Opinión

El control extorsivo

El control político es un mecanismo que la Constitución y la ley otorgan a los congresistas, diputados y concejales con el fin de exigir de manera transparente a los gobernantes y su equipo de gobierno, el ejerció de su gestión administrativa, del poder y su responsabilidad política.

Este control se debe adelantar de forma transparente, neutral, precisa, pública y oportuna para garantizar a los ciudadanos que la acción político-administrativa de sus gobernantes se ajuste a las disposiciones establecidas en nuestra constitución.

En muchos pueblos, este control se ha distorsionado y encontramos que muchos concejales (no en todos los municipios, ni todos los concejales, afortunadamente) han tomado esta figura para obstaculizar iniciativas, facultades y la aprobación de proyectos de vital importancia en sus respectivos municipios, so pena de prebendas y beneficios personales.

Por esto, el Procurador General de la Nación Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado afirmó que, con alta frecuencia, el control político de los Concejos se convierte en un control extorsivo para lograr beneficios económicos, burocráticos o de otra naturaleza.

Esto es cierto, pero también es innegable que una gran cantidad de honorables concejales ejercen a cabalidad el control político, por ello despliegan una verdadera fiscalización o revisión de las actividades adelantadas por el ejecutivo y la administración, lo cual incomoda a muchos mandatarios que hacen uso indebido de su poder y del erario, y por medio de prebendas, ayudas y beneficios burocráticos conforman coaliciones que le permiten evadir este control y adelantar su gestión sin vigilancia alguna.

Pero hay que recalcarle al señor Procurador que el control extorsivo no es sólo una modalidad de los concejales, sino también de los diputados y de los congresistas, asimismo de los mismos órganos de control, quienes en muchos casos olvidan su función fiscal, disciplinaria y penal, para exigir prebendas y beneficios a los mandatarios y así dilatar, retardar y hasta archivar las actuaciones que se adelantan contra ellos.

Es común encontrar en muchos municipios que los ciudadanos presentan quejas y denuncias contra sus gobernantes por irregularidades, malos manejos, celebración indebida de contratos o violación a las disposiciones legales, pero los órganos de control no actúan de manera diligente y con celeridad. Por eso encontramos que la Procuraduría ha impuesto 807 sanciones disciplinarias ejecutoriadas contra concejales, pero desafortunadamente una cifra irrisoria de sanciones contra alcaldes.

Esta realidad hace que los ciudadanos de bien y los concejales honestos duden de los órganos de control, o no tengan las garantías suficientes para ejercer con eficacia su derecho constitucional y legal de controlar las acciones de las administraciones y propender por el buen ejercicio y desempeño de su acción político-administrativa y, en el caso contrario, encontramos alcaldes maniatados por esta extorsión de parte de concejales y órganos de control.

Por eso se hace necesario, señor procurador, realizar los correctivos al interior de su entidad para garantizar a todos los colombianos que sus quejas y denuncias sean atendidas de manera oportuna, eficiente, y conforme a la ley, para de esta manera certificar el adecuado funcionamiento de las administraciones, caso contrario debemos acostumbrarnos al creciente ejercicio del control extorsivo no solo de los concejales sino de los órganos de control.

Diógenes Armando Pino Sanjur