Opinión

Editorial: La Minga indígena y las indiferencias que la rodean

Las manifestaciones de las etnias indígenas se han acaparado en las últimas semanas de la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, pero más por sus síntomas que por sus motivos.

En este movimiento que trasciende las fronteras departamentales del Cesar y se extiende a todo el país, muchas de las solicitudes deben estudiarse con minucia pero también ponerse en su contexto histórico y social.

La Minga indígena –o “gran reunión”–, iniciada en octubre del año 2013, se inscribe dentro de una serie de movimientos sociales que buscan una mayor comprensión y representación (como el paro campesino y minero), y replica el modelo de las manifestaciones sociales del 12 de octubre del 2008, cuando 60.000 indígenas salieron a las calles para reclamar mayores derechos en los que territorios bajo control indígena y las tierras prometidas el mismo año de la firma de la nueva constitución en 1991.

Todavía afectada por el conflicto armado, los pueblos indígenas reclamaban en aquel entonces mayores garantías frente a los abusos de grupos armados, los efectos del contrabando, así como el retroceso en las autonomías otorgadas.

Cinco años más tarde, el escenario ha cambiado. El presidente, la situación económica del país, su relación con el exterior, una gran parte de los gobernadores, son diferentes, y sin embargo los argumentos que mueven esta nueva protesta siguen siendo, en mayoría, los mismos. Señal innegable de un diálogo truncado e inconsistente con los poderes nacionales.

Hoy por hoy, la Minga indígena busca crear acuerdos de largo plazo sobre cinco puntos ya comentados en el año 2008: es decir (1) la defensa del territorio, como la base material e ideológica de las culturas; (2) el reconocimiento del gobierno propio, la autonomía de visiones y prácticas tradicionales que garantizan la supervivencia y convivencia; (3) la paz, como negación a la presencia invasiva de grupos económicos y armados en su territorio; (4) la necesidad de corregir los efectos de algunos modelos liberales y de acuerdos con el exterior; y (5) la voluntad de frenar o reglamentar seriamente el sector minero-energético que afecta los territorios indígenas y de todo el país.

Dirigido por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el movimiento expresa abiertamente la voluntad de crear una representación política desde abajo (es decir desde la ciudadanía), y además, con una visión global y nacional, teniendo como fin la integración con otros sectores (agrícolas, educativos o sociales), y evitando el aislacionismo.

Detrás de ese esfuerzo de coordinación nacional –la Minga indígena cuenta con 44 pueblos comprometidos en este proceso– y de diálogo, debemos valorar el ejemplo de madurez y de determinación mostrado por los pueblos indígenas.

La Minga no puede considerarse una amenaza a la democracia o el capricho de unos pocos, sino todo lo contrario: un llamado al diálogo necesario para crear más estabilidad y mejorar la convivencia dentro de Colombia.