Opinión
El cuerpo de las mujeres no es una política demográfica: decidir también es un derecho
Hay momentos en los que una región tiene que detenerse, mirar sus cifras y preguntarse qué hay detrás de ellas. Pero, sobre todo, tiene que recordar que detrás de cada cifra hay una vida, una historia, una mujer, una familia y un proyecto de futuro.
Eso es, precisamente, una de las grandes lecciones que deja la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolló del 18 al 20 de agosto de 2026 en Montevideo, Uruguay, convocada por la CEPAL.
La región está atravesando una transformación demográfica profunda. Pero esta transformación no puede analizarse únicamente desde las estadísticas. Detrás de cada nacimiento que no ocurre, de cada hogar que cambia, de cada persona que envejece y de cada familia que se transforma, hay decisiones humanas y derechos que deben ser protegidos.
Según el informe “Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública”, presentado por la CEPAL durante esta Conferencia y elaborado con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe se situó en 1,8 hijos por mujer en 2024. El informe también estima que para 2050 las personas de 60 años y más representarán el 25 % de la población regional, unos 182 millones de personas. Asimismo, las estructuras familiares han experimentado una profunda reconfiguración: el tamaño medio de los hogares disminuyó de 4,3 a 3,3 personas entre 2000 y 2024, mientras los hogares unipersonales casi se duplicaron y los monoparentales —principalmente encabezados por mujeres— aumentaron considerablemente.
Pero hay algo que no podemos permitir: convertir la baja natalidad en una excusa para volver a poner el cuerpo de las mujeres al servicio de las necesidades demográficas de los Estados.
No somos cifras. No somos tasas de fecundidad. No somos instrumentos para corregir pirámides poblacionales. Somos sujetas de derechos.
Durante esta Conferencia, la ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, puso sobre la mesa una verdad que como defensora de los derechos de las mujeres considero irrenunciable: las políticas públicas deben garantizar los derechos sexuales y reproductivos para que cada mujer pueda decidir si quiere tener hijos, cuántos y cuándo.
Y aquí debemos ser contundentes: ningún proyecto demográfico puede estar por encima de la libertad reproductiva. La maternidad debe ser una elección, nunca una obligación. La no maternidad también debe ser respetada. Y decidir cuándo, cómo y con quién construir un proyecto de vida debe formar parte de la libertad de cada mujer.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, adoptado hace trece años, continúa siendo una hoja de ruta fundamental para la región. Y el nuevo informe de la CEPAL reafirma la necesidad de avanzar hacia políticas públicas integrales, con enfoque de derechos humanos, igualdad de género, autonomía reproductiva, sociedad del cuidado, participación social e inclusión.
Esto nos obliga a mirar más allá de la natalidad. Porque si queremos que las mujeres tengan hijos —si ese fuera su deseo— tenemos que construir sociedades donde maternar no signifique empobrecerse, abandonar el empleo, renunciar al liderazgo o cargar solas con el trabajo de cuidados.
No podemos pedir más nacimientos mientras mantenemos sistemas de cuidado insuficientes. No podemos hablar de autonomía reproductiva mientras persisten barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
No podemos celebrar la longevidad mientras las mujeres mayores continúan enfrentando desigualdades económicas, sociales y de cuidado. No podemos hablar de desarrollo sostenible mientras las mujeres siguen sosteniendo de manera desproporcionada el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
La transición demográfica, por tanto, debe convertirse en una oportunidad para transformar las reglas del juego. La propia CEPAL advierte que el envejecimiento poblacional incrementará las demandas sobre los sistemas de pensiones, salud y cuidados. Y señala que el trabajo de cuidados continúa recayendo principalmente en las mujeres. Frente a esta realidad, propone avanzar hacia sistemas de cuidado de calidad, con corresponsabilidad social y de género y financiamiento público sostenible.
Por eso, cuando hablamos de demografía, también estamos hablando de igualdad. Una sociedad que envejece necesita sistemas públicos de cuidado sólidos. Una sociedad que quiere que las mujeres participen plenamente en la economía necesita corresponsabilidad.
Una sociedad que habla de igualdad necesita reconocer que el tiempo de las mujeres también tiene valor económico, social y político. El informe de la CEPAL plantea, además, un desafío que debería ocupar un lugar central en las agendas nacionales: el cierre de la ventana de oportunidad del bono demográfico. Según las proyecciones regionales, esta etapa concluiría en 2028, lo que hace todavía más urgente incrementar la productividad y fomentar la participación laboral de las mujeres en igualdad de condiciones.
Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria:
¿Cómo esperamos que las mujeres tengan más hijos si todavía no hemos construido las condiciones para que puedan hacerlo sin sacrificar sus proyectos de vida?
La respuesta no puede ser presión. No puede ser culpa. No puede ser imposición. La respuesta debe ser política pública. Educación. Empleo digno. Autonomía económica. Salud sexual y reproductiva. Sistemas integrales de cuidado. Protección social. Vivienda. Corresponsabilidad familiar y social. Participación política. Prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Eso es construir una sociedad verdaderamente sostenible.
Y hay otra afirmación que merece ser escuchada con especial atención. Diene Keita, directora ejecutiva del UNFPA, recordó durante la Conferencia que el cambio demográfico no puede reducirse a cifras: se trata de personas, sus derechos y sus aspiraciones. Las personas no son un problema demográfico que deba resolverse, sino la fuerza con la que construimos el futuro. Qué poderosa manera de cambiar la conversación.
Porque cuando dejamos de mirar a las personas como números y comenzamos a mirarlas como protagonistas, cambia también nuestra manera de hacer política. Las mujeres no somos el problema de la transición demográfica. Somos parte esencial de la solución.
Somos trabajadoras, cuidadoras, científicas, empresarias, campesinas, lideresas comunitarias, jóvenes, adultas mayores, madres y no madres. Somos diversas. Y necesitamos políticas públicas que reconozcan esa diversidad sin imponer un único modelo de vida.
Como activista por los derechos de las mujeres, creo que este es el momento de defender algo que no admite retrocesos: los derechos conquistados no pueden negociarse cada vez que cambian las estadísticas.
La región ha avanzado demasiado para regresar a la idea de que el cuerpo femenino pertenece a la familia, a la sociedad o al Estado. No. El cuerpo de cada mujer le pertenece a ella.
La autonomía reproductiva no significa promover la maternidad ni rechazarla. Significa garantizar que cada mujer pueda decidir libremente sobre su cuerpo y su proyecto de vida, con información, servicios de salud adecuados y sin violencia, discriminación ni coerción.
Ése es el verdadero desafío que tenemos delante. No necesitamos políticas que les digan a las mujeres cuántos hijos deben tener. Necesitamos políticas que garanticen que puedan decidir si quieren tenerlos, cuándo, cuántos y en qué condiciones. Porque el futuro de América Latina y el Caribe no puede construirse sobre cuerpos obligados.
Debe construirse sobre derechos, libertad, corresponsabilidad y dignidad. Y si algo debemos llevarnos de Montevideo es precisamente esto: No necesitamos más mujeres cumpliendo expectativas demográficas. Necesitamos más mujeres viviendo plenamente sus derechos. Ese sí es el camino hacia una América Latina y el Caribe más justa, inclusiva, resiliente y sostenible.
Beatriz Ramírez David
