Un recuento sobre el daño generado por la violencia y las transformaciones a las que se han visto sometidos los periodistas en Colombia en el ejercicio de su profesión a raíz del conflicto armado, se realizó en Valledupar en el marco del lanzamiento del libro ‘Sociedad, guerra y periodistas: la información en tiempos de fusiles”, una publicación realizada por la Federación Colombiana de Periodistas –(FELCOLPER) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En una invitación conjunta con el Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV), FECOLPER, en cabeza de su presidenta, Adriana Hurtado, explicó ampliamente el esfuerzo y la investigación realizada a lo largo y ancho del territorio nacional para lograr un aporte significativo en la caracterización de la violencia a periodistas. El libro es una recopilación de los hechos de violencia a los periodistas y a los trabajadores de los medios de comunicación. En el marco de la actividad, igualmente se llevó a cabo el conversatorio ‘La reparación a periodistas, desafíos territoriales para conocer la verdad, reconstruir la memoria y luchar contra la impunidad”, que contó con el apoyo de Union to Union e International Media Support.

La publicación está construida con testimonios de periodistas de la región. En el Caribe colombiano se pudo documentar casos relacionados con los secuestros masivos de periodistas, denominados como retenciones ilegales, desplazamientos forzados y amenazas. Allí se documenta particularmente el accionar de los grupos armados que ejercieron control territorial como los paramilitares y las diferentes guerrillas, los daños que se produjeron y cómo el gobierno colombiano podría repararlos.  

Ha sido en las regiones donde más periodistas han sido amenazados y asesinados. Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica en un informe dice que entre 1977 y 2015, ocho de cada diez crímenes contra periodistas en Colombia, se cometieron en regiones diferentes a Cali, Medellín y Bogotá. Son 152 periodistas que han sido asesinados en el país desde la década del 70, un 98 por ciento de impunidad, solamente en tres crímenes de periodistas se conoce y se ha condenado a los autores intelectuales de esos crímenes; entre ellos el de Jaime Garzón Forero, ocurrido el 13 de agosto de 1999 y por el cual se condenó en el 2004 a 38 años de cárcel a Carlos Castaño Gil, fundador y comandante en Jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Tenemos una labor de esclarecimiento de la verdad, entregando este tipo de material para que se puedan conocer los patrones de violencia. Además, muchos de nuestros colegas tienen mejor conocimiento a nivel territorial de lo que sucedió, información que no tienen las autoridades y es justamente, en ese aporte en el que se puede construir”, indicó Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas.

Esta publicación tiene ocho capítulos que empiezan con los antecedentes en los que se explica lo que el periodista debe saber sobre la reparación individual y colectiva, en qué fase se encuentra en estos momentos y cuáles son los desafíos del proceso, entendiendo que el periodista es un sujeto de reparación reconocido por la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

El segundo capítulo aborda la normativa nacional e internacional sobre la libertad de prensa, reconocida la actividad de los comunicadores como primordial para el ejercicio de los Derechos Humanos. Precisamente, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a la libertad de expresión; además el periodismo es la única profesión que está nombrada en la Constitución Política de Colombia en su artículo 73 donde se expone que “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”. En ese capítulo también se encuentran los convenios y tratados que favorecen a los periodistas y su oficio.

Los ataques a la labor periodística en el país no son nuevos. Existen unos patrones que de manera histórica y sistemática han ejercido represión y censura por parte de las personas que ostentan el poder.  Desde los años 70, más exactamente en 1978 como efectivamente se indica en el libro, cuando se promulgó el Estatuto de Seguridad se constituyó en un marco de persecución y judicialización contra el pensamiento disidente en el país. Este Estatuto fue usado como herramienta de censura para los periodistas colombianos y acentuó la persecución a aquellos que cubrían informaciones relacionadas con el conflicto. Este tema se desarrolla en el aparte 3, denominado ‘Patrones de violencia contra periodistas’.

Presentación en Valledupar de ‘Sociedad, guerra y periodistas: la información en tiempos de fusiles” / Foto: FecolperEl capítulo 4 tiene que ver con una mirada regional de la violencia. En él se realiza una clasificación de la forma cómo cada región del país vivió, convivió y sobrevivió a los hechos de violencia, los patrones de victimización y los principales victimarios. El quinto relaciona los hechos violentos realizados contra la prensa y visibiliza a periodistas asesinados en el ejercicio de su labor. En cada una de las narraciones el libro cuenta lo que significó para el periodismo el asesinato de cada profesional. Se considera que cada asesinato no afectó solamente a la persona fallecida y a sus familias, también al resto del gremio.

Por ejemplo, en departamentos como el Cesar por mucho tiempo desapareció el tema de los Derechos Humanos de la agenda de los medios de comunicación. Es allí donde aparece la autocensura, lo que de alguna manera también impacta negativamente en el gremio y en la sociedad que termina siendo mal informada.

El capítulo 6 dimensiona las afectaciones que la guerra ha dejado en los periodistas y las audiencias. El número siete, titulado ‘Impactos asimétricos del daño: el enfoque diferencial y la perspectiva de género’ se enmarca en los procesos de comunicación alternativa y de los pueblos indígenas y trata especialmente, el ataque sufrido por las mujeres periodistas dada la mayor probabilidad de violencia sexual a la que estuvieron expuestas; así como a otro tipo de tratos degradantes.

La última parte de la publicación está dedicada a una serie de propuestas sobre la perspectiva de género y finaliza con unas propuestas para reparar a los periodistas, teniendo en cuenta cuatro tipos de medidas: restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Dichas propuestas resultaron de los encuentros regionales realizados por FECOLPER en el 2016.

En la situación específica del Cesar, en el libro se muestra una reseña de casos de secuestros y un caso de violencia sexual. Con el libro se tiene un registro sobre lo sucedido a las mujeres periodistas y la forma cómo éstas fueron estigmatizadas cuando cubrían temas de fuerza pública porque se decía que eran las amantes de coroneles o guerrilleros. Así mismo, se demostró una fragilidad en el mismo gremio debido a la desconfianza por el cubrimiento de varios hechos violentos en el territorio.

Los asesinatos de los periodistas Amparo Jiménez Pallares y Guzmán Quintero Torres, acaecidos el 11 de agosto de 1998 y el 16 de septiembre de 1999, respectivamente, también fueron registrados en la publicación para unirse –de alguna manera- a la lucha que han tenido sus familias para vencer la impunidad y se logre dar condenas definitivas por estos crímenes que están a punto de prescribir. Han pasado 20 años y la Justicia no ha logrado condenar a las personas que estuvieron detrás de los homicidios de los comunicadores.

A pesar del acuerdo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, y el otro proceso de diálogo abierto con el ELN, el desasosiego causado por el conflicto está lejos de superarse en el ejercicio del periodismo en Colombia, ya que han aparecido nuevas problemáticas y sigue habiendo numerosos casos de victimizaciones. Hoy, sigue siendo difícil hablar de corrupción, de minería ilegal, de medio ambiente e incluso de control territorial de otros grupos que quieren dominar el espacio y el poder dejado por los grupos en diálogo.

Asimismo, Adriana Hurtado llamó la atención de sus colegas para empezar a erradicar la insolidaridad y la estigmatización que afecta al gremio cuando un periodista es objeto de violencia. “Cuando aparecen las amenazadas, son algunos comunicadores los primeros en dudar de la veracidad de las mismas. Cuando son asesinados no se tiene como primera hipótesis del hecho, que haya sido a raíz de su ejercicio profesional e incluso han llegado a pensar, en el caso de las periodistas mujeres que cubren información relacionada con conflicto armado, que éstas han sido amantes de coroneles o guerrilleros”.

El libro ‘Sociedad, guerra y periodistas: la información en tiempos de fusiles’ representa un ejercicio a favor de la visibilización de la violencia en el periodismo y la reparación a la verdad a la que tienen derecho todas las víctimas, ya que muchos de los crímenes en el país están a punto de prescribir.

 

Samny Sarabia

@SarabiaSamny

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