Opinión

Derecho fundamental al agua

“Lo que embellece al desierto, es que en alguna parte esconde un pozo de agua“. Reflexión

Exigir que el Estado y los particulares respeten este derecho esencial en favor de comunidades se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, por el que las mismas tienen que exigir y hacer respetar manifestándose por medio de protestas y actuaciones de hecho, corriendo el riego de ser reprimidas por el adoquinado gobierno.

Nuestra jurisprudencia, a través de la sentencia de tutela 312 de 2012 de la Corte Constitucional, hace la relevancia del derecho al agua como fundamental, en sus componentes de tener acceso a ella, su importancia como factor de desarrollo de una vida digna y la misma salubridad pública.

Pero no sólo son estos presupuestos los que se involucran, de suma importancia es la adhesión de derechos iguales e inherentes como la Salud, Educación, Ambiente Sano, Protección a la diversidad étnica y cultural, bajo unas garantías mínimas como la disponibilidad, calidad y no discriminación para su distribución, suficientes para invocar protección y cumplimiento del derecho.

Actualmente, el país –uno de los más ricos en recursos hídricos de la región americana– está bajo el rigor injusto de escasez del elemento para servicio y alimentación de poblaciones y, por tanto, en dificultades para que libremente se otorgue bajo postulados mínimos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  ART. 11 Y 12 ( Colombia 1969) y la  Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1989 (Ley 12 de 1991), producto de una mala política de Estado que no acometió en su momento las acciones que requirieran la prevención y riesgos por los cambios climáticos, daños ambientales transferidos por la macro explotación minera, como el Cerrejón, Drumond y otros malos manejos agroindustriales.

Las consecuencias funestas apuntan a la aridez de grandes terrenos –que se recuperan ambientalmente en varias décadas y solo si se acometen reales y productivos programas de re-vegetalizacion–, pero el daño a las fuentes hídricas  superficiales y subterráneas ya queda hecho de por vida.

Es así que, quien primero atropella cualquier derecho fundamental concerniente al agua y su distribución, es el Estado por medio del gobernante de turno, dejando de cumplir con el precepto de servir públicamente a la sociedad, como lo promulgó para autocalificarse Estado Social.

En todo el territorio Nacional se vive una situación que amenaza ser caótica por cuanto la escasez de agua en cierta regiones cada día es más acusadora y conlleva a los aberrantes problemas comunitarios por encontrarla o recibirla mediante actos solidarios, hoy cuestionados por funcionarios; como el de la oficina de riesgos que aún enfrenta la dicotomía, si permitir que indígenas Wayuu reciban  y tomen el preciado líquido o como propone imperativamente, no entregarlo para que éstos seres humanos no contaminen con sus recipientes el ambiente desértico de la Guajira.

Y es ahora, que se replica en toda la nación la real situación de subsistencia de la nación Wayuu, cuya vida social se desarrolla en rancherías dispersas en el agreste suelo guajiro, alrededor de un jagüey epicentro de su desarrollo, allí almacena el agua lluvia que sostiene vida humana, pastoreo y algo de agricultura, entre periodo y periodo de normales lluvias, que infortunadamente han variado en los dos últimos años, trayendo a estos parajes calamitosa situación de hambre, desnutrición, enfermedades, alta mortalidad infantil y merma de la fauna.

Aunque el ciudadano accionando su condición de tal, pretenda aportar ayudas humanitarias, solo son paliativos que requieren de un programa de desarrollo social sostenible en cabeza del gobierno y que proponga solventar de manera inmediata y en el tiempo a las comunidades, en cumplimiento al precepto constitucional de velar y proporcionar los medios para el bienestar general de la nación.

Alfonso Suárez Arias

@SuarezAlfonso