Opinión

Los derechos fundamentales en Colombia

El 4 de Julio de 1991, cuando el presidente Cesar Gaviria Trujillo firmó la promulgación de la nueva constitución política de Colombia, los colombianos celebramos el establecimiento de unas bases sólidas para un nuevo país. Nuestros constituyentes instauraron en Colombia el Estado social de derecho, cuyo compromiso fundamental es garantizar los derechos esenciales de los ciudadanos para lograr una vida digna.

Desde este momento se instituyó principalmente la defensa de los derechos del ciudadano; los cuales en un principio fueron considerados como los derechos inherentes a la persona humana, por tal razón fueron llamados los derechos individuales, los cuales establece el título II capítulo I de nuestra carta política. Pero nuestra jurisprudencia, y en especial la de la corte constitucional, ha sostenido que el constituyente no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales, sino que fue su voluntad conferir simplemente un efecto indicativo a la ubicación y titulación de las normas constitucionales.

De acuerdo con este precepto se reconocieron como derechos fundamentales ciertos derechos sociales que son necesarios para que la persona humana cuente con una vida digna. De lo anterior podemos inferir que los colombianos tenemos una garantía hacia el respeto y la promoción de la persona humana, así como el desarrollo de las necesidades básicas e intelectuales. Por ello la misma constitución establece que los derechos fundamentales son de aplicación Inmediata y los consagra en su artículo 85.

Entre los derechos fundamentales encontramos los siguientes: la vida, la salud, la educación, no existirá desaparición forzada, torturas, ni tratos inhumanos o crueles, ser libres e iguales ante la ley, tener intimidad personal y familiar, tener libertad de conciencia, libertad de expresar nuestro y difundir nuestros pensamiento y opiniones, a la paz, a circular libremente, al debido proceso, a la conformación, ejercicio y control del poder político; entre otros.

Analizando nuestra bella Constitución desde su preámbulo podemos manifestar que es una constitución vanguardista que no sólo consagró a nivel constitucional los derechos fundamentales, del ciudadano, o como queramos llamarlos, sino que creó herramientas para garantizar su efectividad.

Sin embargo, analizando el diario vivir y la realidad del país, podemos concluir sin temor a equivocarnos que la intención de nuestros constituyentes –instituciones como el Estado social de derecho, la carta de derechos, democracia participativa, independencia de la justicia– son letra muerta, y en constante violación y vulneración por el mismo Estado colombiano.

De ahí que el derecho a la vida sea constantemente violado por grupos al margen de la ley (narcoterroristas) como por el mismo estado. La salud no está garantizada y se ha convertido en el negocio de los grandes políticos que son dueños de las EPS. La Educación es sacrificada y de mala calidad, existe desaparición y torturas por los grupos ilegales como por el mismo estado (con el caso de los falsos positivos).

No existe igualdad ante la ley, vemos cómo se condena un ciudadano del común a una alta pena por robarse un caldo de gallina y a grandes políticos que hurtan el erario público se les brinda la libertad condicional, casa por cárcel o penas irrisorias. No existe intimidad ya que el mismo Estado se encarga de chuzar a las personas de bien mientras que a los narcoterroristas no le realizan inteligencia. La libertad de pensamiento es coartada por el Estado y grandes líderes políticos toda vez que si no compartimos sus ideales somos considerados izquierdistas o facilitadores de la guerrilla. Y la paz que es tan anhelada y reclamada por todos en nuestro país, es torpedeada, atacada saboteada por los mercaderes de la guerra y por grandes dirigentes para convertirla en fortín político.

En este orden de ideas, nuestra amada, garantista y vanguardista constitución se ha convertido en un texto frío, empolvado y olvidado en los anaqueles de la historia, por eso se hace necesario que todos la defendamos, hagamos respetar y valer nuestros derechos para, de esta forma, construir un verdadero Estado social de derecho que garantice la dignidad humana, preserve las libertades individuales y reconozca, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos fundamentales, económicos, culturales y colectivos.

Diógenes Armando Pino Sanjur “MAY”