Historia

Palacio de justicia y Armero: dos responsabilidades históricas

Armero, Tolima / imagen de archivo El Universal

Más de tres décadas después, los protagonistas directos de estos dos acontecimientos trágicos de nuestra historia tienen responsabilidades históricas de la que todavía no ha rendido cuentas ante el país, por la retoma del Palacio de Justicia a sangre y fuego por parte de los militares, tomado a su vez por un comando guerrillero y la respectiva masacre de magistrados, guerrilleros y civiles, todavía desaparecidos, y por la falta de prevención y atención de funcionarios públicos a la eminente erupción del volcán Arenas del Nevado de Ruiz que sepultó a la población de Armero, Tolima, una tragedia que ya estaba anunciada como en la crónica de García Márquez, pero que fue inexplicablemente ignorada por el gobierno local y nacional y que pudo haber evitado la muerte de más de 25 mil personas.

La avalancha de tierra, piedra y lodo ardiente que destruyó a Armero ocurrida días después del holocausto del Palacio de Justicia sepultó también de alguna manera las llamas del Palacio, pero más de treinta años después el dolor y las heridas todavía no cesan ni cicatrizan en la memoria de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de Armero como del Palacio. Nunca antes el olvido había tenido tanta memoria en el escenario de nuestros imaginarios. La creación de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos del Palacio es un poco tarde, pero en realidad, y, de todas maneras, nunca es tarde cuando de saber la verdad y de hacer justicia se trata. Los delitos de lesa humanidad afortunadamente no prescriben. En un país del reino de la impunidad como lo es Colombia, saber la verdad y hacer justicia es una obligación moral y política, aunque paradójicamente a los protagonistas del dolor y la muerte ajena la ley de la justicia nunca llegó. El autoritarismo del poder y la desidia administrativa es increíble en un país que se enorgullece de tener un Estado Social de Derecho, pero que no es más que una oligarquía capaz de ensangrentar al país por conservar su poder.

Las impunidades históricas en Colombia son la mayor vergüenza de nuestra justicia, de un país que ha eliminado a las mentes más lúcidas de su generación en el ámbito de la política, porque se atrevieron a soñar un país e imaginar un mundo distinto. Los líderes muertos de nuestra historia más reciente desde Gaitán, Galán, Pizarro, etc, es la historia de la ignominia de un país que ha hecho de la pasión de matar su símbolo nacional. La “cultura de la muerte,” instaurada en nuestro país desde la conquista, la colonia y la república. La muerte y sus rituales para mantener el orden, las instituciones, el statu quo, etc. La mayor tradición en Colombia no es la tradición de la poesía o la filosofía, es la tradición de la muerte, donde hemos hecho y hacemos la guerra para conseguir la paz.

Las palabras agónicas de ese cese al fuego del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandia, apagada por el estruendo de los cañonazos de los tanques y de los medios de comunicación por órdenes ministeriales y el silencio del presidente que se negó a pasar al teléfono, y la agonía de una niña de trece años, Omaira Sánchez, atrapada entre el agua y el fango y su posterior muerte increíble, cuatro días después, ante la impotencia de los equipos de rescate, son símbolos de dos tragedias nacionales en la que nadie al parecer es responsable y en la que veinte años después sus dolientes siguen haciendo el duelo por sus muertos. La muerte y sus símbolos ha sido una constante en nuestra cultura y trágica historia nacional.

Con respecto a los acontecimientos luctuosos del Palacio de Justicia, todavía no se ha dicho toda la verdad, los gobernantes de turno de ese entonces no han roto su silencio histórico y ya desde hace muchos años han expresado que lo harán después de su muerte a través de sus memorias, lo que hace aumentar la sospecha de que hay muchas cosas que no han sido reveladas y que seguramente no absolverá la historia. Ni la bendición y oración de un Papa, Juan Pablo II, arrodillado frente a la enorme cruz blanca de madera en la tierra volcánica que sepultó un pueblo construido entre cordilleras y ríos, sirvió para que los sobrevivientes enterrarán no sin amargura a sus muertos que como en una predestinación bíblica quedaron bajo el lodo del diluvio volcánico, un pueblo convertido en un cementerio que veinte años después en homenaje a sus muertos, se quedaron esperando las quince toneladas del diluvio de una lluvia de pétalos de flores que caería sobre el campo santo de la fe religiosa, ese imaginario que ha sobrevivido más allá de la muerte. La tragedia histórica de Armero tiene la atmósfera de otra historia propia de nuestro Nobel García Márquez, donde una vez en un pueblo se extendió el rumor de que en ese pueblo iba a ocurrir algo aciago y fue tan alarmante el rumor que un día todo el mundo se fue del pueblo por temor a lo que pudiera pasar, sólo que en Armero las advertencias de una eminente erupción del volcán del Nevado del Ruiz, por un profesor de Ciencias Sociales, Fernando Gallego, fueron consideradas premoniciones que perturban la tranquilidad ciudadana que la gente lo insultaba en la calle y fue amenazado de muerte.

El juicio político que no pudieron hacer en ese entonces contra el presidente será ahora la historia la que lo haga, aunque tiene la desventaja de que, si sus protagonistas no hablan, el juicio de la historia será mucho más severo y no tendrán la oportunidad de réplica, porque para entonces ya serán polvo enamorado, como diría el poeta. La memoria histórica de un país requiere de la revelación de la verdad en tanto que es la única forma de que se encuentre consigo mismo y se mire a sí mismo sin dolor, porque de lo contrario no se podrá vivir ni morir en paz. La verdad completa tal vez nunca se sepa, pero cada sector de la sociedad ha construido por simple deducción o por el método de la especulación, la suya; que el incendio del Palacio fue causado por los militares o los guerrilleros, que la toma pretendía hacer un juicio político al presidente o quemar los expedientes de la extradición, que los civiles desaparecidos fueron ejecutados para no dejar testigos de lo que realmente ocurrió dentro del Palacio cuando entró el ejército con sus tanques o murieron calcinados, que algunos magistrados fueron muertos por el ejército dentro del fragor del enfrentamiento, que hubo financiación de los narcotraficantes para la realización de la toma, etc.

La verdad histórica sobre los hechos del Palacio ha originado muchas versiones porque sus protagonistas directos no han dicho toda la verdad, aunque como ya lo dijo alguien, en la guerra la primera en ser dada de baja es la verdad y una mentira repetida muchas veces termina convertida en una verdad histórica. La verdad de los civiles desaparecidos, del control del poder civil o militar de la toma, del posible golpe del estado, del incendio del Palacio, del juicio político al presidente o la quema de los expedientes de los extraditables, de la participación en la financiación de la toma por la guerrilla de los narcotraficantes etc. La historia oficial no puede ser la historia de los vencedores o los vencidos porque la verdad oficial de los vencedores es tan sospechosa como la verdad oficial de los vencidos, aunque aquí no hubo vencidos ni vencedores, ni ganó la democracia porque no hubo diálogo ni negociación, ni las instituciones porque la Corte Suprema de Justicia fue incendiada con sus magistrados, ni el ejército porque se fracturó la tradición civilista de la sociedad, ni la guerrilla porque vieron morir a sus hombres y mujeres, ni la dignidad de la patria porque está manchada con la sangre de la impunidad de sus muertos.

A pesar de que lo ocurrido en Armero fue un fenómeno de la naturaleza como es la erupción y deshielo del volcán del Nevado del Ruiz, donde sin embargo no se previeron los dispositivos de seguridad y evacuación a tiempo que hubiera disminuido la dimensión de la catástrofe, y en el Palacio de Justicia haberse llevado a cabo una acción político-militar guerrillera que sus exmilitantes han calificado como un error histórico, pero que la posibilidad de diálogo y negociación hubiera evitado el holocausto, las responsabilidades históricas son ineludibles más de treinta años después.

Antonio Acevedo Linares