Educación

La universidad pública en el Cesar: ¿en peligro?

El fondo educativo FEDECESAR fue instituido en el año 2008 mediante Ordenanza 005 de la Asamblea Departamental, su finalidad original fue facilitar el acceso a la universidad pública y disminuir los índices de deserción estudiantil; y así funcionó durante cuatro años hasta que un decreto cambió su naturaleza jurídica como sistema de becas en créditos educativos.

Esta problemática viene siendo afrontada por la Mesa Amplia Estudiantil del Cesar (MAEC), una organización que desde hace dos años funciona en el departamento liderando la defensa de los derechos educativos, por lo que sus integrantes se dieron cita el pasado martes en la Escuela de Bellas Artes, donde a través de un conversatorio se rindió informe a los asistentes acerca de la nueva situación y se plantearon varias alternativas para su solución.

El Decreto en cuestión es el 1302 de 2012, el cual en concepto de los estudiantes carece de varios requisitos para su validez, como lo son la publicidad y el respeto a la norma superior.

Álvaro Julio Beltrán, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar, expresó en este sentido que el acto administrativo es ilegal, pues aunque fue firmado desde junio del año pasado, aún no se publica en la gaceta oficial del Departamento: “la notificación ha sido totalmente irregular, pues lo enviaron vía email a la universidad para que le dieran aplicación; además, lo hicieron durante la época de vacaciones, para que los estudiantes no pudieran reaccionar y presentar la nueva situación como un hecho consumado”, añadió.

El resultado de esta medida es que un semestre que hace seis meses costaba a un estudiante de escasos recursos menos de doscientos mil pesos, ahora está llegando a la cifra de setecientos ochenta y ocho mil. Ante la sorpresa, la MAEC solicitó una reunión con el Secretario de Educación Departamental que se efectuó el pasado 31 de enero, sin embargo el funcionario no pudo dar respuesta satisfactoria a ninguna de sus demandas, aunque planteó la posibilidad de expedir un nuevo Decreto subsanando los defectos del anterior, pero lo que exigen los estudiantes es su derogación.

Sergio Muñoz Niño, miembro del comité operativo de la MAEC, durante su intervención dejó claro que los espacios de diálogo se han agotado con el Secretario de Educación: “ahora debemos entablar un diálogo directo con el Gobernador Monsalvo, para lo cual el Rector Jesualdo Martínez ha ofrecido sus buenos oficios”.

Del debate y el análisis hecho por los estudiantes, se han decantado varias posibilidades para la defensa de sus derechos en caso de fallar el diálogo; una de ellas es presentar acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Cesar para que declare la ilegalidad del Decreto.

El reconocido abogado Evelio Daza, también expresó su criterio ante los asistentes al conversatorio, explicando que el Gobernador no otorga el derecho a la beca: “sólo puede a través de la reglamentación facilitar su materialización, así que este Decreto puede significar una extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Finalmente, es necesario reconocer en este punto que la beca no es un derroche, es un estímulo para que el estudiante mejore su rendimiento académico, aplicado además por las mejores universidades públicas de Colombia y el mundo. La universidad es uno de los principales motores del progreso nacional, su mayor amenaza es la deserción estudiantil y una medida que traslada a las familias una carga económica como ésta, sólo puede devenir en un mayor atraso para la sociedad; sin duda es momento de corregir los errores y poner el derecho a la educación... A Salvo.

José Luis Ropero de La Hoz