Opinión
Al que no quiere caldo le dan dos tazas

Que Colombia es un país inmensamente rico, pero condenado a convivir con la pobreza por culpa de sus malos administradores y de políticas públicas equivocadas, es una afirmación tan repetida que ya parece un cliché.
Sin embargo, las cifras del DANE muestran que la pobreza monetaria disminuyó durante 2025 y se ubicó alrededor del 28 % a nivel nacional. Una noticia alentadora que contrasta con la escandalosa situación de departamentos como Chocó y La Guajira, donde la pobreza continúa golpeando a buena parte de sus habitantes.
Ahora bien, que disminuya la pobreza en las estadísticas no significa que los colombianos hayan dejado de sufrir cuando van al mercado. La carestía de los alimentos y la desigualdad siguen siendo preocupaciones cotidianas de millones de familias.
Y precisamente cuando los ciudadanos reclaman alivios para sus bolsillos, el Gobierno presenta su llamada Ley de Rescate Fiscal, que pretende aumentar el IVA de numerosos productos de la canasta familiar. ¡Al que no quiere caldo le dan dos tazas!
Según un análisis publicado por La Silla Vacía, productos como el queso fresco, las frutas, las verduras, el fríjol y la sal, que hoy no pagan IVA, pasarían a tener una tarifa del 19 %. El café, el azúcar, el chocolate, las harinas y las pastas también sufrirían incrementos.
Imagínense el desayuno de una familia costeña: arepa, queso, huevos pericos y un tinto. Hasta esa sencilla costumbre terminaría más costosa. Y ni hablar del almuerzo acompañado de un jugo de tamarindo.
El Gobierno sostiene que devolverá el IVA a los hogares de menores ingresos. En el papel, suena maravilloso. Pero ojo, buena parte de esa devolución dependería de que las compras se hagan con factura electrónica.
¿En qué país viven quienes diseñan estas fórmulas? ¿Será que desconocen cómo compran millones de colombianos en las tiendas de barrio, las plazas de mercado y los pequeños negocios donde muchas veces no existe semejante factura?
La Silla Vacía advierte que apenas el 43 % de las compras de los hogares más pobres se realizan en establecimientos que expiden factura electrónica. De modo que la prometida compensación podría terminar siendo mucho menor de lo anunciado.
Y como si esto fuera poco, la reforma también propone ampliar el número de asalariados que pagan impuesto de renta, mientras contempla una reducción gradual de la tarifa para las empresas.
No desconozco que las finanzas públicas necesitan correctivos ni que el Estado debe evitar una crisis de endeudamiento. Pero una cosa es rescatar las cuentas nacionales y otra pretender hacerlo encareciendo productos esenciales, confiando en mecanismos de devolución que todavía deben demostrar su eficacia.
De otra parte, no deja de resultar paradójico que quienes antes protestaban contra las reformas tributarias ahora tengan que explicar por qué consideran indispensables nuevos impuestos. Y quienes las defendían entonces encuentran hoy motivos para rechazarlas. ¡Qué facilidad tenemos para cambiar de principios cuando cambia el gobernante!
La iniciativa todavía debe discutirse en el Congreso. Ojalá nuestros legisladores recuerden que detrás de cada porcentaje hay familias que hacen cuentas para llegar a fin de mes.
Porque una cosa es que el Gobierno necesite rescatar las finanzas públicas y otra que los colombianos terminen preguntándose quién los rescata a ellos.
Colofón: En Colombia, la tal meritocracia para acceder a los altos cargos públicos a veces da risa. El gobierno anterior dejó transcurrir prácticamente todo su período sin culminar el proceso de selección de los directores regionales del ICBF, mientras el nuevo Gobierno ya aplazó nuevamente las designaciones y propone eliminar la obligatoriedad de los concursos públicos para conformar las ternas del ICBF, el SENA y otras entidades. ¿Será que los méritos de los aspirantes pesan menos que los intereses políticos? ¿O estarán esperando las próximas elecciones de gobernadores para repartir esos cargos?
Jorge Nain Ruiz Ditta






