Historia

Los ciclos de la violencia en el departamento del Cesar

“Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”.

Mahatma Gandhi.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho una labor incansable para construir la memoria de las víctimas en el conflicto armado. Fue creado por la Ley 1448 de 2001, la cual establece atención, asistencia y reparación integral a las Victimas y la Restitución de Tierras[1]. Para el 2018, se pretende crear el Museo Nacional de Memoria, en donde se entrará a exponer las huellas de la crueldad del conflicto armado colombiano.

Ahora bien, el texto: “La maldita tierra: guerrilla, paramilitares, minería y conflicto armado en el departamento de Cesar”; publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y redactado por los periodistas César Molinares Dueñas y Nathan Jaccard con el propósito de contribuir a la construcción de la verdad de las víctimas en el Cesar, esclarece la realidad de la violencia en ese territorio. A través de entrevistas, expedientes, versiones libres y sentencias del sistema de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, en especial del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de otros miembros desmovilizados del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC.

El texto se compone de 5 capítulos y cada uno puede resumirse de manera muy sencilla: el primer capítulo se centra en relatar el boom de la minería en los años 90 del siglo XX en el centro del departamento de Cesar; “en una zona conocida como el corredor minero que agrupa los municipios de la Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, San Diego, el Paso y Chiriguana. De igual forma, la inconformidad social y la llegada y proliferación de guerrillas como el EPL, el M-19, las FARC, y en especial, el papel que tuvo el ELN en la radicalización de la conflictividad a través de paros, secuestros y extorsiones en la región” (p.12). También, la forma en la que el Estado empezó a prestar seguridad a las compañías mineras y en la que estas y las Fuerzas Militares se involucraron en el conflicto.

El segundo capítulo reconstruye la llegada del paramilitarismo en alianza con algunos miembros de las Fuerzas Militares y con ciertos sectores sociales. Algunas personas pensaban que esa alianza obedecía al azote de los secuestros y extorsiones que hacían las guerrillas. “Esta llegada estuvo marcada por estrategias de guerra sucia y el terror: secuestro de familiares de guerrilleros, masacres y el desplazamiento de poblaciones inermes que acusaban de ser afines a la subversión” (p.15).

El tercer capítulo abarca los antecedentes de la violencia y las diferentes crisis que ha afrontado la economía y la política del Cesar, marcada por varios factores. Primero el auge y declive de la producción algodonera de los años 60 y 70, luego la irrupción de las guerrillas desde la frontera del sur del Cesar, Bolívar y los Santanderes, así como las tomas de tierras en el centro y sur del departamento por parte de población campesina y, la marcha obrera y campesina del Nororiente de 1987. Además, en ese mismo capítulo, se documenta cómo las guerrillas a la par que adelantaban negociaciones políticas, usaron e infiltraron a los movimientos sociales de campesinos y trabajadores, los cuales terminaron convirtiéndose en blanco del conflicto.

Todas estas oleadas de violencia tienen conexiones con la fallida apertura democrática que intentó el proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur con las FARC en 1985, la desmovilización de varias guerrillas que dio pie a la Carta Política de 1991 y la apertura económica. Por último, con la arremetida paramilitar que coincidió con otro intento frustrado de negociar la paz con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

El cuarto capítulo narra el despojo de tierras que se agudizó con el dominio paramilitar y cómo, “pescando en ese rio revuelto de violencia, avivatos y empresa, entre quienes se encontraban cómplices y financiadores de los paramilitares, terminaron por aprovecharse de campesinos que huían despavoridos de sus parcelas y se apoderaron de un buen número de tierras en las que hoy hay hatos ganaderos, cultivos de palma y grandes excavaciones mineras” (p.16).

Por último, el quinto capítulo consiste en señalar lo que dejó el conflicto con el despojo de tierras, corrupción, falta de democracia y saqueo de una región que ha recibido multimillonarias regalías producto de la explotación minera. “Es un retrato de la manera en la que operó el “sistema” de captura de rentas en el Cesar por parte de paramilitares en complicidad con políticos y empresarios, que muestra la dimensión del daño causado no solo a las comunidades que padecieron la violencia, sino también al sistema político y social” (p.16).

Al describir los 5 capítulos de manera sintetizada la violencia en el Cesar, resaltan los ciclos como momentos de aparente calma solapados de violencia agudizada vertiginosamente, originada en los cambios económicos, como los casos de las bonanzas: cafetera, contrabandista, ganadera, algodonera, marimbera, palma-aceitera y la bonanza carbonífera (esta última, responsable de un porcentaje muy alto con relación a las otras de los mayores recrudecimientos de la violencia en el Cesar).

El paramilitarismo al igual que muchos de los males, es una consecuencia que se convierte en causa.  Siendo este un grupo que apareció para contrarrestar a los grupos guerrilleros, se convirtió en un causante del desplazamiento y de masacre tal como la máxima: fue peor la cura que la enfermedad. Los investigadores concluyen que, hasta el momento, han sido pocas las personas judicializadas por los crímenes y atrocidades cometidas, bien es cierto que si la violencia es un monstruo hambriento que arrasa con todo a su paso, es la impunidad quien lo alimenta.

A manera de conclusión, se puede establecer que el auge del oro negro causó el recrudecimiento de la violencia en el Cesar. El paramilitarismo aparece como fuerza contrainsurgente aliada con las Fuerzas Militares para combatir las guerrillas y proteger la propiedad privada de los empresarios industriales, terratenientes adherido a la clase política del Cesar y nacional. Éste sería el inicio del peor ciclo de violencia que viviría el Cesar, que durante los últimos 30 años ha dejado “72.000 víctimas, entre ellas 6.000 personas asesinadas, 66.000 desplazados, 1200 desaparecidos y 2.524 secuestrados, además de huérfanos, viudas, campesinos que abandonaron y mal vendieron miles de hectáreas y una democracia golpeada” (p.11).

Efectivamente, ya basta de ojo por ojo porque si no todos quedaremos ciegos.

 

Jhon J. Flórez Jiménez

Abogado y Magìster (C) en Ciencias Políticas

 

Bibliografía:

“La maldita tierra: guerrilla, paramilitares, minería y conflicto armado en el departamento de Cesar”. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016. Pp. 7-148.