Opinión

Entre la traición y el olvido: el caso de los mercenarios colombianos en Haití

18 exmilitares colombianos y 2 ciudadanos estadounidenses de origen haitiano fueron capturados tras la muerte del presidente haitiano en 2021 / Foto: créditos a su autor

El 7 de julio del 2021 los medios de comunicación de todo el mundo cubrían la noticia que rodeaba el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise: el político de 53 años de edad fue acribillado de varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte de forma inmediata. En el mismo siniestro, también resultó gravemente herida su esposa la primera dama Marine Moise.

En ese estado de confusión, y por la magnitud de la tragedia, los cuerpos de seguridad de la nación caribeña reaccionaron dando captura a 20 personas, entre ellos 18 exmilitares colombianos y 2 ciudadanos estadounidenses de origen haitiano, a los cuales sindicaron de pertenecer a una organización mercenaria, contratados para efectuar el crimen.

Las imágenes mostraban la tragedia tanto para la nación haitiana, como para las familias de los 18 colombianos capturados por el crimen de Jovenel Moise. Sus rostros ensangrentados reflejaban la tortura a la que fueron y son sometidos por las autoridades y población civil de ese país, los 18 colombianos detenidos.

Esposados unos a otros, en espera de ser escuchados en un juicio justo y las pocas cartas allegadas a sus familiares que sean hechos públicas, se manifiesta el clamor al gobierno pasado como al actual gobierno de  Gustavo Petro, para que a través de la cancillería se delegue una misión diplomática y les realicen el acompañamiento en especial jurídico y se les permita contratar un abogado, derecho que todo extranjero recibe por parte de su país cuando se pasa por una situación de esa naturaleza.

La presunción de inocencia consagrada en nuestra constitución nacional en armonía con las leyes de la republica tal como lo manifiesta el artículo 7 del código de procedimiento penal colombiano “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”. Esa actuación constitucional con apego al articulo 93 de nuestra carta magna, no fue demandada por el pasado gobierno colombiano en cumplimiento, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, adoptada por la declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas, esperando que el actual gobierno proteja y defienda la integridad física y psicológica de nuestros connacionales independientemente de que se le juzgue.

De acuerdo a las versiones rendidas por los exmilitares colombianos detenidos en una cárcel de Puerto Príncipe (Haití), ellos no asesinaron al presidente haitiano. Cuando ellos llegaron al lugar de los hechos o residencia del mandatario, este yacía sin vida en su habitación, al igual argumentan que fueron contratados por la empresa CTU SECURITY con sede en Miami y dirigida por el venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera, quien les había ofrecido salarios por 3000 mil dólares estadounidenses mensuales, por prestar sus servicios de seguridad.

Me parece apresurado y violatorio de todo principio de derecho, que el presidente Gustavo Petro de Colombia, mediante un trino el pasado 21 de septiembre del 2022, pidiera perdón al pueblo haitiano por el asesinato de su presidente a mano de mercenarios colombianos, este acto de perdón publico por parte de nuestro mandatario seria de igual proporción pedir perdón al pueblo paraguayo por el asesinato de Cecilia Cuba hija de un expresidente de ese país y que sindican a Rodrigo Granda exguerrillero de la extinta FARC por asesorar a militantes del partido patria libre en el secuestro y posterior asesinato de la hija del expresidente paraguayo.

Los hechos que rodearon este magnicidio han llevado a una serie de detenciones, que en vez de respuestas nos generan muchas más dudas, acerca de las implicaciones del circulo cercano del asesinado presidente y queda el espacio para dudar si en verdad fueron los mercenarios colombianos que asesinaron a Jovenel Moise, o solo sirvieron como chivos expiatorios para desviar las razones intelectuales y materiales del crimen y a la vez desviar el curso de las investigaciones.

Como un grupo de casi 20 oficiales, suboficiales y soldados profesionales colombianos, con más de 20 años de experiencia en guerra, pudieron ser capturados en diversos puntos de Puerto Príncipe, hasta en ropa interior, por los pobladores locales y entregados a la policía haitiana. ¿No tenían un plan B en caso de ser fallido el intento del crimen?

Si la polémica generada por la liberación de los jóvenes de la Primera línea que participaron en las protestas del 2021, mediante decreto presidencial y nombrarlos Gestores de paz como muestra de constituirnos en potencia de la vida, sería de gran interés para la sociedad colombiana, el acompañamiento jurídico de ese grupo de desterrados colombianos que sufren la tortura en el país más pobre del hemisferio occidental.

Los derechos humanos son la garantía de la vida, los cuales no gozan de inclinación política ni ideológica en el sano disfrute de los mismos, por lo que insto al gobierno nacional, diseñar una política nacional e internacional que llame a defender y proteger los derechos de los colombianos en situación de vulnerabilidad dentro y fuera de nuestro país.

Nerio Luis Mejía