Historia

El voto femenino en Colombia: historia y contexto social

Huellas del primer voto femenino durante el plebiscito de 1957 / Foto: créditos a su autor

El voto femenino tiene en el 1 de diciembre su fecha de aniversario ya que ese derecho reconocido a través del Acto Legislativo No. 03 de 1954 fue ejercido por primera vez el 1º de diciembre de 1957, día en el que, en Colombia, se depositaron 4.397.090 votos de los que 1.835.255 correspondieron a mujeres y 2.561.835 a hombres.

Éste fue un capítulo histórico en la lucha por la igualdad y la equidad de género, el cual se hizo realidad tras el plebiscito de 1957, que permitió la instauración del Frente Nacional como una salida de excepción a la violencia política.

Fue un camino largo en el que obraron destacadas organizaciones feministas de todo el mundo. En ese momento, las mujeres empezaban a cuestionar sus roles en la sociedad como hijas, esposas y madres, y exponían la necesidad de acceder a la educación, al trabajo, y al voto. Colombia fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a la mujer el derecho al voto, pero uno de los últimos en América Latina en ponerlo en marcha.

En este proceso vale la pena recordar la labor de una mujer comprometida con la causa como fue Ofelia Uribe de Acosta, quien en diciembre de 1930 presentó al entonces presidente Olaya Herrera la ley sobre Régimen de Capitulaciones Matrimoniales, lo que permitiría a la mujer disponer, ella misma, de sus propios bienes y no depender de su marido, hermano o padre. Las mujeres de la época crearon revistas como “Nuestras Mujeres” y “Verdad”, esta última dirigida por Ofelia Uribe de Acosta fue censurada siete meses después de su creación. Éste fue un momento difícil para las mujeres que querían ejercer sus derechos. Se intensificó la persecución contra las mujeres defensoras del sufragio y los derechos ciudadanos, y muchas de ellas fueron despedidas de sus trabajos”.

Ante estas dificultades, las mujeres tuvieron que ganarse el derecho al voto utilizando estrategias que iban desde conversaciones y acuerdos con candidatos, cartas, manifiestos, hasta crear periódicos y programas de radio para difundir sus ideas y crear polémica como columnistas en algunos diarios del país. En aquella época las mujeres tampoco podían ocupar cargos públicos por no poseer cédula de ciudadanía, el primer paso importante era el de tener este documento para ser ciudadanas.

El 4 de marzo de 1955 por medio del decreto número 0502, se extendió a todos los colombianos el documento de identidad. En el Artículo 1 se señala: “Extiéndase a todos los colombianos mayores de 21 años la cedulación adoptada por el decreto número 051 del 13 de enero de 1954". Entonces el 25 de mayo de 1956 se expidió la primera cédula de ciudadanía para las mujeres bajo el número 20.000.001, la cual se le asignó a doña Carola Correa, esposa del General Gustavo Rojas Pinilla. 

Al final, las mujeres conquistaron el voto femenino, que fue el primer paso al reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres y de su rol en la vida nacional, lo cual se constituye en un hito primordial para que su voz, sus opiniones, sus ideas, su talento, fueran tenidos en cuenta y así se pudo garantizar su participación en la vida pública. Sin embargo, el camino continúa, porque después de 60 años, los avances para la plena ciudadanía de las mujeres, aunque significativos, son lentos e insuficientes. Se necesitan más mujeres en la política y es indispensable acelerar el ritmo hacia la democracia paritaria y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Actualmente, las mujeres colombianas están sub-representadas en las instancias de decisión política: A pesar del aumento significativo, la participación de las mujeres sigue siendo inferior al 30%, cifra lejana a la meta de la paridad (Colombia 50-50), y contrasta con el promedio de las Américas en el que la participación de las mujeres en los parlamentos es del 28,1%. A nivel normativo se mantienen las barreras para acelerar la participación de las mujeres en Colombia, a pesar de que los principios de Paridad, Alternancia y Universalidad -PAU- fueron incorporados en el año 2015 a la Constitución. Estos no han sido reglamentados y deben ser incorporados en toda la agenda de reformas políticas, electorales e institucionales del país. La reforma política en discusión actualmente no incluye ninguno de los elementos de PAU que permitirían consolidar una democracia paritaria.

La región está avanzando en la cuota a la paridad. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( Parlatino) ha adoptado una Norma marco para consolidar la Democracia Paritaria, en 2015, en una votación por consenso. Actualmente, seis países han adoptado normas de paridad en la región: Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México y Argentina. A nivel mundial, lo han hecho otros tres: Francia, Túnez y Senegal.

La lucha de las mujeres permitió la igualdad de derechos en la obtención del voto y la cédula de ciudadanía como aspectos fundamentales para la equidad de género. Pero, ¿qué sigue? Se hace indispensable que los partidos y movimientos políticos no asuman la participación de las mujeres como un asunto para que se quede en el discurso y se comprometan efectivamente a reconocer y promover el talento y liderazgo que aporta su participación para la democracia y el desarrollo incrementando el número de mujeres candidatas, condiciones de financiación de sus campañas, y las condiciones organizativas, programáticas y electorales para su participación. Las colectividades, el Estado y la sociedad en su conjunto deben comprometerse también con erradicar la violencia contra mujeres en la política y garantizar su seguridad.

En términos de avances recientes, debe destacarse que, en el Acuerdo Final para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se estableció: “El fortalecimiento de la participación política y ciudadana de las mujeres en pie de igualdad incluye adoptar medidas que contribuyen a garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de todas las instancias a que se refiere este acuerdo”. Asimismo, en los espacios formales de participación en el proceso de negociación, 40% de participantes de los foros y 60% de las delegaciones de víctimas fueron mujeres, y se incluyeron 100 provisiones de género en el acuerdo final. A la fecha, en términos de implementación se destaca un 53% de Magistradas en los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la Comisión de la Verdad el 45% son mujeres. Sin embargo, en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación), solo hay una mujer. En el CNR (Consejo Nacional para la Reincorporación), no se encuentra ninguna mujer; y la CNGS (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad), sólo cuenta con una mujer.

Además de las acciones específicas en el ámbito político, medidas generales para cerrar brechas de género y garantizar el empoderamiento de las mujeres son indispensables para construir una democracia paritaria: cerrar las brechas de participación en el mercado laboral y promover condiciones integrales de empoderamiento económico; reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado; prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres; romper con los estereotipos de género y avanzar en elementos de transformación cultural, entre otros.

Considerando los 60 años del voto de las mujeres, ONU-Mujeres Colombia invita a que la ciudadanía participe en una Acción Simbólica para redes sociales con la campaña “Votos que suman por la igualdad”, emulando la forma en como mujeres colombianas votaron por primera vez hace 60 años, pintando el dedo índice de rojo, y compartiendo un mensaje sobre los aspectos en los que su voto cuenta por la igualdad de las mujeres colombianas.

Beatriz Ramirez David