Ocio y sociedad

“Para alcanzar la paz hay que empezar a perdonar”: Carlos Javier Toro

Dentro de la administración del departamento del Cesar es Carlos Javier Toro Velásquez la persona que tiene en sus manos la responsabilidad de poner en marcha las políticas de paz y promover el conocimiento pleno en este territorio de los acuerdos que se negocian en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC; especialmente la promoción del plebiscito por la paz que refrendaría dichos acuerdos.

En la década del 90, el conflicto armado lo sumó a él y a su familia a los millones de víctimas que ha dejado por todo el país. Toro Velásquez es uno de los rostros de esas 8.092.394 personas que reporta en el Registro Único de Víctimas; una persona que fue maltratada, violentada, desplazada y a la que le arrebataron algunos de sus seres queridos. Hoy como Asesor de la Oficina de Paz del departamento del Cesar y en su condición de víctima, hace un llamado a la reconciliación y al perdón como caminos únicos para lograr el fin del conflicto.

¿Cuáles son las acciones, procesos o estrategias que viene manejando la oficina de paz del departamento?

La Oficina Asesora de Paz dentro de la vigencia 2016, en lo que va corrido del año, hemos arrancado por el tema de fortalecimiento a la Mesa Departamental de Víctimas. Actualmente el departamento del Cesar nos reporta en la Red Nacional de Información más de 400 mil víctimas del conflicto armado, eso equivale más o menos al 35 o 37 por ciento de nuestra población. En tal sentido y en razón a nuestra extensión hace que sea uno de los departamentos con mayor número de víctimas en el orden nacional en razón de su territorio y a los pocos municipios que tenemos frente a otros departamentos.

Hoy uno de los pilares fundamentales del departamento en cabeza del doctor Francisco Fernando Ovalle Angarita ha sido precisamente las víctimas del conflicto armado en el Cesar. Fue por eso que iniciamos desde febrero o marzo, entrada la vigencia, la construcción de un plan territorial para las víctimas que comprende la inversión a realizar en todos los componentes de la política pública de la Ley 1448 para el periodo 2016 – 2019.

En el pasado mes de julio se aprobó dentro del marco del comité de justicia integral el eje de articulación de la política pública de víctimas en el departamento el plan de acción territorial para las víctimas, documento macro que fue aprobado y validado por la misma mesa departamental de víctimas.

Hemos iniciado acciones en materia de recuperación de memoria histórica y así mismo hemos tratado de rendir ese homenaje a las víctimas a través de actividades y promoviéndolo por medio de foros, incluso hemos hecho marchas en favor de paz como aquella que se realizó en el municipio de Pailitas, la cual tuvo una presencia de más de 5 mil personas que estuvieron en esa ocasión diciéndole sí a la paz.

A parte de eso nos hemos vinculado a través de foros como socializando a la gente del departamento y concientizándola del porqué de la importancia de la paz en estos momentos, llevándola también a la reflexión de todo lo que ha sido el departamento en materia de guerra y las huellas del conflicto, diciéndoles que este es el momento nuestro para construir la paz.

Hoy frente a ese escenario, hemos venido trabajando también en una articulación con la Unidad de Restitución de Tierras para revisar la forma y las inversiones a realizar para acatar las órdenes judiciales de los fallos de restitución de tierras que se sobrevengan dentro de los siguientes años ¿Por qué? Porque hoy somos el segundo departamento con el mayor número de solicitudes de restitución de tierras, se superan las cuatro mil 200 solicitudes. Sin embargo, no sabemos hoy cuántas llegaran finalmente a un proceso judicial que será fallado por un juez de restitución. 

Ante eso creamos un componente de inversión para acatar esos fallos, disponiendo las inversiones que sean necesarias en materia de vivienda, vías terciarías, infraestructura, educación. Además hemos tenido en cuenta los 16  planes de retorno y los nueve procesos de reparación colectiva que existen en el departamento. Eso nos ha llevado a que nosotros hoy pongamos la mirada en esos municipios que hoy tienen familias en planes de retornos para mirarlos desde el punto de vista de la inversión social.

¿Concretamente en qué se verá reflejada esa inversión social?

La paz se construye con inversión y eso lo tiene claro el gobernador. La inversión va en viviendas, vías terciarías, educación. Entonces, si ustedes miran el plan de acción territorial podrán darse cuenta que hay unas acciones muy puntuales frente a cada uno de estos componentes pero además hemos dejado las líneas de nuestro plan de desarrollo para seguir fortaleciendo la Mesa Departamental de Víctimas, que ellos sean unos actores fundamentales, dignos representante de las víctimas del departamento en todos los aspectos.

Entonces, van a tener en los próximos cuatro años, una mesa fortalecida a la cual se le va a invertir en su formación como está contemplado en el plan de desarrollo. Igualmente, le estamos apuntando a que nuestros funcionarios empiecen a entender lo que es la justicia transicional. Dentro de ese sentido ya tenemos el cronograma de los años venideros para que se trabaje en torno la capacitación de nuestros funcionarios para que ellos también se alisten para la paz.

Muchas personas solo escuchan hoy el tema de la paz lo que se escucha en las noticias, la justicia transicional es un tema muy extenso, comprende medidas de satisfacción, de reparación integral, medidas de prevención, etc. En todas esas medidas nosotros jugamos un papel muy importante; todo eso que llaman el postconflicto no es solo una palabra sino un cumulo de acciones que debemos realizar los funcionarios públicos y que como director o jefe de la Oficina de Paz debo coordinar ese cumulo de actividades.

Hemos venido trabajando de manera articulada con la Agencia Colombiana de Reintegración ACR, con la que hemos hecho una gran labor en cuanto a la unión que hemos tenido. Con base en eso hemos tenido actividades de reconciliaciones, tuvimos el ‘Pilón de la reconciliación’ que fue una muestra en el orden nacional donde víctimas y victimarios bailaron dentro del marco del festival vallenato como ejemplo de que el perdón y la paz si es posible, que la reconciliación si es posible.

También nos acompañaron unos municipios, tenemos pensado para el otro año fortalecer este pilón y ayudar a las personas que participen del pilón para que sigan moviendo la cultura para que lleguemos a instancias nacionales con esta iniciativa de reconciliación. Esa es una de las temáticas que hemos venido desarrollando dentro de este escenario.

Hoy tenemos iniciativa de reactivar el Consejo Departamental de Paz que es de obligatorio cumplimiento según la Ley 434 de 1998 pero se encontraba archivado o en mero papel. Nuestra función es reactivarlo para iniciar todas las acciones que sean necesarias para la consecución de paz en nuestro departamento.

¿Ese Consejo Departamental de Paz quiénes lo conformarían?

Lo conforman las instituciones de orden departamental, representantes de organizaciones y líderes de víctimas y algunos miembros de organizaciones civiles dentro de las cuales cada uno juega un papel con unas funciones. La idea es reactivarlo para poner en marcha un plan de paz para el Cesar y de paso, alistar al departamento para lo que viene en materia de postconflicto.

Los que creemos que la paz es posible y los que le apostamos al ‘Sí’ a la paz, sabemos que hoy hay que movernos en todos los escenarios y uno de ellos va a ser precisamente la reactivación de este consejo. Aunado a lo anterior y como soporte a la sociedad cesarense para que se nutra de información, se está proyectando la idea de salir a promover unos foros por la paz.

¿Estos foros se traducen en la pedagogía de los acuerdos?

Lo que se busca básicamente es salir a decirle al ciudadano qué contienen los acuerdos en realidad, explicárselos sin tapujos y conforme a lo que está escrito. Hoy ha habido mucha especulación por una aparente politización por una aparente politización que ha habido dentro del marco del acuerdo.

Nosotros no podemos ser indiferentes a que hemos tenido nueve procesos de desarme y desmovilización de grupos al margen de la ley en el pasado, de los cuales se han desarticulado bandas importante que jugaron un papel de victimización grandísima en la nación y hoy es que se están viendo tantas talanqueras, quizá en su momento se vieron pero hoy hay un reproche general cuando estamos a punto de desmovilizar uno de los grupos al margen de la ley con mayor incidencia a nivel nacional.

Entonces, ese grupo que ha perdurado por más de 60 años y estamos por fin cerca que se dé su desmovilización total. Hoy la gente debe ser consciente de lo que gana Colombia sin guerra y con una paz que construyamos entre todos.

La desinformación crea confusión entre la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía no se entera de esas cosas?

Pienso que es pensar que, primero, los acuerdos de La Habana en una época se manejaron cierto tiempo muy cerrado, no se tenía el conocimiento pleno de la negociación. Ya que hay unas bases centradas, nuestro deber como funcionarios y como personas porque además es un deber constitucional (art. 22) de promover la paz y defenderla; es salir a llevar ese mensaje del contenido de los acuerdos.

Ahora lo que se ha creado es un sofisma entre el ‘Sí’ y el ‘No’ y se politizó la cuestión pero no se ha visto el fondo y el contenido. Ha sido más falta de replicar el acuerdo, de llegar al ciudadano y eso lo que queremos hacer, llegar al ciudadano del común, al de a pie no solo al académico porque el día de mañana no va a votar solo el académico sino incluso aquellos que no saben leer ni escribir y van a votar por una palabra. No queremos ver personas votando por ignorancia por el ‘No’, queremos que la gente tome la decisión conociendo los dos aspectos. Hay que llegar a los municipios haciendo ese acto de concientización.

Además de los foros, ¿qué otras estrategias plantea la oficina de paz para hacer esa pedagogía?

Estamos esperando los lineamientos de la Corte Constitucional porque nosotros tenemos la investidura de funcionarios públicos y ellos van a hacer unas limitaciones en cuanto a la participación de los funcionarios públicos dentro de la campaña por el ‘Sí’ pero hay algo que nosotros sí podemos hacer y es educar.

Es mediante esos foros que se aspira llegar a todos los municipios a hacer una convocatoria masiva de la mano de la institucionalidad donde vamos a llegar a explicar punto por punto y los motivos por los cuales vale la pena decir ‘Sí’, dejando pues, a la persona que escuche la respectiva charla o conferencia y en su criterio propio, tomar una decisión final porque nosotros no podemos ir más allá.

El derecho de educar no se nos puede coartar y eso es lo que vamos a hacer, a llevar un mensaje de paz, de cómo está la situación real, de cuántas víctimas nos dejó el conflicto en el departamento, de cuántas víctimas por secuestro, por desplazamiento forzado, homicidio, violencia sexual, etc. porque aquí ha pasado algo y es la falta de memoria histórica. Hemos construido una memoria falsa e irreal, se nos ha venido olvidando lo sucedido y al irse olvidando lo sucedido se nos hace fácil hoy decir que no le pongamos fin al conflicto.

¿Según los cálculos de la oficina cuántas víctimas del conflicto se cuentan en el Cesar?

En el departamento del Cesar hubo grupos que sometieron a la fuerza pública en los municipios, había extorsión, su financiación era de los comerciantes, ganaderos, de las personas del común y además de eso, todo lo que se vino: homicidios, violaciones, secuestros, desplazamientos, desaparición forzada.

En el departamento del Cesar se violaron en el marco del conflicto por parte de las autodefensas y los grupos de izquierda, todas las normas de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y eso es lo que nos arroja una cifra tan alta de 405 mil víctimas en el departamento. Esa cifra no es en vano y es bueno que los cesarenses la recuerden.

Yo soy de los que pienso que hay mucha gente que está sin declarar en el departamento porque nuestra población fue afectada en todos los municipios. Entonces, esta situación  no puede ser normal y por eso debemos llegar a hacer esa concientización desde aquí que es lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que no tenemos esos recursos que maneja la nación como dependencia.

Siendo la paz un tema transversal dentro de las políticas de gobierno no solo departamental sino nacional, se asume que el Estado elevará la inversión en esta materia, precisamente para poder poner en marcha todas estas estrategias…

Ser uno de los departamentos con mayor número de víctimas nos hace que hoy tengamos 13 municipios priorizados por el conflicto, lo cual nos hace pensar como administración –y efectivamente creemos que así va a ser- que vamos a estar enmarcados dentro de la primera etapa de la estrategia de respuesta rápida planteada por el Ministerio del Postconflicto en cabeza del doctor Rafael Pardo y eso nos hace pensar que van a llegar unas inversiones muy puntuales a estos municipios del departamento del Cesar que fueron notoriamente golpeados por el conflicto.

Efectivamente, esa inversión social se va a ver reflejada en la construcción de paz. Es lo que el departamento hoy debe mirar, la inversión que puede canalizar porque el conflicto quizá en el interior no se vivió tanto como lo vivimos en la provincia. El que está en un escritorio en la capital no puede opinar de conflicto armado si no lo ha vivido de manera directa ni hablar con propiedad como sí lo podemos hacer los que lo vivimos y sentimos acá, a los que sometieron y desplazaron.

Pensar que todas esas familias que están retornando y recuperaron sus tierras, tienen la posibilidad de que se les hagan unas vías terciarías, de que sus fincas vuelvan a tener valor, de que se les invierta en vivienda y educación.

Hablemos sobre las zonas de concentración, específicamente de la que estará localizada en jurisdicción del municipio de La Paz. ¿Hay resistencia de la población pacifica por esa zona que les van a ubicar en su territorio?

Esa resistencia es relativa. Hay un sector que rechaza pero hay otro que apoya. Yo particularmente, fui al territorio porque no me gusta pasar entero. Fui al corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, hicimos un sondeo y efectivamente hay una preocupación de muchas personas por lo que pueda llegar a pasar pero hay que entender que vamos a recibir a un grupo sin armas –aunque muchos parezcan incrédulos- van a tener una supervisión de un organismo internacional.

Visitamos algunas veredas y contrario a lo que uno piensa, el campesino tiene otra visión. Él ve en esto la oportunidad de inversión por parte del gobierno y al verlo de esta forma tiene un panorama positivo. No dejan de tener un pequeño temor pero sí creen que esto les va a traer mejoría, allá lo que plantean son sus necesidades y eso es lo que hoy mandatarios y gobernadores tienen claro. El temor es normal porque es algo nuevo. Ante un cambio el ser humano siempre siente cierto grado de temor de lo pueda pasar.

Hoy estamos llegando a una etapa, en principio van a ser seis meses como se planteó, estamos cerca de que se culmine la etapa de inmovilización, los primeros 45 días del D180 como se denomina. Lo que las instituciones tenemos que decirle a la ciudadanía es que no están solos, los está respaldando un gobierno nacional, uno departamental, uno municipal, la fuerza pública y un organismo internacional de mucha seriedad y transcendencia mundial como la Organización de Naciones Unidas.

Ese acompañamiento hace que la guerrilla de las FARC hoy esté en los ojos del mundo y muchas de sus fuentes de financiación ha llegado a esos estados laicos que les ha permitido, han creído en su ideología política –yo no le veo la ideología política por ningún lado- pero hay personas que sí lo conciben y son criterios distintos. Esto no es un juego para nadie, los acuerdos son un compromiso serio interpartes, los suscriben ellos y los suscribimos nosotros, y es de obligatorio cumplimiento, consecuencias hay. Creo que ante cualquier situación no solo perdería el estado colombiano; también perdería mucho ese grupo guerrillero, su credibilidad en el orden mundial.

En la información que se ha emitido de los acuerdos se dice que la movilización de los guerrilleros en la zona de concentración será controlada pero en la población de La Paz no deja de existir temor que esta gente salga a delinquir…

Es importante hacer una aclaración sobre el temor que la gente salga a delinquir por lo cual hay que mirar algunos aspectos muy importantes. Primero, dentro de los acuerdos no hay reducción de la fuerza pública. Al momento de la desmovilización del grupo de las FARC la fuerza pública queda intacta, se mantiene, y al mantenerse ya no va a enfrentar a un grupo guerrillero sino a una posible criminalidad; hablándose ante un hipotético que salieran a delinquir. Sin embargo, hay que aclarar que ellos tendrán un resarcimiento económico para su manutención como desmovilizado de las FARC.

La fuerza pública combatiría delincuencia común y no a un grupo organizado que se refleja en el orden mundial. Caso contrario a lo que ocurrió en procesos de países como  Guatemala y El Salvador donde se redujo la fuerza pública, incluso entregaron armas y posteriormente se aumentó la criminalidad de manera notoria.

Eso no va a pasar en Colombia y de eso se puede dar garantía porque nuestra fuerza pública se mantiene intacta y va a continuar con todo su potencial de armas que hoy tenemos ante cualquier evento, aunque creemos realmente que estas personas vienen a hacer un proceso de reintegración, para eso está la Agencia Colombiana de Reintegración, para eso están todas las instituciones, para abrirles las puertas al camino de la reintegración a estas personas que hoy se vienen, que son unas rutas; la reintegración no es un proceso de un día. Un proceso de reintegración tarde siete años y eso es lo que nosotros vamos a hacer, velar por que se dé, hacer el seguimiento. El que no cumpla lastimosamente tendrá que pagar con cárcel, el que no se acoja a estos criterios de justicia transicional.

Incluidas las víctimas, la percepción común es la de la impunidad que podría sobrevenirse con el acuerdo. ¿Qué puede decirnos sobre ello?

Impunidad no va a haber. Precisamente la justicia transicional es eso, es tratar de buscar soluciones alternativas para que aquellos que han violado y cometido infracciones al Derecho Internacional Humanitario, respondan.

Van a responder, van a pagar con penas, lo que pasa es que no van a ser las penas que se tipifican en el Código Penal, es absurdo pensar que un grupo que se está desmovilizando con 60 años de vida armada activa deje las armas para irse a encerrar 40 o 50 años en una cárcel. Van a estar dentro de una etapa de transición donde tienen que cumplir una pena que oscila entre los cinco a ocho años y deben cumplir los requisitos. Si no cumplen ahí sí entra la Justicia penal ordinaria a hacer lo propio si hay alguna otra violación.

Igual, esto no es nuevo, esto pasó en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). Ya se vivió, muchos pagaron, otros están presos porque salieron, delinquieron y hoy están pagando pero las autodefensas y sus rezagos se acabaron. Quedan bandas criminales de alguna u otra forma se están moviendo pero no hay 31 mil hombres organizados para delinquir de manera conjunta y sistemática.

Siendo usted víctima directa del conflicto armado, debe ser muy satisfactorio estar al frente de esta oficina. ¿Qué mensaje le envía a esas víctimas que están inconformes porque no se sienten reparados con ésta y demás negociaciones de paz que se han llevado en el país?

El mensaje que le tengo a las víctimas y a la sociedad en general es que definitivamente hay que empezar a perdonar. Mi caso, yo tuve un hermano secuestrado y recuerdo incluso cuando con mi papá en medio de su altivez subimos; yo era muy niño. Fuimos y nos sentamos con el jefe guerrillero para traerlo de vuelta, posteriormente, a los ocho días lo liberaron. No recuerdo lo que pasó en esa conversación pero sí que estuvimos frente a guerrilleros del ELN.

A mi papá lo mata el ELN en 1999, matan a todos los familiares políticos; entre esos a un tío que al igual que mi padre había sido alcalde del municipio de Pailitas y a nosotros nos toca irnos para la ciudad de Bogotá. Nada más ahí hay tres hechos victimizantes: secuestro, homicidio y desplazamiento.

Sin embargo, hoy mi retrovisor es que eso quedó en el pasado y que debo que perdonar. Yo prefiero ver a ese guerrillero que cometió todas esas actuaciones delictuales, intentando siquiera entrar en el mundo de la política, intentando participar, prefiero verlo sometido al escarnio público y no verlo con un fusil que quizá también pueda quitarle la vida a otro padre y que otro hijo crezca sin la presencia de su padre. Eso es lo que tenemos que mirar. Lo dijo Alan Jara en un foro que se realizó en días anteriores aquí en Valledupar, “Los que no han sufrido el conflicto son los que más se oponen a este proceso”. El que lo ha sufrido no quiere que otros vivan eso, así de sencillo.

Entonces, el mensaje es que hay que perdonar entre otras cosas porque el que no perdona no va a vivir bien, ese odio y ese rencor se guardan y se acumula en el corazón y no es bueno. Si lo miras en la biblia, el perdón es uno de los principios cristianos, si te vas al budismo el nirvana es lo máximo para alcanzar la paz espiritual; cada religión independiente de la que sea, te conmina a perdonar. Incluso, si eres ateo para vivir bien es necesario el perdón para tener una vida en paz contigo mismo, bajo ese criterio siempre llamo a la reconciliación y al perdón.

 

Samny Sarabia

@SarabiaSamny