Opinión

En el día de Boyacá, ¿Colombia olvidó lo que significa la independencia?

Cada 7 de agosto, Colombia no recuerda simplemente una antigua batalla. Recuerda uno de los momentos fundacionales de su propia idea de República.

El 7 de agosto de 1819, en el Puente de Boyacá, se decidió una de las batallas fundamentales de la independencia frente al dominio colonial español. Quienes hicieron posible aquella victoria no pertenecían a un solo partido, una sola clase social ni una sola región. Hubo soldados, campesinos, mujeres y hombres unidos, por encima de sus diferencias, por una idea que terminaría siendo parte esencial de Colombia: un pueblo no debe ser gobernado indefinidamente sin tener voz sobre su propio destino.

Por eso Boyacá no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No pertenece a Gustavo Petro ni a Abelardo de la Espriella. Pertenece a la memoria colectiva de los colombianos.

Y precisamente por eso resulta difícil ignorar la paradoja. El mismo 7 de agosto en que Colombia volvió a conmemorar una victoria sobre el colonialismo y asistió a la posesión de un nuevo Gobierno, Bogotá dio un giro radical en su posición sobre el Sáhara Occidental y pasó a reconocer la soberanía de Marruecos sobre ese territorio.

Desde un despacho presidencial o desde la Cancillería, esto puede presentarse como un simple reajuste de política exterior. Pero para una nación nacida de una lucha por la independencia, la pregunta es mucho más profunda: ¿Cómo puede un país que celebra el derecho de sus antepasados a decidir su propio futuro anticiparse hoy a la decisión que corresponde a otro pueblo?

El Sáhara Occidental no es un territorio cuyo estatus jurídico internacional haya quedado definitivamente resuelto. Las Naciones Unidas lo mantienen desde 1963 en su lista de Territorios No Autónomos, es decir, dentro de las cuestiones de descolonización que siguen pendientes.

En 1975, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Corte Internacional de Justicia que examinara los vínculos históricos invocados por Marruecos sobre el territorio, la Corte concluyó que los elementos presentados no demostraban la existencia de vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental capaces de impedir la aplicación del principio de autodeterminación.

El centro jurídico de aquella conclusión sigue siendo relevante medio siglo después: el futuro del territorio debe tener en cuenta la expresión libre y auténtica de la voluntad de su población.

Esto no es una narrativa argelina. No es propaganda saharaui. Tampoco es una posición partidista colombiana. Es parte del expediente jurídico internacional del conflicto. Y hay algo todavía más significativo: la propia Constitución colombiana ofrece un criterio para evaluar la decisión.

El artículo 9 establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan, entre otros principios, en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

La pregunta, entonces, no es si un nuevo Gobierno tiene derecho a revisar las políticas de su antecesor. Por supuesto que lo tiene. Las elecciones tienen consecuencias y todo Gobierno democrático puede redefinir prioridades.

Pero la democracia no significa que la memoria histórica, los principios constitucionales y los compromisos internacionales de un Estado comiencen desde cero cada vez que cambia el ocupante de la Casa de Nariño.

Colombia conocía a los saharauis antes de Petro. También conviene desmontar otra simplificación. La relación de Colombia con la cuestión saharaui no comenzó con Gustavo Petro y no debería reducirse a una disputa entre izquierda y derecha.

Colombia estableció relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática en 1985, durante la presidencia de Belisario Betancur. Las relaciones fueron suspendidas posteriormente, en 2001, y restablecidas en 2022.

Ese recorrido, precisamente por sus cambios, plantea un problema que va mucho más allá del Sáhara Occidental.

En aproximadamente cuatro décadas, Colombia ha pasado de reconocer a la República Saharaui a congelar sus relaciones, luego a restablecerlas y ahora a reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio.

La pregunta resulta inevitable: ¿Cuál Colombia debe creer el mundo? ¿La Colombia de 1985? ¿La de 2001? ¿La de 2022? ¿O la de 2026? No es únicamente una pregunta para los saharauis. Es una pregunta sobre la continuidad del Estado colombiano y sobre la credibilidad de su política exterior.

El pragmatismo no es un pecado. Hay que reconocer una realidad elemental de las relaciones internacionales: los Estados no construyen su política exterior exclusivamente sobre principios morales.

Existen intereses comerciales, inversiones, seguridad, energía, alianzas estratégicas y cálculos geopolíticos. Es legítimo que Colombia quiera fortalecer sus relaciones económicas con Marruecos.

Es legítimo buscar nuevos mercados para las empresas colombianas, atraer inversiones, ampliar la cooperación y reconsiderar las prioridades del país en África. Eso se llama pragmatismo de Estado. Pero existe una diferencia importante entre el pragmatismo y la volatilidad. El verdadero pragmatismo pregunta: ¿Qué le convendrá a Colombia dentro de veinte años?

El pragmatismo de corto plazo pregunta: ¿Qué puede obtener el Gobierno actual durante los próximos cuatro? Un Estado serio puede desarrollar una relación económica, comercial y política sólida con Marruecos sin asumir para sí la facultad de resolver el estatus final de un territorio que las Naciones Unidas siguen tratando como una cuestión pendiente de descolonización.

Colombia puede comerciar con Rabat. Puede recibir inversiones marroquíes. Puede ampliar la cooperación política, agrícola, energética o de seguridad. Nada de eso exige hablar en nombre de los habitantes del Sáhara Occidental.

La política exterior madura no obliga a escoger siempre entre un amigo y un enemigo. Cuando la política exterior depende del ánimo del gobernante, Aquí aparece un problema todavía más profundo.

Las relaciones internacionales se debilitan cuando dependen más de la personalidad, las afinidades ideológicas o los cálculos del gobernante de turno que de las instituciones permanentes del Estado.

Si un presidente reconoce a un Estado, el siguiente congela esa relación, otro la restablece y un cuarto vuelve a deshacerla, quien pierde no es solamente el actor extranjero afectado por esos cambios. También pierde el país que cambia constantemente de rumbo. La diplomacia se construye sobre confianza y previsibilidad.

Los países invierten cuando confían en que los acuerdos no desaparecerán con la siguiente elección. Los socios construyen relaciones estratégicas cuando saben que la palabra de un Estado sobrevivirá al mandato de un presidente.

Una política exterior que cambia radicalmente con cada ciclo ideológico corre el riesgo de convertir a un país, de socio estratégico, en socio temporal.

Puede producir una victoria diplomática inmediata para un Gobierno, pero reducir la credibilidad del Estado en el largo plazo. Y los pueblos también terminan pagando ese precio.

Las relaciones estables permiten que universidades, empresas, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos construyan vínculos que sobreviven durante décadas. Las relaciones subordinadas al estado de ánimo político de los gobiernos hacen que los pueblos terminen pagando por disputas que nunca eligieron.

Los gobiernos son temporales. Los Estados duran más que sus gobiernos. Y los pueblos duran más que ambos. Nuestra relación no es con un presidente, sino con los pueblos.

Desde el Sáhara Occidental, nuestra mirada hacia Colombia no debería depender del nombre del presidente que ocupa la Casa de Nariño, ni de si ese presidente pertenece a la izquierda, a la derecha o a cualquier corriente ideológica.

Los presidentes pasan. Las mayorías parlamentarias cambian. Las doctrinas de política exterior se modifican. Pero los pueblos permanecen. Por eso, para los saharauis, lo verdaderamente importante no es adaptarnos al estado de ánimo de cada Gobierno colombiano, sino preservar y profundizar nuestra relación con el pueblo colombiano. Y, más ampliamente, con los pueblos de América Latina, Porque, aunque nos separen un océano y miles de kilómetros, nos une mucho más de lo que a primera vista podría parecer.

Nos une la memoria de sociedades que conocieron el colonialismo y la dominación externa. Nos une el valor concedido a la tierra, a la identidad y a la dignidad colectiva. Nos une una historia en la que pueblos considerados periféricos tuvieron que recordar a poderes más grandes que no eran objetos sobre un mapa, sino comunidades con memoria, voz y derechos.

América Latina sabe lo que significa que otros pretendan decidir desde lejos el destino de un territorio y de sus habitantes. Los saharauis también. Por eso nuestra relación con Colombia no puede reducirse a si un presidente nos reconoce y el siguiente deja de hacerlo.

Nuestra verdadera relación es con los colombianos que entienden que la libertad de un pueblo no pierde valor porque ese pueblo viva al otro lado del Atlántico. Y nuestra relación con América Latina debería construirse precisamente sobre aquello que permanece cuando cambian los gobiernos: la memoria histórica, la solidaridad entre pueblos, el respeto mutuo y la convicción de que ninguna comunidad debe ser borrada de las decisiones que determinan su propio futuro.

Podemos discrepar de un Gobierno colombiano sin convertir esa discrepancia en una ruptura con Colombia. Porque una decisión presidencial pertenece a una coyuntura. La amistad entre los pueblos puede pertenecer a la historia. De Boyacá al Sáhara Occidental

Tal vez por eso el nuevo Gobierno colombiano debería volver por un instante al 7 de agosto. No a la ceremonia de posesión. Sino a la razón histórica por la cual esa fecha ocupa un lugar tan profundo en la memoria republicana de Colombia.

En Boyacá, el debate no consistía únicamente en quién controlaba un territorio. También se trataba de algo mucho más elemental: quién tenía derecho a decidir el futuro de quienes vivían en él.

Más de doscientos años después, al otro lado del Atlántico, existe un pueblo que sigue esperando una respuesta a una pregunta parecida. No se le pide a Colombia que sea enemiga de Marruecos. Tampoco se le pide que adopte todas las posiciones del Frente Polisario.

Ni siquiera se le pide que convierta el Sáhara Occidental en una prioridad de su política exterior. Se le pide algo más sencillo y, al mismo tiempo, más importante: que no decida por otro pueblo aquello que ese pueblo todavía no ha tenido la oportunidad de decidir libremente por sí mismo.

No le pedimos a Colombia que escoja entre Marruecos y los saharauis. Le pedimos que no escoja en lugar de los saharauis. Esta posición no es hostilidad hacia Marruecos.

Es la defensa de un principio del que dependen Marruecos, Colombia, los saharauis y prácticamente todos los Estados medianos y pequeños del sistema internacional: que el poder, los intereses y los acuerdos entre gobiernos no pueden ser la única fuente de legitimidad.

Un Gobierno puede modificar una posición diplomática en cuestión de horas. Pero ningún comunicado puede borrar una cuestión de descolonización que lleva más de seis décadas en la agenda de las Naciones Unidas.

Por eso, cada 7 de agosto, cuando los colombianos vuelvan a Boyacá y recuerden a quienes lucharon para que su pueblo pudiera decidir su futuro, seguirá existiendo una pregunta que merece viajar desde el Sáhara Occidental hasta Bogotá: Si la autodeterminación forma parte de la memoria que ayudó a construir Colombia, ¿por qué no debería formar también parte de la política exterior con la que Colombia se presenta hoy ante el mundo?

Mohamed el Baikam

Sahara Occidental - Human rights