Viernes, 26 de may de 2017
Valledupar, Colombia.

Siguiendo la línea del artículo de reciente publicación, titulado La ofensiva neoliberal contra la Educación, parece notorio que está en juego la defensa del Derecho a la Educación como derecho humano fundamental y responsabilidad inexcusable de los Estados.

Si bien debemos reconocer que ha habido una mayor expansión de la educación pública ampliándose el acceso a sectores populares que hasta hace un tiempo permanecían fuera del sistema educativo, ello no significa que el Derecho a la Educación se cumpla en forma íntegra. Como dice Pablo Gentili -Profesor de la Universidad de Río de Janeiro y Coordinador delObservatorio Latinoamericano de Políticas Educativas- en su obra Pedagogía de la Igualdad (2011), lo que podría ser considerado un avance en el reconocimiento legal de ese derecho y la inclusión de nuevos sectores sociales, no es sinónimo del cumplimiento real del mismo.

Mientras se produce un aumento cuantitativo en el acceso a la educación, se  estaría produciendo lo que el autor denomina una exclusión incluyente, al agudizarsela segmentación y la diferenciación entre las instituciones educativas que, a su vez, fragmenta los sistemas educativos, manteniéndose éstos como instrumentos reproductores de las desigualdades sociales existentes. 

El Derecho a la Educación se menoscaba por el impacto de las políticas neoliberales, que -según decíamos en el artículo anterior- “se vuelcan hacia la formación asentada en conocimientos mínimos e instrumentales para que el individuo logre adaptarse e insertarse dócilmente en una economía de mercado que persigue la competitividad y el aumento de su productividad al menor costo posible”.  

La aceleración de los procesos de privatización es una consecuencia de estas políticas neoliberales, suponiendo un ataque frontal contra la educación pública estatal por cuanto implica una retirada del Estado en cuanto a su responsabilidad histórica de atender la educación pública como derecho humano inalienable. Las reglas de juego del libre mercado conducen a que la educación se incorpore a ellas y entonces pasemos a hablar de mercado educativo.

De esta forma, la educación -que constituye un derecho humano fundamental y un bien público de acceso y permanencia institucional igualitario- se transforma en un bien de consumo y en un servicio que prestan las instituciones para la obtención de calificaciones y títulos que permitan a los individuos adaptarse a las reglas de juego del mercado laboral.

La retirada del Estado en materia educativa a manos del mercado se produce de diferentes maneras según los países. En algunos casos, se exoneran de impuestos y el pago de aportes patronales a las instituciones privadas, cosa de la que no están exentas las instituciones educativas públicas. En otros, se imponen sistemas de “voucherización” y subvenciones de diferente índole para las empresas educativas, primando el lucro empresarial por encima de las finalidades educativas.

El sistema del Voucher o “cheque educativo” –propuesto por el economista neoliberal enemigo del Keynesianismno Milton Friedman y aplicado en el Chile de Pinochet– consiste en que el Estado subsidia la demanda en lugar de la oferta. Cada familia gasta su cheque en la escuela de su preferencia, pública o privada; así los alumnos se convierten en clientes y la escuela en una empresa que debe satisfacer la demanda. Preocupada por competir por un mayor número de alumnos/ clientes que permita su supervivencia, la escuela olvidaría su compromiso con los más desfavorecidos so pena de verse abocada a desaparecer, los cuales se verían apartados del sistema de una u otra forma, ya que no son “rentables”, como tampoco lo sería la propia escuela pública estatal.

Además de las anteriores, existen otras manifestaciones de este avance del mercado frente al Estado en educación. El endeudamiento de los sistemas educativos públicos a manos de organismos financieros internacionales, que supone la injerencia de los mismos en cuanto al direccionamiento de los objetivos educativos. La gestión privada de colegios públicos con donaciones de empresas, que implican beneficios fiscales importantes para las mismas; pudiendo estos aportes fiscales dirigirse a fortalecer la educación pública estatal. La penetración de un estilo de gestión empresarial en las instituciones educativas públicas estatales; etc.

Como explica Gentili, (2014) en Bruselas, miembros de 28 países de la Unión Europea integrantes de la OCDE, en medio de la profunda crisis económica y de desempleo de ese continente, se reunieron para “intercambiar y diseñar estrategias que permitieran una mayor aproximación entre la formación escolar y las demandas del mercado de trabajo”. El principal problema educativo detectado en dicha reunión es que “las personas de manera general, y los jóvenes en particular, carecen de las competencias y de los atributos cognitivos necesarios para volver nuestras economías más dinámicas y competitivas”.

La productividad de los mercados se expresa en el ámbito educativo a través de la enseñanza por competencias lo que tiene más que ver con la apropiación de un “conocimiento elemental, devaluado, simplificado y fácil de digerir, sobre todo por los sectores populares”.  Esto provoca que se genere una desconexión del derecho de los sujetos a apropiarse de la densidad del conocimiento, fundamentalmente de conocimientos de carácter artístico y humanístico que permita a los más desfavorecidos comprender las realidades injustas, e identificar a las causas de las miserables situaciones socio-económicas y culturales en las que están inmersos.

Por si esto fuera poco, el proceso educativo pasa a ser controlado por organismos económicos ya mencionados como la OCDE a través de las llamadas pruebas PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) que, después de extender un discurso catastrofista sobre los malos resultados de la educación, supuestamente aportan datos irrefutables. Tales pruebas se basan en el análisis del rendimiento de los sistemas escolares a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años a estudiantes de 15 años en varios países. Como dice  Thomas S. Popkewitz, (PISA: números, estandarización de la conducta y la alquimia de las materias escolares, 2013)aunque es considerado como un sistema "objetivo" de comparación, su formulación está sujeta a muchas críticas, por cuanto es un análisis meramente cuantitativo.

Como afirma el citado Catedrático de Curriculum e Instrucción en la Universidad estadounidense de Wisconsin, PISA mide el rendimiento de los estudiantes en puntos a partir de lo que él denomina escala arbitraria, donde para nada se tienen en cuenta las características del contexto de los diferentes países en los que dichas pruebas son realizadas y menos aún el contexto concreto de los alumnos y alumnas participantes en las mismas.

Todo lo anterior conduce directamente a la desprofesionalización del trabajo docente, pues éstos se ven inducidos a seguir un currículum preestablecido, que se debe manejar en forma universal, independientemente de las realidades sociales, económicas y culturales en las que viven, tanto los estudiantes como ellos mismos. En la elaboración de ese currículum no hay cabida para la participación de los docentes o se le realizan consultas a modo de pseudo-participación. De esta forma, se separa el trabajo de quienes piensan y elaboran las políticas educativas del trabajo de quienes actúan como meros ejecutores.

Ello hace que el docente se vea inmerso en el incremento de tareas administrativas de control de los conocimientos básicos que deben manejar los estudiantes en base a la lógica tecnocrática y empresarial. Ser meros ejecutores de políticas pensadas fuera del ámbito escolar, supone verse envuelto en la aplicación de libros de trabajo para los estudiantes -los libros de texto- y en el seguimiento de las guías elaboradas por las propias editoriales de dichos libros donde se le indican los pasos a seguir frente al papeleo excesivo y los controles administrativos que burocratizan su trabajo. De esta forma, el profesorado va perdiendo las posibilidades creativas de situar las acciones educativas en las realidades sociales, culturales y económicas donde realizan su actividad, al tiempo que asisten a un desprestigio individual y social que los culpabiliza del fracaso de la educación pública.

Además de ello, los docentes se ven envueltos en la resolución de las más diversas problemáticas sociales, culturales y económicas producto de las consecuencias del retiro del Estado en lo que hace al bienestar de las personas como ciudadanos con derechos en salud, vivienda, trabajo, seguridad social y acceso a la cultura.  Por otro, se les culpa de los malos resultados cuantitativos del sistema educativo; malos resultados, a los que no son ajenos esta política de recorte de derechos.

¿Existen alternativas a este acoso y derribo contra la educación pública? Frente a la ofensiva del discurso neoliberal en educación es necesario recuperar el discurso de la Pedagogía Crítica. Como dice Jurjo Torres -Catedrático de Didáctica de la Universidad de La Coruña- (De la democracia al neoliberalismo de la mano del currículum, 2016) tenemos una gran responsabilidad en la tarea de ayudar a ver la agenda oculta neoliberal, promover debates alternativos y manifestar el inconformismo ante las injusticias; en estimular la imaginación colectiva en la búsqueda de otras alternativas y posibilidades más justas. Estos artículos buscan constituirse en una modesta contribución a este debate.

 

Gladys Rodríguez Jourdan [1]

Dr. Antonio Ureña García



[1] Licenciada en Ciencias de la Educación. Docente de Pedagogía en el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Uruguay. 

 

Contrapunteo cultural
Antonio Ureña García

Antonio Ureña García (Madrid, España). Doctor (PHD) en Filosofía y Ciencias de la Educación; Licenciado en Historia y Profesor de Música. Como Investigador en Ciencias Sociales es especialista en Latinoamérica, región donde ha realizado diversos trabajos de investigación así como actividades de Cooperación para el Desarrollo, siendo distinguido por este motivo con la Orden General José Antonio Páez en su Primera Categoría (Venezuela). En su columna “Contrapunteo Cultural” persigue hacer una reflexión sobre la cultura y la sociedad latinoamericanas desde una perspectiva antropológica.

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