Opinión

Cuando el poder le teme a la vigilancia ciudadana

La expedición de la Ley 850 de 2003 reglamentó en Colombia las veedurías ciudadanas, entendidas como mecanismos democráticos de control social que permiten a los ciudadanos y organizaciones vigilar la gestión pública, la contratación estatal y la ejecución de los recursos. Su propósito es claro “garantizar transparencia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de lo público”.

Es cierto que algunos han desnaturalizado esta herramienta; bajo el amparo de la ley, existen quienes utilizan las veedurías para entorpecer la gestión pública o desacreditar a los gobernantes mediante críticas sin sustento, carentes de pruebas o argumentos sólidos que evidencien una mala administración de los recursos o una ejecución deficiente de obras.

Pero también es cierto, y esto no puede perderse de vista, que hay ciudadanos y organizaciones comprometidos con la defensa del interés general, que ejercen un control riguroso, responsable y fundamentado; son ellos quienes, con pruebas y argumentos, contribuyen a fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y la lucha contra la corrupción, obligando a las instituciones a responder de manera efectiva a las necesidades de la comunidad.

Muchos gobernantes, respetuosos de la ley y de los principios democráticos, aunque incómodos frente al escrutinio público, entienden el valor de este control ciudadano; lo asumen como un mecanismo necesario para corregir errores, ajustar su gestión y mantener una conexión real con la ciudadanía. Gobernar de cara al pueblo implica aceptar la vigilancia, no temerle.

Sin embargo, también existen administraciones que reaccionan de manera contraria, “censuran la crítica, descalifican a sus opositores y estigmatizan las veedurías”; en estos escenarios, el disenso se convierte en una afrenta y la crítica en un “pecado capital”. Así, lo que debería ser un ejercicio democrático termina siendo percibido como un ataque, evidenciando prácticas autoritarias incompatibles con el Estado Social de Derecho.

Conviene recordar una verdad elemental: los recursos públicos no pertenecen a los gobernantes, sino a la ciudadanía; provienen del esfuerzo colectivo materializado en impuestos y contribuciones. Por ello, no solo es un derecho, sino también un deber ciudadano vigilar su adecuada destinación y uso, con el fin de garantizar el bienestar general y la satisfacción de las necesidades colectivas.

Quien aspira al poder mediante el respaldo popular no puede, una vez elegido, cerrar las puertas al control ciudadano; el mandato conferido por el constituyente primario no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad ética y jurídica “administrar con transparencia, eficiencia, celeridad y, sobre todo, con sujeción al interés general”.

Los gobernantes se deben a su pueblo; en consecuencia, las veedurías ciudadanas y el control social no son un obstáculo, sino una herramienta indispensable para asegurar una planificación seria, un seguimiento constante y una ejecución adecuada de los recursos públicos.

Solo así se podrán materializar soluciones reales a las necesidades más sentidas de las comunidades; callar al ciudadano nunca ha sido un acto de gobierno legítimo. Es, más bien, la señal más clara de que algo se quiere ocultar.

Diógenes Armando Pino Sanjur