Lunes, 23 de oct de 2017
Valledupar, Colombia.

La Clínica Laura Daniela en Valledupar / Foto: El Heraldo

 

En primera instancia, y teniendo presente la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que dio origen a nuestra actual Constitución Política en un ambiente de renovación y vanguardia en materia social, cultural y estatal, la salud es un derecho ubicado dentro del catálogo y/o categoría de derechos económicos, sociales y culturales, el cual pasa a convertirse en fundamental, entre otros eventos, cuando por estar en peligro, afianza un lazo de conexidad con el derecho fundamental a la vida, esto, técnicamente hablando, porque si nos vamos a la razón de ser del proyecto de Estado Social y Democrático de Derecho colombiano, todos los derechos contenidos en la Carta Superior, y los comprendidos en los convenios y pactos internacionales suscritos por el Estado colombiano, son derechos fundamentales, en eso no debe haber vacilación alguna, la integralidad debe primar.

Para fortuna del robustecimiento de la constitucionalidad del Estado colombiano, y con ajuste a las formalidades que el tema requiere, a través de la Ley Estatuaria No. 1751 de 2015 se proclamó la salud como un derecho fundamental autónomo.

En Colombia el sector salud anda mal hace mucho tiempo, la corrupción, el pésimo administrar público, el actuar irresponsable de las entidades prestadoras del servicio, y la inoperancia, en muchos casos, de los organismos de control, han impedido su progreso. Sin embargo, no se debe desconocer que el manejo de esta estructura es intrincado, sobre todo en un país como el nuestro, en donde, como dice Jaime González Montaño, gerente general de Coosalud, en un análisis para la revista Dinero: “La salud no es un sector ajeno a la dinámica y complejidad del sistema político, social y económico del país; y por tanto, los desbalances fiscales, el mercado laboral, la competitividad, la formación de capital humano, los niveles de pobreza, las decisiones de política pública, los retos sociales del postconflicto y la transición demográfica, le impactan de manera directa”.

En el ejercicio de mis labores como estudiante de consultorio jurídico, especialmente en el manejo y trámite de acciones de tutela, he podido palpar más de cerca el crítico estado en el que se encuentra el sistema de salud en el país, sus fallas en cobertura, acceso, calidad, control y vigilancia. Pareciera que la salud hubiese pasado de ser una política social, a ser un asunto mercantil indolente. La humanización en la prestación del servicio parece estar extinta, no hay sensibilidad.

La asistencia integral, eficiente y universal del servicio público de salud es pilar fundamental del Estado Social. El sector privado de la salud tiene la responsabilidad social de no imponer lo comercial ante lo humanitario, y el Estado y sus entidades competentes en el tema, deben tener como máxima priorizar y fortalecer el sistema de salud a través del gasto público social, no darle preponderancia a otras sectoriales que pueden esperar. No es que en el Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldías no haya recursos, el problema es el administrar perverso y malversador.

Resulta muy lamentable que hoy en calles, pasillos y aulas de clase se comente que el sistema de salud en Colombia no preserva la vida sino que garantiza la muerte. El caso del deceso de dieciséis criaturas en la clínica Laura Daniela de Valledupar, como producto del suministro de un medicamente adulterado, es algo que produce mucha tristeza e inconformismo. A pesar de que dicho suceso se encuentra en investigación, ya hay indicios contundentes que conducen a estar frente a la existencia de malas prácticas en el servicio, sobre todo en lo referente a procedimientos de supervisión y suministro de medicamentos, anomalías en las condiciones higiénicas, técnicas, recursos humanos y de controles de calidad.

La muerte de estos bebes, como cada uno de los incidentes de menor, igual  o mayor magnitud que se presentan a diario con entidades prestadoras del servicio de salud en el país, como saldo de sus acciones y omisiones, son, sin duda alguna, condenables y sus responsables tienen que responder y reparar los daños.

Mientras sigamos dejando la salud al cuidado de personas como Carmen Sofía Daza, secretaria de salud del Departamento del Cesar, una funcionaria que con frialdad, ineptitud y majadería se pronunció en un medio de comunicación nacional acerca del funesto fallecimiento de los bebes como si lo sucedido no fuera cosa del otro mundo, seguiremos en los terrenos de ‘La salud y los juegos de la muerte’.

 

Camilo Pinto Morón

@camilopintom

Letras & Opinión
Camilo Pinto Morón

Camilo A. Pinto Morón, estudiante de Derecho de la Universidad de Santander, estudio leyes porque "pertenece a ese orden de cosas que se comprenden mejor cuando no se definen" - Levy Ullmann. Columnista de opinión en PanoramaCultural.com.co, el diario El Pilón, y Con la Oreja Roja. Fiel creyente de un oficio de opinar en serio, respetuoso, objetivo y responsable.

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