Opinión

Del abuso de la ley

“Si es legítimo usar los derechos que la ley concede, no lo es abusar de ellos”.

La actual sociedad se está desarrollando dentro de unos estereotipos de violencia, que bien pueden enmarcase dentro de esa percepción del  abuso como patrón directriz que utiliza el poder para mantener el control sobre las personas en las acciones físicas, sexuales, emocionales y hasta económicas inherentes a la dinámica evolutiva del comportamiento social generalizado.

Y es el abuso del poder por parte de quienes ejercen autoridad en el conglomerado, la fuente principal para el surgimiento de la corrupción y la perversidad moral, y que comiencen a coexistir como elementos adheridos a la misma institucionalidad en su obligación de propender por el bienestar general.

No se pude olvidar que la autoridad es precisamente el poder en una persona o institución, delegado por un acuerdo social que en su afán de mantener un ordenamiento crea convenciones, reglamentos o leyes. El abuso de ese poder está en su uso ilegitimo por parte de determinados funcionarios públicos en ejercicio de un cargo, cuya injustificación permite causar daño o explotar solamente a su favor las condiciones sometidas de los gobernados.

Ahora, la Ley es la base que da razón a una persona para que, al desarrollar sus actividades, lo haga con la certeza que no está perjudicando a terceros. Si este hecho no se da en su atributo, entonces se actúa fuera de la ley y merece un castigo y una reparación por parte del victimario, pero va mas allá y es la interpretación que se le pueda dar al enfrentar dos máximas del derecho romano que estiman a “quien usa de su derecho, no lesiona a nadie” vs “no hay que ser indulgentes con la maldad” lo cual da origen a la teoría del abuso del derecho, aun hoy en día tema de continuo ejercicio interpretativo por juristas, pero escenario real en el comportamiento del Estado y sus asociados.

Efectivamente, la Ley ha concedido el ejercicio de ciertos derechos a los gobernantes elegidos y a los funcionarios nombrados para mantener ese ordenamiento jurídico, social y político del Estado, reconocido como un fin justo y útil a través de un medio aceptado e impuesto por las mismas gentes, pero cabe hacer la afirmación que realmente ese ejercicio de gobernabilidad ha traspasado los límites de la buena fe, favoreciendo la maldad como consecuencia inmediata que trastoca el justo y normal desempeño social y avoca por implementar un esquema de comportamiento alejado de las buenas costumbres y la búsqueda de la felicidad total como principio fundante de la asociación humana.

Colombia, bajo el imperio del abuso, entendiéndose esto, como la aplicación ilegitima o extralimitada de facultades concedidas transitoriamente a ciertas personas, asume continuamente el riesgo de perder ese espíritu que da la seguridad jurídica por el respeto a los derechos de la colectividad, por culpa de  aquel Fiscal, Juez o servidor público que  ha caído en la tentación demagógica y perversa de no separar esa actividad puramente política pretendida de ganar clientela, del cumplimiento objetivo y normatizado constitucionalmente que propende por la justicia, la igualdad y la equidad.

La paz es consecuencia inmediata de esa justa regulación entre el debido respeto a la ley y al ejercicio de los derechos aplicado por los gobernantes de turno con el comedimiento y sobriedad capaz de mantener la identidad de la política, la justicia, el desempeño social actuando conjunta y simultáneamente, pero divididas en su esencia funcional de tal modo que cierra puertas al abuso.

Alfonso Suárez Arias

@SuarezAlfonso