Opinión

¿Es conveniente el contrato de empréstito de Tamalameque?

Plaza mayor de Tamalameque, Cesar / Foto: Diario del Cesar

El empréstito autorizado por el municipio de Tamalameque ha sido presentado por la administración como una operación legal, viable y necesaria para impulsar proyectos de inversión; sin embargo, más allá de que formalmente el municipio pueda encontrarse en “semáforo verde” conforme a la Ley 358 de 1997, el verdadero debate no está en si el municipio puede endeudarse, sino en si debe hacerlo en las condiciones actuales.

Tamalameque no es un municipio con unas finanzas sólidas y holgadas; por el contrario, se encuentra sometido a un acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999, precisamente porque en el pasado enfrentó graves dificultades para cumplir sus obligaciones, esa realidad debería imponer prudencia, austeridad y responsabilidad fiscal; puesto que resulta contradictorio que un municipio que todavía arrastra problemas históricos de liquidez y sostenibilidad decida comprometer nuevamente sus ingresos futuros a través de un nuevo crédito.

La deuda pública nunca es gratuita; cada peso destinado al pago de capital e intereses es un peso menos para inversión social, mantenimiento de vías, atención de población vulnerable, fortalecimiento institucional o mejoramiento de servicios públicos. Además, endeudar un municipio significa limitar la capacidad de maniobra de las futuras administraciones y trasladar a los próximos gobiernos el peso de decisiones adoptadas hoy.

Aunque en la cláusula tercera del contrato de empréstito se identifican los proyectos que serán financiados y sus montos aproximados, ello no resuelve las dudas de fondo; la existencia de una lista de proyectos no garantiza que estos sean prioritarios, urgentes, técnicamente viables o financieramente sostenibles, tampoco existe claridad suficiente sobre si los costos proyectados son reales, si los estudios previos son rigurosos o si las obras efectivamente generarán un impacto positivo proporcional al tamaño de la deuda.

Pero la mayor preocupación está en la fuente de pago escogida para respaldar el crédito; según la estructura financiera del empréstito, podrían comprometerse recursos de agua potable, saneamiento básico y otras rentas de destinación específica.

Ese punto es extremadamente delicado; los recursos de agua potable y saneamiento básico no son ingresos ordinarios de libre destinación, son recursos protegidos constitucionalmente, orientados a financiar acueductos, alcantarillados, subsidios a los usuarios más pobres, tratamiento de aguas residuales y expansión de cobertura. En otras palabras, son recursos destinados a garantizar condiciones mínimas de dignidad y salud pública.

Comprometer esos recursos para pagar deuda puede convertirse en una decisión profundamente equivocada; significa que, si en unos años el municipio necesita ampliar redes de acueducto, mejorar la calidad del agua o atender una emergencia sanitaria, parte de esos recursos ya estarán hipotecados para responder por un crédito.

Más grave aún, si los recursos de agua potable terminan respaldando proyectos que no pertenecen a ese sector, podría configurarse una vulneración de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, así como de las reglas que protegen la destinación específica de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Por eso, la discusión no puede quedarse en la aparente legalidad y necesidad del empréstito; la verdadera pregunta es si resulta ético, prudente y financieramente responsable comprometer recursos esenciales de la comunidad para asumir una nueva deuda en un municipio que todavía no ha superado plenamente sus problemas fiscales.

Tamalameque necesita inversión, pero también necesita sensatez financiera; porque una deuda mal planeada puede terminar costándole al municipio mucho más de lo que hoy promete resolver.

Diógenes Armando Pino Sanjur