Opinión
El eco de las armas y el silencio de la paz
En una época en la que el debate público suele reducirse a la polarización rápida, a los insultos de trinchera y al ruido ensordecedor de las redes sociales, detenerse a mirar la historia con altura de miras se vuelve un ejercicio casi revolucionario. Una fotografía histórica —la de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991— nos invita a hacer precisamente eso: apagar el bullicio por un momento y repasar de dónde venimos para entender lo complejo que es construir una nación.
En la imagen desfilan tres rostros que en su momento representaron corrientes ideológicas profundamente enfrentadas, y cuyas raíces políticas cargaban con el peso de la sangre y el conflicto: Álvaro Gómez Hurtado, de estirpe conservadora; Horacio Serpa Uribe, de raigambre liberal, y Antonio Navarro Wolff, procedente de la insurgencia del M-19.
Para dimensionar lo que significó verlos liderar juntos un pacto de paz y reorganización institucional, hay que mirar los antecedentes. Los partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, no caminaron precisamente por senderos pacíficos durante los siglos XIX y XX; cada uno acumuló en su haber más de ocho guerras partidistas. Desde los estragos de la Guerra de los Mil Días hasta los horrores de «la Violencia» política de mediados del siglo pasado —un enfrentamiento fratricida que cobró la vida de unas 300 000 personas—, la historia colombiana se había escrito con pólvora y exclusión.
De aquel dolor infinito brotaron intentos de reconciliación, como el pactado en el Frente Nacional (con hitos como el Pacto de Benidorm), un proceso del cual formaron parte directa figuras de la talla de Laureano Gómez, abuelo de Álvaro Gómez Hurtado, cuya dimensión política e intelectual ha quedado registrada en obras fundamentales como la biografía escrita por Juan Esteban Constaín.
Por su parte, el M-19 venía de una confrontación armada mucho más reciente y distinta, pero con el mismo denominador común: el deseo de canalizar las armas hacia la política. Que conservadores, liberales e insurgentes desmovilizados se sentaran en una misma mesa a redactar la Constitución de 1991 no fue un acto casual ni ingenuo; fue la constatación pragmática y urgente de que el país no resistía más ciclos de destrucción mutua.
El gran mensaje que deja este ejercicio de memoria es tan vigente como apremiante: de lo que se trata, una y otra vez, es de superar históricamente la marca indeleble de la violencia en la política. Frente al grito estridente de la coyuntura digital, la historia de la Constituyente recuerda que la democracia colombiana ha sobrevivido —y solo podrá avanzar— cuando sus contradictores son capaces de reconocerse, dialogar y anteponer el futuro del país a las trincheras del pasado.
Colombia arrastra más de dos siglos de guerra ininterrumpida desde los albores de su independencia. A lo largo de este dilatado trayecto, nuestros antepasados y nosotros mismos hemos sido testigos directos e indirectos de un persistente sabotaje histórico contra cualquier intento genuino de pacificación. No se trata solo de la confrontación en los campos y las montañas, sino de la incapacidad crónica de las élites para consolidar un pacto social duradero; cada vez que asomaba una salida negociada, las sombras de la traición institucional, el sectarismo y los intereses mezquinos terminaban dinamitándola.
Yo creo firmemente en la paz, porque la historia nos demuestra una y otra vez que la guerra solo engendra más guerra y miseria. Sin embargo, en pleno 2026, a diez años de la firma de los acuerdos de paz con las FARC —un hito que prometía cerrar el capítulo más largo del conflicto armado—, la realidad se muestra esquiva y desalentadora, sin vislumbrar con claridad una luz de esperanza. Las promesas de transformación territorial, justicia social y sustitución de economías ilícitas se han estrellado contra la burocracia, la persistencia de nuevos actores armados y la indolencia política, dejando una amarga sensación de que la paz sigue siendo una quimera aplazada.
Hace algunos días falleció Antonio Navarro Wolff, quien fuese el último copresidente de la Constituyente de 1991 que aún seguía con vida, y quien extendió su trayectoria política aún más que los otros dos. Fue militante del grupo revolucionario Movimiento 19 de Abril, congresista, ministro de Salud, secretario de Gobierno de Bogotá, gobernador de Nariño y alcalde de Pasto, su tierra. Pero además fue uno de los dirigentes de izquierda con más aceptación en la historia política reciente, aunque Gustavo Petro fue quien logró consolidar y ganar los dos puestos más importantes del país: la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Presidencia de la República. Navarro sobresalía por ser más pacifista y coherente, llegando incluso a oponerse a la propuesta constituyente del anterior mandatario.
En la vida existen muchas coincidencias, pero, analizando esta de la que les hablaré aquí en este texto, me parece una muy interesante o rara simultaneidad.
Álvaro Gómez Hurtado murió asesinado el 2 de noviembre de 1995 en la ciudad de Bogotá; Horacio Serpa Uribe falleció a causa de un cáncer el 31 de octubre de 2020, y, por último, Antonio Navarro Wolff, el pasado 1 de noviembre. Soy de poco creer en cosas externas o en las llamadas teorías conspirativas, pero es mucha casualidad que la muerte de estos tres políticos colombianos deje mucho qué pensar.
Me gusta mucho escribir y hablar sobre la historia inmemorial de nuestro país, así como opinar sobre las actuales guerras del mundo. Constantemente escucho opiniones divididas, unas coherentes y otras con un gran despropósito moral, donde por ideologías se aplaude como foca un genocidio y se sonríe ante una invasión, aunque esté en riesgo nuestra propia soberanía.
Camilo Andrés Cuadro
