Medio ambiente

¿Cuánto vale el agua en Colombia?

A propósito de la noticia divulgada el 07 de diciembre de 2020, acerca de la cotización del agua en Wall Street, específicamente en el mercado de futuros de materias primas de California, el CME (Chicago Mercantile Exchange)[1] es una compañía de mercados globales dedicada al manejo de los “mercados de futuros”; el cual consiste en la operación sobre bienes futuros, que se originó a mediados del siglo XIX con el establecimiento de los mercados centrales de granos donde los agricultores podían vender sus productos para su entrega futura. Estos contratos forward eran contratos privados entre compradores y vendedores, y se convirtieron en los precursores de los contratos de futuros actuales negociados en los mercados bursátiles.[2]

Nasdaq Veles California Water (NQH2O) es el índice para la cotización del agua en el mercado de futuros. Ésta base de cotización se toma por el precio del agua en las principales cuencas fluviales de California, lugar donde la escasez de agua es preocupante; sin embargo, este índice podría ser usado como referente en otros países en sus respectivos mercados del agua. Según Gonzalo Delacámara, director de Economía del Agua en el Instituto IMDEA de España, en relación al derecho de uso y aprovechamiento de agua, para regar campos de cultivo, por ejemplo, “un regante A le dice al B, este mes no voy a regar, te cedo mis derechos a cambio de una compensación”.[3] La cotización del agua en la bolsa de valores tiene su fundamento en el derecho legítimamente adquirido que tiene una persona sobre el agua que oferta en el mercado.

El acceso al agua tiene costos. Costos administrativos, relacionados con los permisos requeridos para su aprovechamiento. Costos ambientales, relacionados con los efectos negativos generados por la disponibilidad del recurso, principalmente en épocas de sequía; y, costos relacionados con su operación y gestión. En Colombia, el tratamiento del agua y su distribución a los usuarios tiene un costo que la empresa de acueducto traslada al usuario del servicio y el cual se puede ver reflejado en la facturación del servicio domiciliario de acueducto. En relación a la concesión de aguas, éste es un acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental de la jurisdicción concede a un particular el derecho para aprovechar un caudal determinado de aguas, con ocasión de las actividades que éste desarrolla. En este sentido, el agua en sí no tiene un costo relacionado con su esencia, pues los costos se relacionan con su utilización. Dicho de otra forma, el agua es gratis para quien la necesite.

Esta circunstancia (gratuidad del agua) sumada a la alta disponibilidad del recurso en algunas zonas, incide de manera importante en la forma como se usa el recurso. En la ciudad de Valledupar, por ejemplo, en 2014 la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento (CRA), informó que la capital del Cesar es la ciudad que más desperdicia agua por persona en Colombia. Esta situación no ha mejorado a la fecha. Pues, según la Empresa de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Emdupar entre marzo y agosto de 2020 se perdieron 18.019.670 metros cúbicos de agua, cantidad que corresponde al 61 % del agua que produjo la planta en promedio durante esos meses.[4]

A pesar de la abrumadora cifra, según el DANE, el 54% del líquido del país se destina para la agricultura. Y esto es una situación igualmente preocupante, ya que, tampoco existe racionalización en la utilización del líquido vital para la cría de ganado y el riego de grandes extensiones de cultivos de arroz, como es en el caso de las 139 concesiones autorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar para el rio Badillo; sin contar con las captaciones ilegales que se presentan a lo largo de su cauce. Las concesiones de aguas están determinadas por la capacidad de suministro del afluente, sin embargo, no existe un control eficaz por parte de la Autoridad Ambiental para dichos permisos en épocas de verano cuando la corriente base de unos 8.500 litros por segundo se reduce a la mitad.[5]

Todos los actores involucrados en el problema sostienen que la responsabilidad está en cabeza de la Corporación Autónoma Regional, dado que ésta es quien administra los recursos naturales de la jurisdicción y para el caso de las concesiones de agua por fuera de los parámetros permitidos o sin el lleno de los requisitos legales, es su obligación aplicar tajantemente el procedimiento sancionatorio ambiental y realizar el respectivo restablecimiento del derecho; con ocasión del daño ambiental que le ocasionan dichos aprovechamientos ilegales y que, para el caso del rio Badillo y Guatapurí, ponen en riesgo su existencia.

Los bancos de agua, entonces, pueden ser una alternativa viable para la gestión adecuada del líquido vital que escasea cada día más. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha implementado de manera exitosa la estrategia Bancos Municipales de Agua (BAMAS) como un sistema de captación, almacenamiento y distribución de agua lluvia o de fuentes superficiales con el propósito de atender necesidades prioritarias, como el consumo doméstico, sistemas de riego y vulnerabilidad de incendios. Los Bancos Municipales de Agua funcionan a través de la recolección de agua en época de lluvias para su utilización en época de sequía[6].  Teniendo en cuenta, que en Colombia no existen derechos absolutos, no sería jurídicamente viable, en la opinión de este columnista, la transferencia de los derechos al uso y aprovechamiento de aguas en virtud de un acto administrativo como lo es la concesión de aguas.

Diego Andrés Miranda Guzmán