Opinión

Cultura patriarcal: causa de feminicidios en el Cesar

Beatriz Ramírez David

12/06/2014 - 11:10

 

Los últimos hechos de violencia contra las mujeres en el departamento del Cesar, nos pone nuevamente a pensar que la cultura patriarcal es uno de los graves problemas que enfrentan las mujeres en Colombia y en esta oportunidad quiero visibilizar la situación respecto a este tema en mi querido departamento.

Según informe del Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal, en lo que va corrido del año 2014, siete mujeres han sido asesinadas en el Cesar, y en cuatro de estos casos los causantes de los hechos son sus compañeros sentimentales o ex parejas, lo que evidencia una vez más que el sistema socio-cultural patriarcal, sigue considerando a las mujeres como propiedad de los hombres. Sin embargo, esto no quiere decir con esto que los hombres sean malos, sino que el contexto donde nos desarrollamos está naturalizando los hechos, para que ellos sean violentos con las mujeres. Entonces es importante trabajar para ir transformando los patrones de conducta desde el sistema educativo y la familia.

Estos hechos son indignantes y siguen demostrando que la violencia contra las mujeres no conoce de nivel educativo, social ni religión, y que antes que ocurra un feminicidio, la mujer ha sido víctima de diferentes formas de violencia que  hacen que ellas naturalicen la situación y no tengan confianza en los operadores de justicia, lo que permite que los hechos previos a un feminicidio queden en la impunidad.

Colombia cuenta con la Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan “normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, pero las medidas de prevención, atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencias no han comenzado a aplicarse de manera efectiva. El Estado continúa en fase de formulación de normas y procedimientos sin avances significativos en materia de aplicación para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias, permitiendo que las mujeres estén en exposición frente a los hechos violentos.

Desde la Mesa Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 se han realizado algunas recomendaciones como son:  dar cumplimiento al modelo de protección integral de la Ley mediante la adopción de medidas conjuntas en los ámbitos de justicia, salud, educación y trabajo para garantizar la vida e integridad de las mujeres, por parte de las autoridades competentes, con énfasis en la Fiscalía General de la Nación y los Jueces de Control de Garantías, que son actores que se han presentado como lejanos a las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Frente a este panorama desalentador me hago esta pregunta: ¿Cuántas mujeres más tendrán que morir para que se tomen medidas frente a esta realidad vergonzosa e indignante? ¿Por qué, en Colombia, en lugar de  ascender  progresivamente respecto  a los derechos humanos a favor de las mujeres, estamos retrocediendo y los avances se dan a paso lento y con poca credibilidad frente a las organizaciones de mujeres?

Vale la pena citar lo que en algún momento dijo Kofi Annan “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podemos afirmar que realmente hemos avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.

¿Será que Colombia está lejos de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias?

 

Beatriz Ramírez


Sobre el autor

Beatriz Ramírez

Beatriz Ramírez

Mundo en femenino

Administradora de Empresas, egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, estudiante de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas en Prigepp-flacso. Cuento con habilidades y competencias que me han permitido desarrollarme en las áreas de gestión humana, en los sectores públicos y privados. Con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo; con amplia experiencia como facilitadora en temas de Género, empoderamiento de las mujeres, igualdad de derechos e Inclusión Social, manejo de personal y trabajo social con comunidad en alto riesgo de vulnerabilidad.

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