Medio ambiente

Conflictos ambientales de la Sierra Nevada de Santa Marta

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una entidad compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN es la autoridad mundial para lo relacionado con el estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos.

Esta entidad internacional catalogó la Sierra Nevada de Santa Marta como una de las zonas irremplazables en el mundo, por contener un número infinito de especies, que, además, se encuentran amenazadas en otros lugares del planeta. El 19 de marzo de 2018 el Gobierno Nacional de Colombia declaró como zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, a las áreas protegidas y por declarar en inmediaciones del Parque Nacional Natural (PNN) Sierra Nevada de Santa Marta. La Autoridad administrativa competente para los asuntos de la Sierra Nevada de Santa Marta es PNN que, luego de realizar los estudios y valoración de las características de la Sierra, tomó como referencia un área de aproximadamente 500.000 hectáreas, susceptibles de declaratoria, para aplicar las estrategias más efectivas de conservación del patrimonio natural y cultural; que caracterizan a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mediante la Resolución 504 de 2018[1] “Por la cual se declara y delimita una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en inmediaciones del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta” el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró y delimitó áreas de importancia ecológica en inmediaciones del PNN Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de tomar medidas de conservación in situ de diversidad biológica y con esto evitar la ocurrencia de un daño grave e irreversible sobre los valores naturales de la Sierra.

La firma de esta declaratoria fue realizada por el Presidente de Colombia de la época, Juan Manuel Santos, en compañía del Príncipe Alberto II de Mónaco, quien visitó Colombia en esos días[2] para explorar posibilidades de cooperación con su país, en áreas como preservación de los océanos y agricultura biológica para proyectos productivos identificados en el posconflicto; evento que además contó con la participación de altos funcionarios del gobierno central y la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda.

Pero la Sierra Nevada no solo ha sido testigo de acciones para la protección de sus ecosistemas, sino que, además, ha sido escenario de conflictos ambientales que involucran aspectos tales como, el crimen organizado, la construcción ilegal, tensiones políticas y decisiones judiciales, que convierten a la Sierra Nevada en objeto de culto para unos y botín comercial; mientras solo unos pocos esperamos ansiosos que la gestión y la planeación de este importante ecosistema de Colombia y el Mundo, pueda ser garantizado para esta y las generaciones futuras.    

Wilton Faulner Orrego fue un funcionario público del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta que se dedicada a la labor de Guardabosque en el sector de La Lengüeta, al interior del Parque, en los límites del corregimiento de Guachaca, jurisdicción del municipio de Santa Marta, Magdalena. Wilton murió de cinco disparos en una noche del mes de enero de 2019, según lo registró la Revista Semana.[3] De acuerdo con este medio de comunicación, la Sierra Nevada de Santa Marta es un ligar geográfico de vital importancia no solo por su diversidad natural, riqueza cultural o por su potencial turístico. La Sierra Nevada de Santa Mata también es un paso estratégico que permite el tráfico de toneladas de narcóticos y armas que son sacadas por las costas de aguas profundas, donde lanchas rápidas aseguran la conexión terrestre con Barranquilla, Cartagena, el resto de la costa y el interior del país.

La Directora de Parques denunció que la muerte del Guardabosques “es un crimen terrible que le quita la vida a una persona que estaba cumpliendo con su deber”, y denunció, además, que “una de las cosas duras que están ocurriendo en la zona es esa ocupación ilegal, construcciones ilegales incluso para ecoturismo, hasta con un hotel muy lujoso. Se han abierto las investigaciones y se han ordenado las demoliciones que han terminado por ejecutarse.” Las medidas adoptadas por la Autoridad Ambiental han generado en algunas personas represalias tales como la quema de la sede de Parques Nacionales en La Lengüeta y amenazas de muerte en contra el director del PNN Sierra Nevada de Santa Marta, Tito Rodríguez.

Según la Revista Semana, el control territorial de la Sierra Nevada estuvo en manos de los grupos paramilitares que en la actualidad se estarían reestableciendo mediante nuevos jefes y la invasión de predios.[4] De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), La problemática ambiental que afecta el Ecosistema Fisiográfico de la Sierra Nevada de Santa Marta está determinada por la tala indiscriminada para la colonización, agravada por la destinación del área ecológica para la siembra de cultivos ilícitos, que ha generado una pérdida de más del 80% de la cobertura vegetal boscosa de la Sierra y como consecuencia de ello la erosión y sedimentación de las cuencas hidrográficas.[5]

El plan de manejo de la Sierra Nevada de Santa Marta es el instrumento dentro de la planificación que orienta las acciones hacia el logro de los objetivos de conservación de esta importante área, teniendo en cuenta una visión a corto, mediano y largo plazo. La socialización del Plan de Manejo de los Parques Nacionales Naturales Sierra Nevada y Tayrona llevada a cabo en las instalaciones del INVEMAR Santa Marta contó con intervenciones de sectores de la sociedad tales como la participación del Cabildo Gobernador Kogui, José de los Santos, que al respecto del Plan manifestó que con PNN han trabajado por más de tres años para proteger ambiental y ancestralmente el territorio, el Plan de Manejo es un instrumento para ordenar y planificar la conservación ambiental de la Sierra. Para el representante indígena la principal preocupación es “garantizar la perpetuidad de la Sierra para que haya vida, animales, plantas y otros elementos naturales.” En el evento, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano deicidio prorrogar por un mes la firma del Plan de Manejo, teniendo en cuenta las solicitudes de más de 150 personas de la sociedad civil que hicieron presencia en el evento para ejercer su derecho a la participación ciudadana dentro del Plan de Manejo.[6]

La Comunidad de residentes de las veredas del corregimiento de Guachaca, en la Sierra Nevada, protestaron durante varias horas en la entrada principal del Parque Tayrona contra la firma del Plan de Manejo de los Parques Tayrona y Sierra Nevada porque aseguran que no han sido tenidos en cuenta en la construcción del Plan de Manejo concertado entre Parques Naturales y los cuatro (4) pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.[7] José Cantillo, líder de la comunidad de Taganga, municipio pesquero ubicado en áreas de intervención del plan de manejo de la Sierra, manifestó que no fueron tenidos en cuenta para la concertación del Plan, el cual, según el líder social, traerá consecuencias que no son medibles. La comunidad quiere exponer sus inquietudes y ejercer sus derechos; ya que, según la comunidad “Taganga fue primero que Parques, el 50 % de las playas que son intangibles ahora son de Taganga que aparecen en esas escrituras públicas”[8]

Las comunidades indígenas y PNN establecieron que solo el 3,14% de las 15.000 hectáreas del Parque podrían ser destinadas para servicios ecoturísticos (cabañas, zonas de camping, restaurantes ecotiendas, enfermerías, vías, y demás) El resto del territorio estaría principalmente dedicado a la recuperación cultural y natural. Otros sectores sociales se han pronunciado al respecto, como el caso de Mónica Dávila (gerente de una constructora que intentó levantar un hotel siete estrellas dentro del parque) para quien lo correcto es que “el nuevo plan se acompase con el Convenio de Diversidad Biológica y los lineamientos de la Organización Mundial de Turismo, y acoja los parámetros dictados por la Corte Constitucional, que le ordenó a PNN en 2015 redoblar sus esfuerzos para garantizar el saneamiento y la protección de este ecosistema.” Para el sector hotelero una de las principales inquietudes al respecto del plan de manejo es el desarrollo del ecoturismo sobre todo dentro del Parque Tayrona, teniendo en cuenta que con la nueva zonificación y precisión cartográfica que se hizo con el Plan de Manejo se pasó de 1.357,9 a 447,56 hectáreas para el uso de actividades de ecoturismo.[9]

La Directora de la Autoridad Ambiental aclaró que el nuevo Plan de Manejo tiene una zonificación que establece los sitios en los cuales se puede hacer ecoturismo, los cuales no fueron disminuidos sino precisados cartográficamente porque en el anterior plan estaban incluidas unas zonas que no se usaban para el ecoturismo como arrecifes, playas y montañas. “Nosotros no estamos prohibiendo a nadie que haga nada”, afirmó Miranda y aclaró que el ecoturismo en el Parque Tayrona no se hace con infraestructura dura, sino blanca para las nuevas construcciones y que deben ser autorizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).[10]

El 30 de septiembre de 2019, la opinión pública tuvo conocimiento de una tensión política suscitada entre bancadas del Congreso de la República en plenaria del Senado por cuenta del reclamo del senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien afirmó que Parques Nacionales obstaculizaba el desarrollo de proyectos de infraestructura turística en el Parque Tayrona porque se han llevado a cabo reuniones para hablar de los negocios ecoturísticos del parque Tayrona que contó con la participación del expresidente Álvaro Uribe, el congresista Honorio Henríquez y conocidas familias del Magdalena; en las que no invitaron ni la directora de la entidad, Julia Miranda ni a ningún funcionario de la misma. Al respecto, Miranda respondió en los micrófonos de la emisora radial La W, que no tuvo conocimiento sobre la reunión en donde se trataron dichos temas del parque Tayrona. Sin embargo, la directora de PNN confirmó que varias entidades han buscado modificar la concesión del Parque Tayrona.[11]

Otra situación de conflicto ambiental en la Sierra Nevada se presenta por la suscripción del contrato de prestación de los servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Natural Tayrona. En la ciudad de Valledupar, Cesar, los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta firmaron la protocolización de la consulta previa para la suscripción de un contrato de prestación de servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Natural Tayrona. De acuerdo con PNN esta fue una importante alianza estratégica para la conservación protección de la sierra Nevada, con la intención de minimizar y prevenir los impactos ambientales que genera la actividad ecoturística en el parque Tayrona. Según Semana Sostenible, este sigue siendo un punto importante del debate, pues muchas personas aseguran que no existe realmente el “ecoturismo”, ya que todo turismo genera de una manera u otra, afectaciones a los ecosistemas.  Además, temen que luego de permitir la actividad comercial sea difícil para los indígenas limitar la llegada de grupos hoteleros y de cientos de personas interesadas en recorrer el Tayrona. Según el medio “hasta ahora, no es todavía claro qué labor tendrán las comunidades en las zonas destinadas para la visita de los “hermanos menores” (los no indígenas).”[12] 

En consecuencia, PNN abrió licitación pública No. 005 – 2019 para la prestación de los servicios ecoturísticos en los parques Tayrona e Isla de Salamanca. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2019 PNN informó la suspensión del proceso de licitación en cumplimiento de  la orden emitida mediante auto del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, en el trámite de la acción de tutela interpuesta para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas Bunkwimake, Jiwa, Seykwnaamake, Katunsama, Kandumake, asentadas en la Cuenca del Río San Diego y en Atgumake en la Cuenca del Río Palomino.[13] El Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta ordenó a PNN y a los ministerios de Ambiente y del Interior, rendir informes en un lapso de 48 horas, al considerar que se vulneraron los derechos a la consulta previa y la autonomía de seis comunidades indígenas.

En su demanda el actor tutelar argumenta que, en la consulta que se adelantó para entregar la concesión, ni las autoridades, ni el gobernador indígena participaron; hecho sumado a que, en su opinión, el pliego de la concesión no ayuda a la conservación ambiental ni cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cabe recordar que el 25 de julio de 2019, en el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la comunidad Kankuama de Makumake, los delegados para la consulta previa del Ministerio del Interior, la directivas de PNN y las autoridades de los cuatro (4) pueblos indígenas de la Sierra Nevada: Arhuaco (Iku), Kogui (Kággaba), Wiwa y Kankuamo, protocolizaron la consulta previa del proceso de licitación del contrato de concesión para la prestación de los servicios ecoturísticos de estos dos parques; Rogelio Mejía, gobernador Arhuaco del Magdalena y Guajira, insiste en manifestar que los pueblos indígenas de la región no fueron tenidos en cuenta en la consulta previa. Se relata en la acción constitucional que no se realizó consulta como tal con las comunidades que habitan en las cercanías al parque, sino que este proceso se efectúo con representantes de comunidades alejadas que no tienen directa injerencia en el lugar.[14] 

El fallo de tutela fue impugnado tanto por demandado como por la parte demandante, por lo que el Tribunal Administrativo del Magdalena, conoció del asunto y decretó la nulidad de lo actuado al considerar que no se había vinculado a algunos actores en el proceso y devolvió el expediente nuevamente al juzgado de origen. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta de origen acogió las indicaciones del Tribual y produjo un nuevo fallo el 2 de abril de 2020 manteniendo la orden de celebrar la consulta previa en el Parque Vía Isla Salamanca con los pueblos indígenas de la zona y suspendida la licitación. La sentencia de 2 de abril de 2020 fe impugnada y se encuentra en segunda instancia en el Tribunal del Magdalena a espera de las subsiguientes actuaciones judiciales.

 

Diego Andrés Miranda Guzmán