Opinión
Cuando el crimen impone su propio modelo de justicia en Colombia
El pasado sábado 21 de junio de 2025, se produjo el secuestro de 57 militares colombianos cuando adelantaban labores operativas en contra del narcotráfico y las disidencias de las FARC, en la convulsionada zona del Cañón del Micay, en el Norte del Cauca. Esa acción ilegal por parte de las comunidades deja en evidencia la instrumentalización de la población civil por parte de las estructuras del crimen organizado en diferentes regiones de Colombia, con el propósito de evitar el éxito de las operaciones militares y policiales en la lucha contra las economías de carácter ilícito.
Estos hechos que hacen parte a la cotidianidad en las regiones de conflicto, no pueden seguir ocurriendo y aceptándose. La obstrucción a la justicia es un delito que se penaliza con cárcel en nuestro país. Por lo que se exhorta a la fiscalía general de la nación adelantar las acciones judiciales en contra de quienes secuestraron al grupo de militares. Cabe recordarles a las comunidades, al igual que aquellos lideres que se dejan intimidar por los grupos armados ilegales, que el desconocimiento de las normas no los exime de la responsabilidad penal.
La discursiva excusa del abandono estatal no se puede justificar con la comisión del delito, y más aun si se tiene en cuenta el agravante que esas agresiones se dan en contra de funcionarios públicos, que se encuentran realizando su misión en el cumplimiento de la constitución y la ley.
No es un tema novedoso en Colombia, ni mucho menos obedece a una complicidad del actual gobierno, ha ocurrido en anteriores administraciones, sin un ejemplar precedente judicial que haga entrar en razón a quienes defienden la ilegalidad en una deliberada acción disfrazada de causa justa. Sin embargo, este hecho se ha sumado a la controversial asistencia de nueve cabecillas de bandas criminales que purgan sentencias en centros penitenciarios del país que acompañaron la visita del presidente, Gustavo Petro en la ciudad de Medellín, para hablar de “Paz urbana” casualmente el mismo día que se produjo el secuestro de los 57 militares en la región del cañón del Micay.
La presencia de los nueve jefes de las más peligrosas bandas criminales que delinquen en el Valle de Aburrá, quienes compartieron tarima con el presidente Petro en el sector de la Alpujarra, estaban acompañados por el cuerpo de custodia del INPEC, institución que no ha escapado a las críticas de quienes cuestionaron la presencia y participación de los cabecillas criminales.
El secuestro de funcionarios policiales y militares que desarrollan actividades en contra de la criminalidad en nuestro país, lo han querido enmendar con términos tales como “Cerco humanitario o retenció”, lo cual pretende desconfigurar la acción penal, lo que lleva a pensar que el crimen trata de imponer su propio modelo de justicia en Colombia.
Proteger y amparar las actividades ilícitas con las que se financian los grupos armados, constituyen una flagrante violación a nuestro ordenamiento jurídico. Al igual la participación de las comunidades en la cadena de distribución de precursores químicos, la posesión de sustancias como pasta base de coca, y el transporte de la misma, a lo que también le sumamos la obstrucción a la justicia, cuando se incurre en liberar de manera violenta a las personas detenidas por las fuerzas del orden, que mediante el cumplimiento y el requerimiento de las autoridades judiciales, pretenden ponerlos a disposición de los tribunales competentes, son delitos que deben ser juzgado.
El país no puede continuar inmerso en la narrativa del abandono estatal, y que la ilegalidad sea el único camino de subsistencia, lo cual favorece las acciones de los criminales.
Nerio Luis Mejía
