Historia

Colombia y Panamá, la historia de una separación dolorosa

 

Después de su independencia de España, Panamá se anexó a la entonces llamada por los historiadores “Gran Colombia” en 1821; una vez disuelto aquel vasto experimento de unidad latinoamericana con la desmembración Ecuador y Venezuela, Panamá siguió unida al destino de Colombia. Pero la unión nunca fue estable y el istmo, como entonces se le llamaba, jamás se unió de manera cabal a Colombia, prueba de ellos fueron los intentos de separación y breves secesiones a lo largo del siglo XIX: en 1830, 1831, 1840 y 1861, año en el que cobra vida la Confederación Granadina conformada por nueve Estados Soberanos, entre ellos el de Panamá.

El lazo entre Panamá y Colombia fue siempre frágil; conscientes de esa situación, las autoridades colombianas intentaron crear los mecanismos jurídicos que garantizaran su permanencia en la República. Uno de esos intentos fue la firma en 1846 del Tratado Mallarino-Bidlack, que creaba las condiciones para la construcción de un ferrocarril que uniría el Océano Atlántico con el Pacífico, permitía el libre tránsito de los ciudadanos norteamericanos por el istmo, así como la defensa de la soberanía colombiana en ese territorio. Una vez construido el ferrocarril de Panamá (1850-1855) se confirmó la importancia estratégica de Panamá para las grandes potencias de la época, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, y se hizo mucho más viable la construcción de un canal que comunicara el Atlántico con el Pacífico, proyecto indispensable para el afianzamiento geoestratégico de las potencias señaladas.

A partir de 1850, la tensión por el control del istmo, así como los planes consecutivos por construir un canal en Centroamérica, fueron un punto sustantivo en las relaciones internacionales de Colombia, fundamentalmente con los Estados Unidos. Inglaterra ya había explorado la viabilidad de construir un paso a la altura de Nicaragua y de Costa Rica para mantener su poderío en la región y asegurar el dominio sobre Estados Unidos. La construcción de un canal interoceánico aseguraba a las potencias un lugar protagónico en el mundo, a los colombianos se les presentaba como la oportunidad para mejorar las finanzas y a los panameños como la única posibilidad de salir de la postración económica y social en la que se hallaban.

Así pues, el control de Panamá no sólo era un problema de política interna del Estado colombiano; era, sobre todo, la confluencia de las tensiones de dominio entre una potencia en declive como Inglaterra, y otra emergente como Estados Unidos, que reclamaba para sí una especie de derecho de dominio sobre todo el continente americano. A fin de suavizar las relaciones entre las potencias, así como asegurar el equilibrio de poderes en la región, norteamericanos e ingleses firmaron en 1850 el Tratado Clayton-Bulwer, en el que pactaban no controlar en exclusiva el canal que cualquiera de ellos construyese en la región, ya fuera en Nicaragua, Costa Rica o Panamá.

En síntesis, pese a la importancia internacional de Panamá, la región estaba postrada por las guerras civiles que desangraban a Colombia, aunque éstas no tuvieran su centro de operaciones en el istmo. Para los panameños la casi única posibilidad que tenían de mejorar sus condiciones estaba subordinada a la construcción del canal, que era, a finales del siglo XIX, un proyecto colosal que Colombia no estaba en condiciones de hacer, dado que requería grandes dosis de capital extranjero.

En 1880, los franceses, encabezados por Ferdinand de Lesseps (1805-1894), iniciaron la construcción de un canal que excavaría las 20 leguas que separaban los océanos Atlántico y Pacífico en el punto del istmo, pero las negociaciones habían empezado en 1878 con Lucien Napoleón Bonaparte Wyse (1845-1909), quien finalmente obtuvo la concesión del Gobierno de los Estados Unidos de Colombia para la perforación del canal. Ferdinand de Lesseps, confiado en que su experiencia como constructor del Canal de Suez era una carta segura para el éxito de la empresa canalera y para la obtención de los empréstitos necesarios para su ejecución, compró a Bonaparte Wyse la concesión. Lesseps ignoró las condiciones geográficas en las que habría de llevarse a cabo la obra, esto es, la humedad del terreno, las lluvias torrenciales que paraban las actividades y las enfermedades tropicales que mataban a trabajadores e ingenieros. Así pues, cinco años después de iniciados los trabajos, la empresa de Lesseps agobiada por las deudas debió parar las obras y, finalmente, en 1889 se declaró en quiebra.

La intervención norteamericana en pos del canal

El canal quedó en vilo hasta finales de la década de 1898, cuando la lucha de los cubanos por emanciparse de España mostró a los Estados Unidos la necesidad de tener un paso que agilizara el tránsito y permitiera la reunión rápida de sus flotas. La construcción del canal se convirtió en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Entonces resurgió la discusión sobre el punto idóneo para las excavaciones y sobre la cuestión diplomática de la soberanía de los países implicados (Nicaragua, Costa Rica y Colombia).

La ley Spooner firmada por el Congreso de los Estados Unidos en Junio de 1902 autorizaba al gobierno norteamericano a comprar la mayor parte de las acciones de la quebrada empresa de Lesseps y los activos del ferrocarril de Panamá y a negociar con Colombia la continuación de las obras de excavación en el istmo. De no ser posible el último punto, los diplomáticos norteamericanos estaban facultados para acordar con Costa Rica o Nicaragua la construcción del canal en sus territorios. El paso interoceánico era para los norteamericanos un proyecto inaplazable e incuestionable.

La ley Spooner fue el punto de partida para la negociación del Tratado Herrán-Hay que debatieron durante dos años Colombia y Estados Unidos, (1902 y 1903) para establecer los lineamientos de la construcción del canal y los asuntos relativos a la soberanía de Colombia en la zona.

Pero previo a este Tratado, y alertados probablemente por los efectos de la guerra en Panamá y sus consecuencias sobre el funcionamiento del Ferrocarril de Panamá, Estados Unidos e Inglaterra firmaron el 18 de Noviembre de 1901 un acuerdo bilateral que ignoró a Colombia, el Tratado Hay-Pauncefote que derogaba el Tratado Clayton-Bulwer y declaraba la zona del canal como de interés internacional. Con este tratado los ingleses reconocían a la vez su pérdida de influencia en la zona y la hegemonía de los Estados Unidos en ella, además liberaban diplomáticamente a Estados Unidos para construir el canal.

Al ser declarada la zona como de interés internacional, los colombianos perdieron las facultades referidas a los permisos de construcción, y a la intervención militar en la zona, por lo que solamente les quedaba negociar aspectos asociados a la soberanía en las franjas aledañas a la excavación así como al uso y usufructo del canal. Estados Unidos asumió el derecho a intervenir militarmente en la región en caso de guerra en Colombia para asegurar la normalidad de las operaciones del Ferrocarril y del futuro canal, de modo que, en plena Guerra de los Mil Días, los Estados Unidos, facultados por el Hay Pauncefote mandaron tropas a resguardar el área en la que se concentrarían los trabajos.

Esta fue la situación que precedió el Tratado Herrán-Hay entre Colombia y Estados Unidos. En este contexto, el Estado colombiano no tenía mayor capacidad de negociación, y los esfuerzos se encaminaron a impedir que Colombia perdiera totalmente el control del futuro canal. Problemas como la soberanía colombiana, la intervención de las tropas norteamericanas, o el tránsito por las zonas comprometidas en las excavaciones no podían entrar en las discusiones diplomáticas; estos asuntos habían sido pactados entre Inglaterra y Estados Unidos en el Tratado Hay-Pauncefote. Un punto crucial en las discusiones del Tratado Herrán-Hay fue el de la indemnización de 10 millones de dólares y 250 mil dólares anuales (hasta 1917) a cambio de los activos de la empresa de Lesseps y la pérdida de control colombiano sobre las zonas comprometidas en las excavaciones.

La desmembración de Panamá y el rencor de Colombia

En este estado de cosas, el Senado colombiano se opuso a la ratificación del Tratado Herrán-Hay por considerar que lesionaba la soberanía nacional al permitir a los Estados Unidos la posesión de derechos y privilegios por cien años, prorrogables en la franja que comprendía 5 kilómetros a lado del canal; consideraban además que la indemnización era irrisoria toda vez que se esperaban mayores réditos de posteriores negociaciones. Por otra parte, la recién terminada Guerra de los Mil Días había dejado resentimientos tan profundos entre las bancadas políticas que oponerse al Tratado significaba para muchos debilitar al gobierno de turno y menguar el poderío político de los conservadores.

El Tratado fue rechazado el 12 agosto de 1903, lo que unió a la élite panameña alrededor de los cuestionamientos sobre legitimidad del gobierno colombiano en el istmo, al tiempo que pregonaban el derecho a autogobernarse como república independiente de Colombia. A partir de entonces se desataron los eventos que dieron vía libre a la separación del Departamento de Panamá el 3 de Noviembre de 1903 con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, quienes apenas tres días después y, sin esperar siquiera que el gobierno colombiano con sede en Bogotá estuviera enterado de la secesión, reconoció a Panamá su existencia republicana y se comprometió a protegerle de las intenciones colombianas de represión militar del movimiento separatista. Desde el momento mismo de la secesión, Panamá pasó a ser parte negociadora en todos los asuntos referentes al canal.

Las negociaciones entre Estados Unidos y Panamá dieron origen al Tratado Hay-Bunau Varilla, firmado el 18 de Noviembre de 1903, quince días después de desmembración del istmo. Este Tratado retomaban algunos puntos de las negociaciones mantenidas con Colombia, tales como la franja de soberanía norteamericana de 5 kilómetros a ambos lados de las excavaciones, la protección de la zona por parte de los Estados Unidos y la declaratoria de convertirla en área de circulación internacional.

La separación de Panamá fue una afrenta para el Estado Colombiano y la constatación de la inutilidad de las guerras que habían caracterizado el panorama político durante todo el siglo XIX. Pero más que provocar un autoanálisis entre la élite colombiana acerca de su incapacidad para gobernar, desencadenó una posición de desconfianza frente a los Estados Unidos, y una reacción defensiva ante un hecho que se evaluó más como un “robo” descarado, que como el efecto de los malos gobiernos que habían aquejado a Colombia desde su Independencia. Para los colombianos los panameños eran traidores, oportunistas e incapaces de regir los destinos de la nueva república, por lo que consideraban que la segregación coincidía con el deseo de las elites istmeñas de convertir a la nueva república en un protectorado norteamericano.

A pesar de los desacuerdos, el campo diplomático siguió activo. A partir de 1903 se desarrollaron negociaciones para que Colombia reconociera a la República de Panamá, y normalizar las relaciones entre los dos países y entre estos y los Estados Unidos. Era más práctico obtener, al menos, una indemnización que resarciera parcialmente los efectos de la secesión, antes que enfrascarse en una lucha irracional con los Estados Unidos, quien a la postre defendía sus intereses protegiendo a Panamá. Muchos políticos colombianos se opusieron de manera vehemente al reconocimiento diplomático de la nueva República y levantaron sus voces ante las tentativas del Gobierno de negociar condiciones que favorecieran al país en el nuevo panorama político internacional.

Hubo varios intentos fallidos de restablecer los contactos diplomáticos y fortalecer la posición colombiana con respecto a Estados Unidos y Panamá. Entre las iniciativas se destaca el malogrado Tratado Cortés-Root de 1909 con el cual se buscaba regular las relaciones políticas Panamá y Estados Unidos, establecer claramente un área del Pacífico colombiano, en litigio, como soberana de Colombia, así como definir aspectos alusivos al uso del canal. Uno de los puntos sobresalientes de tales negociaciones era el reconocimiento a Panamá de su condición de república, asunto al que se opuso parte de la dirigencia política colombiana, aduciendo que esta acción constituía una traición a la patria y el reconocimiento de un acto ilícito de usurpación a la nación. En efecto, decía Francisco de Paula Mateus (1835-1919), uno de los más enconados opositores al pacto, que:

“En el reconocimiento de la República de Panamá no se guardaron con Colombia las prácticas establecidas por el Derecho Internacional; era necesario proceder sin tardanza a asegurar para sus nuevos dueños la propiedad adquirida, sin que el autor del despojo le costara desembolso alguno, ni sacrificio de ninguna especie, ni otra cosa que el empleo de la fuerza, con violación de las eternas leyes de la justicia”.

Finalmente, el Tratado Urrutia-Thompson de 1914 redefinió las relaciones con Estados Unidos, reconoció la existencia republicana de Panamá y detalló los asuntos concernientes a la reparación moral y a las indemnizaciones que merecía Colombia por los sucesos de la desmembración del istmo, además aclaró litigios territoriales, definió las fronteras, estableció el monto de 25 millones de dólares como indemnización por los daños ocasionados por la secesión y normalizó, medianamente, las relaciones entre los estados implicados.

 

Patricia Cardona Zuluaga

Universidad EAFIT (Colombia)