, con valores, vínculos y un nuevo sentido común mercantilista, acorde con las necesidades de los modelos económicos, financieros y laborales de la sociedad neoliberal”.

Se trata de imponer una nueva ética y moralidad individualistas; para ello, las ideologías que persiguen ideas más comunitarias y sociales se presentan “erróneas, desfasadas o imposibles”, continúa el autor. Las prácticas consecuentes con esta ideología y acción social son desarrolladas tradicionalmente por la Escuela Pública; por ese motivo, asistimos a un proceso de demonización del valor de lo público y en particular la instalación de un proceso de desprestigio de la educación pública (Rodríguez Jourdan, 2013) paralelo a un exhaustivo programa de ajustes económicos que reduce los recursos disponibles para cumplir su función tradicional de compensación de las desigualdades -tanto intelectuales como sociales, yendo ambas ligadas en multitud de  ocasiones- y facilitar la igualdad de oportunidades.

Se trata de imponer una racionalidad tecnocrática, que conduzca a la aplicación de la lógica numérica de la economía a la educación a través de la cuantificación de indicadores, pruebas estandarizadas, rendimientos y evaluaciones cuánticas donde parece que lo más importante es la mensurabilidad de la acción educativa. (Rodríguez Jourdan, 2013). Una racionalidad tecnocrática globalizada, porque gran parte de los gobiernos de diferentes partes del mundo, acompañan la aplicación de pruebas de corte instrumental en base a competencias definidas por organizaciones mundiales de comercio, como la mencionada OCDE.

Se trata, en definitiva, como dice Jurjo Torres (Mercado y Escuela, 2014), de acuerdo a “las necesidades de los modelos económicos, financieros y laborales de la sociedad neoliberal (...) de adiestrar a consumidores no críticos antes que educar a personas imaginativas e inconformistas.  Una masa de  masa de consumidores fácilmente manejable”.

Mientras que la Escuela en general, y la Escuela Pública en particular, ha sido un instrumento de lucha contra las desigualdades, la ofensiva Neoliberal intenta convertirla en un factor de perpetuación de las mismas; en un espacio generador de lo que María Teresa Sirvent -Profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Buenos Aires– denomina pobrezas múltiples, como reinterpretación de la noción de pobreza misma basada en la insatisfacción de las necesidades tradicionalmente llamadas “básicas” -trabajo, vivienda, salud, alimentación…-  para ampliarse a la necesidad de protección o cuidado, la necesidad de pensamiento reflexivo o de entendimiento y la necesidad de participación política. Como dice la citada autora, cualquier necesidad humana que no es adecuadamente satisfecha socialmente revela una pobreza social y genera procesos de exclusión y de aumento de la violencia internalizada en las relaciones sociales.

En un artículo de próxima aparición analizaremos cómo se concreta esta ofensiva Neoliberal y fundamentalmente contra la educación pública.

 

Gladys Rodríguez Jourdan

Antonio Ureña García

Contrapunteo cultural
Antonio Ureña García

Antonio Ureña García (Madrid, España). Doctor (PHD) en Filosofía y Ciencias de la Educación; Licenciado en Historia y Profesor de Música. Como Investigador en Ciencias Sociales es especialista en Latinoamérica, región donde ha realizado diversos trabajos de investigación así como actividades de Cooperación para el Desarrollo, siendo distinguido por este motivo con la Orden General José Antonio Páez en su Primera Categoría (Venezuela). En su columna “Contrapunteo Cultural” persigue hacer una reflexión sobre la cultura y la sociedad latinoamericanas desde una perspectiva antropológica.

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