Opinión

Editorial: ¿Una negación apresurada de los riesgos de la vacuna del VPH?

Tras el escándalo causado por el caso de más de 300 niñas de Bolívar supuestamente afectadas por la aplicación de la vacuna del Papiloma Humano, la reacción de los dirigentes costeños y colombianos no se ha hecho esperar.

Todos salieron a defender sin reservas la vacuna con un mensaje de tranquilidad pero sin el apoyo de pruebas claras y contundentes. El pasado domingo 31 de agosto, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos resaltaba su confianza: “La vacuna contra el virus del papiloma humano es segura y quiero hacer énfasis en esto… es segura. Así lo ha afirmado de manera reiterada la Organización Mundial de la Salud.

De la misma forma, el alcalde de la ciudad de Valledupar, Fredys Socarras, expresaba el martes 02 de septiembre la necesidad de mantener la calma: “Deben estar tranquilos sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano”, comentó antes de anunciar que se seguirá aplicando el medicamento hasta que se compruebe la causa de los efectos adversos.

Pero, ¿es ésta la forma más eficaz y ética de reaccionar ante una situación de crisis sanitaria? ¿Es esta la mejor manera de evitar que se extienda o agrave un daño colectivo?

Ante una situación de emergencia como la que se ha dado en Bolívar, seguir invitando a consumir un producto con grandes posibilidades de riesgo hasta que algún laboratorio entregue un eventual informe, es lo equivalente a invitar la gente a exponerse al riesgo y exigirles que lo hagan con calma.

En este caso debemos recordar que la función del Estado y de todos sus representes es, antes de todo, garantizar la seguridad de sus ciudadanos ante cualquier riesgo. Como bien lo expresó el docente y escritor Pablo Emilio Obando Acosta en una columna de opinión publicada en Las2Orillas, nos encontramos ante la renuncia del Estado frente a su deber de enfrentar las crisis sanitarias. “Lo más graves que el sistema de salud evade su responsabilidad ignorando y ocultando estos efectos imputando sus consecuencias a otros diagnósticos o cuadros médicos”.

Pero en este asunto es preciso rebasar las fronteras de Colombia y entender que la crisis causada por la vacuna del VPH no es un caso aislado. Muchos países occidentales en los que se ha tratado de implantar la vacuna de manera generalizada (u obligatoria) han conocido movimientos cívicos masivos en su contra.

En Francia, la prensa publicó recientemente el primer caso en el que los tribunales reconocen explícitamente la relación de causalidad de la vacuna del papiloma humano con daños en el sistema inmune. La chica de 15 años afectada podría ser la primera persona indemnizada por este motivo en el país galo.

Pero el mejor ejemplo es el de España donde opera desde el año 2010 la Asociación de las Afectadas por la Vacuna del Papiloma Humano (AAVP), una organización que exige transparencia y sentido común por parte del Estado a la hora de velar por la salud de sus ciudadanos, “máxime cuando ésta se ha puesto en riesgo como consecuencia de una decisión más política que médica: la de la inclusión de una vacuna innecesaria en el calendario vacunal de nuestras hijas”.

En referencia a la crisis que ha conocido recientemente Colombia, la AAVP emitió un comunicado titulado “Colombia necesita ayuda” en el que se critica vivamente la forma de actuar de las autoridades que –extrañamente– parece calcada a la de otros gobiernos enfrentados con la misma problemática.

“Se niega la evidencia incluso antes de obtenerla. […] Cuando surgen posibles daños por esta vacuna los responsables de Sanidad del país que sea -Colombia, España...- niegan de manera sistemática que haya sido la vacuna. Es "segura" repiten. ¿Siguen el manual de comunicación de los laboratorios productores?”, expresa el comunicado.

En resumidas cuentas, es preciso reflexionar seriamente sobre el modo de actuar frente a una crisis de estas proporciones y preguntarse lo siguiente: ¿Se está haciendo lo correcto para  proteger la vida de los conciudadanos? ¿Se está informando de manera  completa y humana a los afectados?  Y Como prevención, ¿no sería más indicado retirar las vacunas comercializadas hasta que el informe sanitario expresamente encargado confirme su nivel de peligrosidad?

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