Jueves, 23 de mar de 2017
Valledupar, Colombia.

 

Los años siguen pasando, proponen por enésima vez una supuesta “reforma política” y en Colombia todavía no se le está dando un entero cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta del 91. En  nuestro sistema educacional aún no se ha tomado con seriedad el papel que juega la norma de normas dentro de los procesos educativos de las nuevas generaciones. El estudio de la Constitución, la instrucción cívica y el fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana aquí son un saludo a la bandera.

Dentro de la enmienda política propuesta por el Ministerio del Interior, la cual, a mi juicio, tiene ciertos puntos que no están para nada alineados con el cúmulo de necesidades insatisfechas dentro del Estado colombiano – como la eliminación de la vicepresidencia y la ampliación de los periodos constitucionales del presidente, alcaldes, gobernadores y jefes de órganos de control –, está la proposición de aminorar la edad legal para ejercer el derecho al voto, de 18 años reducirla a 16.

Dice el ministro Cristo Bustos que ésta “es una decisión que puede ampliar la participación y legitimar la democracia colombiana”, mi pregunta es: ¿Se puede legitimar y fortificar una democracia cuando no se le está proveyendo una educación política y cívica a las juventudes? Está claro que el censo electoral aumentaría, y posiblemente los índices de abstención también, pero, ¿Habría una calidad manifiesta en el ejercicio de este derecho fundamental por parte de esta población?

Al tratar este tema, sería un error imperdonable entrar a generalizar, debido a que no en todas las instituciones educativas echan por la borda los ejes temáticos anteriormente mencionados, y además, es ostensible que hay jóvenes de 16 años, incluso de menor edad, que poseen una madurez política y social que les permite tener una visión clara de diversos panoramas de nuestra sociedad, ¿Pero qué hay de los que no? Es por eso que he venido haciendo hincapié desde esta columna en la importancia que tiene la impartición de cátedras de Derecho Constitucional o de Constitución Política en los planteles educativos de Colombia, ese sería un sólido paso para la siembra de una cultura política cimentada en principios, ética y valores.

Soy un joven de 20 años, me gradué del bachillerato a los 16 y pocas veces recibí una catedra en donde se abordara en el estudio de estas áreas, es por eso que por experiencia propia puedo decir que cuando no se tiene este tipo de formación, que tiene rango constitucional, se vuelve algo complejo dimensionar qué tanta influencia tiene un acto sociopolítico de esta categoría dentro de un Estado Social de Derecho.

Para que las generaciones venideras puedan dar el salto a la arena democrática con integralidad, se debe empezar por promover las políticas públicas necesarias para impulsar el estudio de la estructura dogmática y orgánica de la Constitución Política, y de los aspectos elementales de mecanismos constitucionales como la tutela, el derecho de petición y las acciones populares, de grupo y de cumplimiento.

No estoy de acuerdo con lo planteado por el Ministerio del Interior. Esto sería como tratar de enseñarle a un recién nacido, que ni siquiera ha gateado, a correr y saltar, los conductos regulares hay que respetarlos, es momento de enmendar las negligencias e inoperancias estatales que nos han conducido hasta este punto, porque lo cierto es que no se debería: Votar a los 16 sin conocer la constitución.

 

Camilo Pinto Morón

@camilopintom

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