Opinión

El docente tampoco tiene quien le escriba

“El coronel no tiene quien le escriba” es una novela corta de nuestro nobel Gabriel García Márquez publicada en 1961, que trata la historia de un viejo Coronel que espera una pensión que nunca llega.

Después de más de 65 años de publicada esta historia, en la Colombia del Estado Social de Derecho, de las reformas laborales y pensionales, pareciera una utopía que la historia del viejo coronel se repitiera; pero no, lastimosamente, en nuestra patria, siguen los pensionados padeciendo situaciones adversas, injustas y violatorias de los derechos humanos, laborales y fundamentales.

En un hermoso pueblo macondiano del Caribe colombiano, en el año 2023, un docente con más de 19 años de servicio (de los cuales 14 en el ejercicio público en entidades del orden nacional y municipal) fue obligado a retirarse de su cargo como docente por la Secretaría de Educación debido a haber alcanzado la edad para el retiro forzoso.

Desde ese día comenzó el calvario y padecimiento del abnegado docente, puesto que, mes a mes ingresa a su correo y revisa para ver si el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio le confirma su pensión de vejez a la que tiene derecho por cumplir con los requisitos exigidos por la Ley (edad y tiempo de servicio).

El docente, debido a la negligencia y falla del servicio de las entidades encargadas de otorgar su pensión, se ha visto en la imperiosa necesidad de iniciar una batalla judicial en busca de garantizar sus derechos, salvaguardar sus necesidades básicas y proteger su subsistencia.

La Secretaria de Educación tuvo como fundamento jurídico para decretar el retiro forzoso del docente la Ley 1821 de 2016, pero desconoció las múltiples y reiteradas jurisprudencias de la corte constitucional que decantan que “para proceder al retiro automático se debe analizar cada una de las causas y situaciones particular de cada caso y persona, para garantizar el mínimo vital y el derecho al trabajo”.

Tanto la Secretaría de Educación como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no han dado cumplimiento a los términos establecidos por el Decreto 1272 de 2018 para el Reconocimiento y Pago efectivo de la Pensión del docente, dejándolo en un estado de vulnerabilidad e indefensión, consumado de manera reiterada y continua con la vulneración de sus Derechos a la Seguridad Social, al Mínimo Vital y la Vida Digna.

Al docente le han negado la posibilidad y el derecho de contar con su ingreso mensual vitalicio que busca garantizar su sustento económico, su bienestar y estabilidad, por el contrario, ha sido condenado por las entidades estatales a padecer necesidades, penurias y sufrimiento.

Como en la novela de nuestro nobel García Márquez, el Estado le da la espalda a este docente que le brindó más de 30 años de servicios a su país y región, quien con amor, compromiso y sacrificio dedico gran parte de su vida laboral a impartir conocimiento y forjar a las nuevas generaciones. El Estado pisotea así su dignidad y lo condena a una situación oprobiosa que sólo su férrea voluntad y la solidaridad de su familia le dan la oportunidad de vivir con decoro y mantener con dignidad su vida.

Habrá otros en igual circunstancia y, a lo mejor, tengan al igual que él familia y voluntad para afrontar con dignidad la vida, pero a otros que como en la novela los están condenado a comer mierda, o peor aún, solo les dejen dos opciones: la mendicidad o el suicidio.

Diógenes Armando Pino Sanjur