Historia

Pedraza, doscientos treinta y dos años de ser fundada

 

Pedraza es la última localidad en ostentar la condición de cabecera municipal a orillas del río Magdalena, en el Bajo Magdalena, y el haber sido fundada en tiempos de la Colonia. Este hecho, que se produjo el 11 de enero de 1791, fue producto de la conjugación de varios intereses, entre ellos la inquietud del obispo de Santa Marta, Anselmo José Fraga y Márquez, por reunir en un solo lugar a un grupo de personas establecidas desde 1785 en el sitio que le dio el nombre a esta población.  En total eran 26 familias que, en su mayoría, provenían de los Montes de María, algunas de Cerro de San Antonio, las que se dedicaban a cultivar el campo y criar animales domésticos.

El obispo las observó el 27 de octubre de 1790, cuando se movilizaba a través del río Magdalena, luego de consagrarse como autoridad eclesiástica en Cartagena. Tras arribar a Santa Marta, le planteó al funcionario Manuel Rubianes, la necesidad de reunir a estas personas en una localidad. También lo conminó para que facultara al teniente de gobernador, capitán a guerra, justicia mayor y comandante de milicias del partido del rey en Barranca Nueva, Pablo José Torregrosa, para que la fundara.

Para llevar a cabo la fundación, Torregrosa y Rubianes estuvieron en Pedraza y se reunieron, el 1.º de diciembre de 1790, con los colonos y les informaron sobre su propósito, además, les comunicaron que los gastos que generara la construcción de las viviendas, la iglesia, la manutención de los pobladores, mientras realizaban las tareas comunitarias, incluidas la de trazar las calles y carreras, iban a ser sufragados por los funcionarios. Ese mismo día hicieron el estudio del suelo donde harían la fundación.

Del lugar donde se fundó la población existe una descripción hecha por Torregrosa en un oficio que dirigió al gobernador de Santa Marta, José de Astigarraga. Dice que ninguna creciente del río Magdalena lo había inundado, además, que por estar ubicado frente a la boca del Canal del Dique servía para mantener la correspondencia con el valle de Upar y abastecer de carne a la plaza de Cartagena cuando algunos de los caminos estuvieran intransitables. 

El 11 de enero de 1791 regresó Torregrosa al paraje y anunció que a partir de esa fecha se daba por fundada la población que llamaron San Pablo de Pedraza. Nombre que tiene que ver con el del fundador, Pablo, que fue llamado como su santo por haber nacido en Cartagena el 25 de enero de 1753, día en el que Pablo de Tarso se convirtió al cristianismo, así como con la costumbre española de identificar las localidades que iban fundando, anteponiéndole al toponímico el de un santo. Mientras que el de Pedraza, toponímico, podemos colegir lo siguiente: que era el apellido de algún antiguo poseedor de estas tierras o que tiene relación con las características geográficas del montículo donde hicieron la fundación. Este había sido un terreno que, según los funcionarios coloniales, con asiento en Cerro de San Antonio era ocupado por indios chimilas que lo utilizaban para asaltar embarcaciones que iban por el río.

Oposición a la fundación de San Pablo de Pedraza

A la nueva población, compuesta de 22 viviendas hechas con palma y cañas, así como la capilla, le fue dada la condición legal de parroquia, por lo que sus habitantes podían contar con el derecho a ser elegidos justicias, participar en cabildos, tener propiedades y alcanzar, como vecinos, la posibilidad de contar con un sacerdote permanente, así como el derecho de gozar de dignidades vedadas a pueblos habitados por negros o indios.

El mismo día de la fundación, Torregrosa y Rubianes se dirigieron a Cerro de San Antonio, donde se reunieron con las autoridades civiles y militares locales, comunicándoles sobre lo realizado. Estos inmediatamente rechazaron este hecho y le otorgaron poder al vice patronato real, Yanuario Camacho, para que elevara una queja por lo sucedido ante el gobernador de Santa Marta, José de Astigarraga, la que sustentaron indicando que no le podían dar la condición de parroquia estando a cuatro leguas de Cerro de San Antonio. También, que ocuparon tierras compradas a la Corona luego de haber desalojado con sangre y fuego a los chimilas que la poblaban. En ese mismo escrito catalogaron a los pedraceros como vagos y conflictivos que causarían problemas a los indios del pueblo de San Miguel de Punta Gorda, que para entonces habían sido ubicados en el antiguo territorio del cacique Bosquirí.

La decisión del gobernador y destrucción de la población

Tras el análisis de los argumentos de los demandantes y demandados, el gobernador se pronunció el 26 de marzo de 1791, decretando la destrucción de los edificios construidos en San Pablo de Pedraza. El acto administrativo decretó, además, que Torregrosa debía cesar, de inmediato, su comisión, y abstenerse de continuar en lo que no debía, refiriéndose a la defensa de la nueva localidad, así como refundarla, para lo que autorizó al capitán Lázaro de Robles, que lo impidiera, de oficio o tomando las providencias que le dictara su celo, incluyendo acciones extremas.  

El gobernante para tomar la decisión tuvo como razones, entre otras, los perjuicios que producía este hecho en las regalías del vice patronato real de Cerro de San Antonio, que eran unas prerrogativas económicas de las que gozaba este funcionario encargado de controlar y vigilar el cobro y la administración de las rentas de la Corona en ese partido. Otra fue que el visitador general no le informó sobre la comisión dada al capitán a guerra para que hicieran la fundación. Sin embargo, en el expediente levantado por la queja de los cerranos obraba un documento en el que este le explicaba que las facultades las otorgó basado en las leyes de Indias y en la información que le suministró el obispo de Santa Marta, en la que mencionaba el estado en el que vivía un grupo de personas a las que identificaba como dispersas, sin la menor sujeción a la disciplina cristiana y civil. Almas con las que se podía formar un pueblo que viviera con arreglo a las leyes y a los dogmas cristianos, y quienes, además, podían aprender lo necesario para que sus habitantes, desde la primera edad y juventud, se educaran conforme a las enseñanzas cristianas y se acostumbraran al trabajo, al cultivo del campo.

El 6 de abril de 1791, Torregrosa fue notificado en Campo de la Cruz de la decisión administrativa contra la que interpuso un recurso de apelación ante el virrey. En ella solicitó la suspensión de lo decretado por el gobernador y, entre otros argumentos, planteó que al proceso debía dársele un manejo imparcial. Sin embargo, la apelación no detuvo la aplicación de lo decretado, el 16 de abril de 1791 un grupo de hombres liderados por Yanuario Camacho, Lázaro de Robles y Manuel Bolívar, desembarcaron, en horas de la mañana, en la fundación y, armados con hachas, machetes y fusiles, destruyeron todas las edificaciones.

Tras los hechos, Juan Muñoz y Victoriano Altahona, en representación de los demás habitantes de la destruida población, solicitaron al gobernador de Cartagena que les permitiera ubicarse en San Joaquín de Barranca Nueva del Rey. Fue el fundador quien costeó la movilización de estos hacia ese lugar. Otra acción emprendida fue otorgarle poder a Torregrosa para que los representara y elevara la queja por los daños recibidos ante el virrey José de Espeleta Caldeano Dicantillo y Pardo, y los Fiscales del Crimen.

Conocida la queja, tanto el virrey como el fiscal del crimen solicitaron los documentos y demás antecedentes en los que constaban los trámites realizados para la fundación. El fiscal vinculó al proceso, en condición de testigos, a varios pobladores de Pedraza, y solicitó al obispo de Santa Marta una relación de las facultades que le fueron dadas a Torregrosa el 21 de noviembre de 1790. Los cerranos, por su parte, se hicieron apoderar de Clemente Robayo y Yanuario Camacho.

La sentencia del virrey

Surtidas las etapas del proceso, el virrey, en providencia de 2 de diciembre de 1791, declaró precipitada y contraria a las leyes de la humanidad la comisión dada por el gobernador de Santa Marta a Lázaro de Robles. Además, juzgó su proceder como producto de los celos nacidos al considerar que se le habían usurpado funciones de fundador. Decidió, también, prohibir a los pobladores de Cerro de San Antonio entrometerse con los residentes de San Pablo de Pedraza. Asimismo, condenó al gobernador al pago de perjuicios causados a estos por valor de quinientos treinta y tres con dos y medio, en monedas de plata. En enero de 1792, Vicente Muñoz, en nombre suyo y de los demás pobladores, dirigió una misiva al virrey en la que discriminaba los daños causados con la destrucción. Deuda que, en 1794, fue condonada ante las súplicas que elevó el gobernador ante el virrey, quien lo consideraba un funcionario fiel a los intereses de la Corona.

El regreso de los habitantes a San Pablo de Pedraza y su posterior traslado al sitio la Ceiba

En marzo de 1792 regresaron a San Pablo de Pedraza 21 de las 26 familias que se habían trasladado a San Joaquín de Barranca Nueva del Rey, las que el 13 de marzo de 1792 iniciaron los trabajos de reconstrucción de las viviendas y el trazado de las vías públicas. El 28 de marzo comenzó la edificación de la iglesia en el sitio conocido como “la Ceiba”, ubicado a un km, río arriba, del lugar donde estaba la localidad, lo que generó malestar entre los cerranos, tanto que, el alcalde, José Vélez, y Yanuario Camacho, le pidieron a Torregrosa que explicara las razones de esa determinación, al considerarla como un hecho que atizaba el fuego de la discordia entre los habitantes de ambas poblaciones.

Empero, la obra siguió adelante, tanto, que una vez terminada fue bendecida, el 31 de julio, por el obispo Anselmo de Fraga y Márquez, acto litúrgico en que, además, bautizó y confirmó a niños residentes en la comunidad. En esta visita, designó como sacerdote temporal de la parroquia al sacerdote Domingo Salazar, perteneciente a la Orden de los Ermitaños Descalzos, después, lo fue en propiedad el cura José María Lozano.

La ubicación de la iglesia en “la Ceiba” tenía como base la decisión del gobierno colonial de permitir su existencia fuera del lugar donde había sido fundada la localidad. Además, era una forma de cumplir con una norma que establecía que la distancia mínima entre una iglesia y otra era de cuatro leguas, concediéndoles una más, lo que se garantizaba al medir de la cerradura de la de Cerro de San Antonio, hasta la construida por los pedraceros. El nombre de “la Ceiba” se desprende de la denominación que recibe un árbol de la especie Ceiba pentandra, también llamada Bonga, que, antiguo y frondoso, debía estar visible a orillas del río Magdalena.

Transcurría el año de 1802, cuando los pedraceros cumplieron la decisión del gobierno colonial de trasladarse hacia “la Ceiba”, que es donde se encuentra, donde las calles siguen la corriente del río, como lo exigían las leyes indianas; es decir, de sur a norte. La plaza fue trazada de manera cuadricular y la iglesia, ubicada al frente de ella y mirando hacia el río Magdalena, fue construida con paredes de barro, techo de palma, mientras que el campanario era un árbol de guayacán.

 

Álvaro Rojano Osorio