Sábado, 25 de mar de 2017
Valledupar, Colombia.

Álvaro Uribe Vélez repite con ahínco que los acuerdos de La Habana tienen impunidad. Quizás con el propósito de fascinar más rápido al espectador, hasta se atreve a incrustarle adjetivos a esa palabra que produce tanto enojo entre la gente: “total, abierta y disfrazada”. El senador se empeña en usar como su principal arma política a la exageración, sabe que a través del ensanchamiento de los hechos es más factible revolver el rio y extasiar a los incautos.

Cuando se esboza un modelo de justicia con penas precisas no es correcto hablar de impunidad como hace Uribe sin pausa. En el caso del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, Uribe no indica que hay tres tipos de sanciones que buscan garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Primero están las sanciones propias: se impondrán a quienes acepten verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento. Su función será la de resarcir los daños, englobarán restricciones efectivas de la libertad de residencia y movimiento de 5 a 8 años, condiciones que tendrán supervisión.

Después se encuentran las sanciones alternativas: se impondrán a quienes admitan verdad y responsabilidad en la Sección de Primera Instancia del Tribunal Especial para la Paz. Mejor dicho, estas aplicarán para quienes no expongan toda la verdad en la Sala de Reconocimiento. Según lo pactado, estipulan una pena de prisión de 5 a 8 años. Finalmente, están las sanciones ordinarias: se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y terminen siendo condenados por el Tribunal. Cumplirán las funciones consagradas en el Código Penal y las penas serán de 15 a 20 años de prisión.

De manera que el Acuerdo de las Víctimas del Conflicto se cimienta en dos tipos de justicia conocidos dentro de la doctrina penal: restaurativa y retributiva. La restaurativa tiene como esencia que los responsables reparen el daño causado, para ella, resarcir a las víctimas es más fundamental que castigar a los victimarios: esto pasaría con las sanciones propias y alternativas. La retributiva busca sobre todo imponer un castigo al responsable, se preocupa más por la pena del victimario que por reparar a las víctimas: esto pasaría con las sanciones ordinarias.  

Si Uribe fuera honesto con el pueblo colombiano no hablaría de impunidad, sino que reconocería que el modelo de justicia que propone el Acuerdo está dentro de los parámetros de la doctrina penal y fundamentaría su oposición manifestando, por ejemplo, que las condenas deben enfocarse más en el castigo a los victimarios que en la reparación a las víctimas. El senador puede pensar que las penas deben ser más drásticas, pero eso no quiere decir que no haya castigo. Aunque hay unas sanciones restaurativas y retributivas, él prefiere hablar de su afamada impunidad, sabe que con las consignas es más fácil vender su producto político.

Uribe se aferra a seguir usando la estrategia del culebrero para defender su causa. Mantiene embelesados a miles de seguidores con sus exageraciones y su verborragia que calientan la polarización. Así como habla de impunidad existiendo unas sanciones concretas, también repite de forma incansable que el neoliberal de Santos es castrochavista, que el gobierno nacional, ese nudo de serpientes de la nobleza bogotana, le entregará el país en bandeja de plata a la guerrilla.

No, Uribe no está loco, Uribe sabe que en estos tiempos de twitteros y youtubers no es difícil desinformar con un lema estridente.

 

Carlos César Silva

@ccsilva86

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