Opinión

La descertificación como termómetro de nuestra incapacidad

Como es bien sabido, Colombia ocupa un lugar central en la historia reciente del narcotráfico global. De acuerdo con Naciones Unidas, es el mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína, abasteciendo buena parte de los mercados de Estados Unidos y Europa. En cuanto a la producción, concentra más del 60 % de los cultivos de coca del planeta. En lo que respecta a la comercialización, aunque los carteles tradicionales fueron desmantelados, hoy operan redes más fragmentadas, ligadas a grupos armados ilegales y a mafias internacionales, lo que mantiene al país como un nodo estratégico dentro de la cadena mundial del narcotráfico.

Esta realidad ha convertido a Colombia en un país marcado por el estigma en el escenario internacional. Es cierto que, en términos de relaciones exteriores, no se trata de un Estado aislado ni marginado del sistema mundial; sin embargo, la percepción externa lo ubica en una posición cercana a la de un “paria”. Durante décadas, la marca “Colombia = cocaína” ha pesado sobre su imagen diplomática y cultural, asociándola de manera recurrente al narcotráfico, la violencia y la corrupción.

La comunidad internacional no espera de Colombia grandes descubrimientos científicos ni un lugar destacado en la medallería olímpica; lo mínimo que exige es que deje de inundar al mundo con cocaína. Sin embargo, el país no ha estado a la altura de ese desafío, y mucho menos bajo un gobierno errático e incompetente, durante el cual los cultivos de coca han aumentado de manera considerable. Como respuesta, la comunidad internacional ha encontrado distintas formas de “desertificar” al país y a sus ciudadanos: desde la restricción de visas y el endurecimiento de los controles en aeropuertos, hasta expresiones de discriminación y otros mecanismos más sutiles.

La descertificación es un mecanismo implementado por Estados Unidos para evaluar el grado de cooperación de los países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y en la lucha contra el narcotráfico. Se trata, sin duda, de un instrumento odioso, que recuerda cómo la primera potencia mundial —o al menos hemisférica— asume el papel de gendarme global. No existe en el derecho internacional ninguna norma que otorgue a Estados Unidos la facultad de “certificar” o “descertificar” a otros Estados en esta materia. No obstante, ello no exime a Colombia de asumir con seriedad la responsabilidad que le corresponde.

Levantarse con discursos incendiarios de corte antiimperialista tras ser descertificados carece de validez; más bien se percibe como un gesto de resentimiento, una excusa del incompetente, un simple “respirar por la herida”. Resulta mucho más legítimo condenar el mecanismo de certificación y descertificación desde una posición de autoridad moral, es decir, siendo campeones en la lucha antidrogas y demostrando al mundo una producción nula de cocaína. El problema es que resulta difícil encontrar un político capaz de asumir semejante reto.

Todo esto nos conduce al papel del Estado y, con mayor razón, al caso colombiano, que hoy se ve amenazado por la captura del narcotráfico y el riesgo de convertirse en un narcoestado. En este debate concurren dos perspectivas: la estatista y la liberal. La primera, generalmente defendida por sectores de izquierda, atribuye al Estado toda clase de responsabilidades, incluso tan menores como el cuidado de las mascotas, descuidando sus funciones esenciales, como la seguridad nacional. La segunda, vinculada a las ideas del libre mercado, propone liberar al Estado de tareas superfluas para que pueda concentrarse únicamente en lo esencial.

Amador Ovalle