Opinión

Razones del fracaso de la Paz Total

La Paz Total, la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la violencia, se inscribe en una larga tradición colombiana de intentar resolver el conflicto armado mediante el diálogo y la negociación con los grupos alzados en armas. Desde el proceso de paz con las guerrillas liberales, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, hasta el acuerdo con las FARC-EP, durante la administración de Juan Manuel Santos, Colombia ha ensayado diversas iniciativas, como las promovidas por Virgilio Barco, Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

La premisa detrás de este enfoque es la creencia de que la violencia puede explicarse a partir del discurso de los actores armados, el cual invariablemente invoca temas como “desigualdad social”, “explotación capitalista”, “neoliberalismo” etc. El presupuesto ideológico del presidente Petro lo hace más sensible a esta perspectiva. Sin embargo, los estudios a nivel global, como Guerra Civil y Políticas de Desarrollo (2003), publicado por el Banco Mundial, han demostrado que una guerra civil no puede entenderse desde la narrativa de los alzados en armas, sino a partir de condiciones objetivas que la propician y sostienen.

Estos estudios han demostrado que la causa central de la violencia es la pobreza estructural, entendida no como la carencia de un grupo social específico, sino como la condición general del país. En términos generales, los países ricos están prácticamente exentos del riesgo de guerras civiles, mientras que aquellos con economías deterioradas o atrapados en la trampa del conflicto enfrentan una amenaza significativamente mayor.

El segundo factor identificado es lo que los académicos denominan “supervivencia y viabilidad militar”, que hace referencia a las condiciones geográficas donde se desarrollan las operaciones armadas. Colombia cuenta con vastos territorios fuera del control del Estado, lo que facilita la aparición de poderes alternativos como guerrillas y todo tipo de estructuras armadas. El tercer factor es la presencia de recursos de alto valor en estos territorios, como diamantes, coltán, petróleo o cocaína. Para mantenerse, las organizaciones armadas deben operar como empresas, gestionando estos recursos para financiar sus costos operativos.

Las guerrillas suelen autodefinirse, con orgullo, como movimientos político-militares, pero omiten mencionar su dimensión empresarial. Gabriel Zaid demostró en los años ochenta del siglo pasado que, en América Latina, estos grupos no eran movimientos campesinos, obreros ni sindicales, sino auténticas empresas revolucionarias. Según él, toda revolución tiene un propietario. De manera similar, Jack Hirshleifer sostuvo que los levantamientos armados son, en esencia, un medio para explotar a otros con fines de lucro. Mantener una estructura armada durante décadas exige enormes recursos, por lo que las finanzas desempeñan un papel crucial en la supervivencia y continuidad de estos grupos. Este interés empresarial es, en gran medida, la principal causa del fracaso de los diálogos de paz: los jefes guerrilleros sencillamente no están dispuestos a renunciar a sus privilegios, su cuota de poder y sus ingresos.

Si bien los diálogos de paz son un componente fundamental de cualquier estrategia para erradicar la violencia, el eje central debe ser un plan efectivo para reducir la pobreza estructural del país. En otras palabras, para acabar con la violencia, Colombia debe convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos. Esto exige profundas reformas en el Estado, orientadas a hacerlo menos burocrático, más eficiente y ágil en su gestión. Tales reformas deben avanzar por una delgada línea que, aunque parezca contradictoria, combine el adelgazamiento del aparato estatal con su expansión hacia vastas regiones históricamente abandonadas. En este sentido, podría considerarse incluso algún grado de federalización del territorio. Sin embargo, la administración de Gustavo Petro parece avanzar en dirección contraria, al aumentar la carga burocrática, estatizar numerosas empresas, aumentar la centralización y descuidar funciones esenciales del Estado, como la seguridad.

Amador Ovalle