Opinión
Los gobiernos pasan, los contratos quedan
Uno de los dilemas del Estado siempre ha sido tener unas plantas de personal robustas, que permitan realizar de manera eficiente y eficaz las tareas administrativas, de fiscalización y control, con la consecuente carga prestacional y presupuestal, o acudir a la figura del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para suplir las deficiencias de personal.
De las tantas acusaciones que se le hacen al gobierno saliente de Gustavo Petro, sobresale la de haberse excedido en los contratos de prestación de servicios, más conocidos popularmente como OPS.
Las cifras, ciertamente, llaman la atención. Una investigación de El Tiempo, basada en información del Secop Integrado, encontró que entre agosto de 2022 y agosto de 2026 la Rama Ejecutiva del orden nacional suscribió 884.064 contratos de prestación de servicios con personas naturales, por cerca de 36 billones de pesos. Esos contratos fueron celebrados con unas 228.000 personas y representan un incremento del 119 % frente al número de contratos suscritos durante el gobierno de Iván Duque.
Ahora bien, una cosa es que las cifras ameriten una revisión seria y otra muy distinta concluir que 884.064 contratos fueron ilegales, innecesarios o constituyeron una gigantesca nómina paralela.
La propia información conocida muestra que buena parte de esa contratación se concentró en entidades como el Sena, ICBF y Dane, organismos que históricamente utilizan contratistas para desarrollar muchas de sus actividades. Será necesario entonces separar la paja del trigo y determinar cuáles contratos obedecieron a verdaderas necesidades del servicio y cuáles pudieron utilizarse para pagar favores políticos o aumentar burocracia.
Como si esto fuera poco, el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella ha anunciado una revisión de la contratación dejada por su antecesor, lo cual no solamente me parece legítimo, sino necesario. Todo gobierno que recibe la administración tiene el deber de establecer qué encuentra y cómo recibe las finanzas públicas.
Pero revisar no significa perseguir.
Los contratos estatales producen obligaciones para las partes y el cambio de presidente de la República no constituye, por sí solo, una causal para desconocerlas. La Ley 80 establece unas condiciones para la terminación unilateral de los contratos y exige que las decisiones de la administración estén debidamente motivadas. No basta, entonces, con que un contrato tenga la impronta del gobierno anterior para borrarlo de un plumazo.
Es muy cierto que si existen contratos celebrados irregularmente, sin necesidad, con personas que no cumplen los requisitos o utilizados para disfrazar relaciones laborales o favorecer clientelas políticas, deberán actuar los organismos de control y responder quienes corresponda.
Pero igualmente cierto es que una terminación masiva e indiscriminada de contratos legalmente celebrados puede abrir las puertas a reclamaciones judiciales contra la Nación. Y aquí aparece la paradoja: queriendo ahorrar recursos públicos podríamos terminar pagando indemnizaciones con los mismos recursos que pretendíamos proteger.
Los gobiernos pasan, pero el Estado permanece y responde. Por eso ésta no puede convertirse en una cacería de contratistas por razones ideológicas. Ni todos los contratos celebrados durante el gobierno Petro fueron necesariamente buenos, ni todos fueron necesariamente malos.
Revisar, sí; investigar, también; sancionar cuando corresponda, por supuesto. Pero siempre dentro de la ley.
Porque perseguir la corrupción es obligación de cualquier gobierno; perseguir contratos simplemente porque llevan el sello de su antecesor es otra cosa.
Colofón: El fin de semana pasado realizamos exitosamente la 5.ª versión del Festival Un Canto al Río: conversatorio sobre los problemas del Guatapurí, concursos de canciones alusivas al río, canto infantil y sembratón de árboles nativos en las laderas de nuestro hermoso afluente. Cinco años después, seguimos aprendiendo y enseñando a querer más la naturaleza.
Jorge Nain Ruiz Ditta
@jorgenainruiz
