Pueblos

La violencia como paisaje cotidiano

La desaparición de 43 estudiantes en los recientes y luctuosos hechos de Ayotzinapa ha traído a las primeras páginas de todos los medios informativos del mundo un episodio más de la violencia indiscriminada que asola la región.

Si realizáramos un análisis de la identidad latinoamericana partiendo de los problemas comunes y cotidianos que más inquietan sus habitantes nos daríamos cuenta que -incluso por encima del desempleo y la pobreza- la mayor preocupación radica en la inseguridad y la violencia que identifican el paisaje latinoamericano y condiciona la vida en él. 

Mientras que a finales de los 80 y comienzos de los 90 la tasa de homicidios (homicidios al año por cada 100.000 habitantes) de América Latina era de 16.7, según el Banco Interamericano de Desarrollo (Situación de violencia en Centroamérica, 2003), esta cifra superaría ya a comienzos del siglo XXI los 30 homicidios por año y continúa aumentando, lo que supone un número casi 30 veces superior a la Unión Europea.

Además del drama social que conlleva esta sangría de vidas humanas, dicha situación supone un elevado coste económico pues la ciudadanía debe invertir un porcentaje importante de sus ingresos -que puede variar entre el 5 hasta llegar incluso al 25 % del PIB- en medidas de autoprotección y seguridad privada, ya que la seguridad pública no sólo funciona de manera deficiente, si no que en ocasiones constituye una de las principales causas del problema. 

El coste social en sufrimiento por esta pérdida de vidas humanas es imposible de cuantificar como también lo es la reducción de calidad de vida, si bien es importante señalar que uno de los motivos desencadenantes de los movimientos migratorios en grupos sociales económicamente no demasiado mal posicionados es dicha violencia. Que un grupo, con niveles de consumo adecuados y en gran parte un buen nivel de formación académica y profesional abandone la región –es la denominada fuga de cerebros– supone ralentizar el desarrollo económico.

Sin embargo, el dato que debe hacer disparar las alarmas es que la mayor parte de las víctimas de esa violencia convertida ya en endémica, corresponde a jóvenes pertenecientes a los segmentos más desfavorecidos y es que violencia y desigualdad social van de la mano, siendo por ello en las grandes ciudades de sur y Centroamérica, como paisaje de reflejo de esa desigualdad, donde las tasas que comentábamos al principio alcanzarán sus mayores índices.

La práctica totalidad de las ciudades de la región presentan un esquema similar: rodeando los centros económicos y administrativos así como los sectores en que habitan las clases medias y altas, se encuentran las Fabelas, Villas Miseria, Barrios, etc. cuya denominación varía de un país a otro pero que sigue en todos las mismas constantes: construcciones de muy escasa calidad en espacios invadidos por sus habitantes, muchos de ellos no aptos para la construcción de viviendas, con escasos y en ocasiones nulos servicios higiénicos y sanitarios, donde el hacinamiento es la característica común y la violencia el lenguaje característico producido en parte por esas terribles condiciones de vida, a las que se  suman la pobreza extrema y desatención por parte de gobiernos e instituciones y las escasas o nulas expectativas de salir de ese círculo patológico de marginación por medios diferentes a lo ilícito como el tráfico de drogas, el robo, el sicariato y un larguísimo etcétera, que convierten a dichos asentamientos informales con una población muchísimo más numerosa que en los asentamientos formales, en un auténtico polvorín que perfila la vida en la región.

Como señala el estudio elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  y el Banco Interamericano de Desarrollo (FLACSO-BID: Crimen e Inseguridad, indicadores para las Américas. Chile, 2010), otra característica común a la mayoría de los países de América Latina es que frente a la situación de violencia y delincuencia no existen políticas de Estado para enfrentar estos problemas, puesto que todavía discuten sin ponerse de acuerdo, cuál será el modelo o modelos de seguridad territorial o continental; si lo importante es la seguridad del Estado y del modelo económico o la seguridad de los ciudadanos, sin alcanzar a reconocer que una y otra  son inseparables y que en el ámbito internacional han evolucionado en la línea del interés general y no únicamente en el de los grupos mejor situados.

El tratamiento de los casos de violencia dados por los medios informativos locales es un indicador de la sensibilidad de muchas instituciones políticas sobre el tema. Son únicamente noticia los homicidios producidos en los barrios de clase media o alta mientras que, sobre las decenas de muertos en esos asentamientos informales a los que nos hemos referido, apenas si se publica algo más que su número total. De la misma manera es frecuente que, en muchos casos, ni siquiera se haya dado el paso previo a cualquier acción política como es disponer de datos de calidad para analizar el problema, comprender sus causas e implicaciones y tomar las decisiones adecuadas, para cuya puesta en marcha es necesaria tanto la participación de organismos gubernamentales como no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.

La reducción de la violencia precisa fundamentalmente medidas educativas a favor de la convivencia, así como ahondar en el afianzamiento democrático y, sobre todo, en la justicia social y no únicamente medidas policiales o penitenciarias ya que las mismas, a lo largo de muchos años, se han mostrado como totalmente ineficaces. Es más, entre el 60% y el 80% de los ciudadanos y ciudadanas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Panamá, Guatemala y México -precisamente los países más violentos- no tienen confianza en sus policías  por lo que cualquier medida únicamente policial sin la participación de la ciudadanía puede generar el rechazo de la misma, más que su solución. Algo similar sucede con el poder judicial, pasando la confianza en el mismo del 35% en 1996 al 25% en el 2001. Si los ciudadanos desconfían de la policía y el poder judicial,  el “tomar la justicia por su mano” se convertirá en un hecho.

A pesar del sombrío panorama anterior, sí han existido en la región experiencias dignas de valorar al conseguir importantísimas tasas de reducción de la violencia. Así, Bogotá pasó de una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 a 23 en el año 2003: una reducción en un 63% en diez años, lográndose de igual manera en este período la reducción del 35%, en las muertes por accidente de tránsito al pasar de una tasa de 25 a una de 9.8.  Dichos resultados se debieron al diseño una política pública de seguridad basada en la convivencia ciudadana, introduciendo el sentido de corresponsabilidad en las instituciones y en la ciudadanía mediante el desarrollo de políticas de Cultura Ciudadana.

Como explica el propio Dr. Antanas Mokus (Criminalidad y violencia en América Latina: la experiencia exitosa de Bogotá), alcalde de Bogotá entre 1995-1998 y 2001-2003 y artífice del proyecto de mejora con los resultados señalados, además de un estudio previo con datos reales necesario para la toma de decisiones y evaluación de las mismas; la creación de infraestructura administrativa y la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros; un minucioso programa de seguimiento y evaluación tanto interna como externa, el éxito del mismo fue debido en buena parte a la participación y capacitación ciudadana en temas de seguridad y convivencia, así como a la puesta en marcha de imaginativas propuestas que dieron un carácter lúdico (reparto de 350.000 tarjetas emulando las de los árbitros de fútbol para señalar las situaciones que dificultaban o incrementaban la convivencia, mimos que interpretaban las normas de convivencia,...) a un tema tan serio como es la inseguridad, logrando con ello la implicación de los bogotanos y bogotanas.

El Dr. Mokus consiguió democratizar el concepto de seguridad al ser sustituido y tratado como un tema de convivencia y es que la violencia es un problema que interactúa directamente con y sobre los índices de democratización. Democracia implica respeto a los derechos de la ciudadanía; si el primer derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos es el “derecho a la vida” y un estado no puede garantizar la vida de sus ciudadanos debido a tasas de homicidios como las señaladas, el carácter democrático del mismo queda en entredicho.

Por otro lado, como hemos afirmado en líneas anteriores, la violencia va unida de manera inexorable a las diferencias sociales tan escandalosas que existe en la región; entonces, para una verdadera reducción de violencia, es necesaria la puesta en marcha de  proyectos políticos que busquen mayores tasa de justicia social. Así y a modo de resumen podemos afirmar que, mientras continúen políticas que ahonden la brecha social en lugar de propiciar la redistribución de la riqueza, la violencia será un elemento del paisaje cotidiano de Latinoamérica, así como de su identidad.

Dr. Antonio Ureña García

naantees@gmail.com