Medio ambiente

Un grito de auxilio permanente para la Sierra Nevada de Santa Marta

 

Hay luchas que no pueden detenerse y alarmas que no deben dejar de sentirse. En la Casa Indígena de Valledupar (Colombia), lugar de encuentro y diálogo destacado de las poblaciones indígenas en el departamento del Cesar, todas las miradas se giran hacia la Sierra Nevada de Santa Marta: un templo natural y sagrado, de vital importancia para la región, que corre un gran peligro.

En los medios de comunicación, hace semanas que la Minga nacional (o protesta) indígena —que inició a principios de noviembre del 2017 y se mantuvo en las calles durante más de un mes— ha dejado de ser noticia. Otras prioridades, otros asuntos de estado, han pasado por delante y relegado esa gran manifestación a una zona desconocida e incómoda. Y sin embargo, la movilización sigue viva.

“Nosotros no nos hemos retirado, nuestra movilización sigue en pie”, explica Leonor Zalabata, miembro de la directiva de la Confederación Indígena Tayrona, y representante del pueblo arhuaco en los diálogos con el Estado. En su voz se entrelazan distintas sonoridades: la firmeza de quien se encuentra en una situación de tamaña importancia y la sensibilidad de quien sabe lo que representa esta lucha a nivel cultural y social.     

Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (arhuacos, kankuamos, kogis y wiwas) se sumaron al movimiento nacional indígena que surgió en protesta por la serie de asesinatos que ha afectado diferentes poblaciones indígenas del territorio nacional a lo largo de los años 2016-2017 —entre los que también se cuenta la masacre de Tumaco—. Sin embargo, lo hicieron desde una óptica de movilización pacífica, incluyendo en sus reclamaciones un tema de vida o muerte: la conservación de su hábitat. 

Entre las amenazas que acechan este territorio sagrado, la minería ocupa un espacio predominante. Con cerca de 160 minas abiertas en la Sierra Nevada y 1320 solicitudes de explotación registradas, las comunidades indígenas ponen en tela de juicio la forma en que el Estado colombiano entrega los permisos y su verdadera voluntad de proteger estas zonas naturales. 

“Las figuras jurídicas que Colombia tiene para proteger el medio ambiente no son sólidas. Existe la ley de fronteras que en cuestiones jurídicas impide hacer una represa, pero nada cuesta ir a Bogotá, y si los políticos o padres de la patria hacen los cambios, pueden hacerla sin mayores problemas”, explica Leonor Zalabata.

A esto se añade el hecho que las divisiones territoriales que se han creado dentro de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas son arbitrarias, diseñadas desde un escritorio. Muchos lugares que son fundamentales para la conservación de la tierra y las culturas de los pueblos indígenas han quedado fuera de sus resguardos, alimentando así un diálogo de sordos (o ciegos) que facilita la entrega masiva de licencias mineras y la implementación de planes contrarios a los acordados.

El entendimiento de la Línea negra ancestral indígena es clave en este asunto si se quiere llegar a un acercamiento sostenible. Este concepto filosófico —que rige el pensamiento propio de los pueblos originales de la Sierra Nevada y que establece un mundo en el que existían espíritus antes de que apareciera la luz— es de vital importancia para las culturas milenarias. El Estado colombiano lo ha reconocido hace poco tiempo, y todavía demuestra dificultades en asimilarlo en sus políticas. 

“A partir de los años 70 y antes de los 90, ya se comienza a plantear lo de la Línea negra en Colombia —explica Leonor Zalabata—. Hubo una resolución donde el gobierno reconoce los límites del ámbito tradicional de los pueblos de la Sierra Nevada. Luego se modifica en 1995 con el fin de aclarar los límites de la Línea Negra. El problema hoy es que hay mucho reconocimiento de derechos pero no hay aplicación, ni desarrollo legal de los derechos constitucionales, y estamos todavía más de dos décadas después, en artículos transitorios. ¡Hay necesidad de implementar los derechos indígenas en Colombia!”.

Las fricciones entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no son nuevas. A finales de los años 80, durante los años 90 y a principios de los años 2000, las etnias nativas han sufrido la persecución de distintos grupos militares (incluido el ejército nacional) debido a sus costumbres y su situación geográfica. Los desencuentros más recientes revelan diferencias enormes en cuanto a convivencia y visión. Mientras una gran parte de la sociedad colombiana concibe el desarrollo económico del país como una prioridad, los pueblos originarios consideran la defensa de su hábitat natural como algo elemental para la conservación de su cultura y tradiciones. “La Cultura nacional colombiana no es una cultura para conservación de la tierra o de la naturaleza —argumenta Leonor Zalabata—. Por eso hay choques entre visiones”.

La movilización pacífica permanente en la que ha entrado el pueblo arhuaco es la continuación natural de la Minga. En medio de unos diálogos ambiguos con el Estado, Leonor Zalabata describe la movilización de su pueblo como un gesto coherente y digno frente a un sistema que se contradice, se enreda, y termina olvidando las resoluciones y derechos que deben aplicarse.    

“Pienso que no existe una mala fe de los funcionarios estatales, aquí lo que existe es un sistema arcaico”, argumenta Leonor y más adelante añade: “Hasta el 91 fuimos considerados salvajes y semi-salvajes. Sólo a partir de 1991 se nos considera como culturas distintas o pueblos diferentes”.  Según ella, la solución pasa por reemplazar este sistema político, jurídico y administrativo obsoleto por otro donde tenga cabida la diversidad cultural.

De la Minga a la Movilización pacífica permanente

No es la primera vez que el pueblo arhuaco se moviliza, enfatiza Leonor Zalabata. Ya en los años ochenta, cuando los arhuacos trataron de frenar la influencia de los religiosos capuchinos, y más recientemente en 2008, se dieron Mingas masivas en donde los pueblos de la Sierra Nevada expresaron su desacuerdo en cuanto a políticas económicas, ambientales y sociales. Lo que permitió que la protesta de noviembre del 2017 ganara en visibilidad fue el número de personas. “La movilización es más fuerte porque ahora somos cincuenta mil, antes éramos ocho mil”, aclara la líder.

Más allá de las cifras, esta última Minga incluye una gran novedad: la denuncia de la Minería como amenaza principal. La líder arhuaca subraya la urgencia de la protesta: no solamente corre peligro el territorio de los indígenas sino también un vasto patrimonio natural que tiene repercusión en la vida de una inmensa población colombiana y la biodiversidad de medio continente.

“La Agencia Nacional de Licencias Ambientales es quien ha permitido muchas de las acciones mineras que están en trámite —manifiesta Leonor Zalabata—. Se han ido destruyendo muchos cerros con canteras alrededor de la Sierra Nevada. Esto nos conduce a tener las razones suficientes para mantener una movilización pacífica. Nosotros no nos hemos retirado, nuestra movilización sigue.”

En esta nueva fase, los diálogos abiertos con el Estado no pueden tacharse de negociación. “El territorio, por ser la Madre de todo, es un elemento innegociable”, insiste Leonor Zalabata antes de reconocer que los encuentros realizados hasta la fecha han sido improductivos. Para ella, es hora de que el presidente de la República se incorpore en los diálogos y que se evite ese baile incesante de funcionarios de mando medio sin real poder de decisión. 

La solución ofrecida por el Ministerio de ambiente a finales del noviembre de 2017 no parece ser una solución. Las 582.000 hectáreas ofrecidas para la conservación natural abarcan una buena parte de los resguardos indígenas (zonas ya protegidas por estas poblaciones). “Si las hectáreas propuestas estuvieran en el pie de montaña [que corre más riesgo por la explotación minera], valdría la pena aceptarlas —explica la líder indígena, y a continuación aclara—: Pero en este momento interesa sobre todo que la minería sea completamente vetada en la Sierra Nevada. El viceministro ha tratado de confundir las decisiones del pueblo arhuaco ofreciendo estas 582.000 hectáreas. Y no estamos negociando”.

Ante este panorama alarmante, la líder indígena confía en la comprensión de su entorno y en el mensaje que existe detrás de esta lucha pacífica. El apoyo de muchos ciudadanos ha sido un aliento y un motivo para ser escuchados por el gobierno, sin embargo, Leonor subraya que la conservación de la Sierra Nevada no depende de la solidaridad de quienes viven en la región sino de la identificación de estos habitantes con uno de los elementos naturales más influyentes en sus vidas. Para ello es fundamental crear mediante cátedras una Cultura donde eclosione un amor genuino por la Naturaleza y el reconocimiento de aquellos pueblos que siempre la han valorado. 

“En la medida que la sociedad mayoritaria dignifique los pueblos indígenas, en ese mismo día, en ese mismo momento, se está dignificando a ella misma también. Y creo que se trata de eso: que desde un territorio como la Sierra Nevada, la Humanidad se dignifique”, concluye Leonor.

 

Johari Gautier Carmona

@JohariGautier