Opinión

¿Hemos olvidado que la vida es un derecho inviolable?

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Artículo 3 de la declaración de derechos humanos (1948). “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Artículo 11 Constitución Política de Colombia.

No puede caber la más mínima duda de que entre el conjunto de los derechos humanos, es el derecho a la vida el más importante de todos, de hecho es la razón de ser de los demás derechos. ¿Qué razón tendría garantizar derechos como el de la cultura, la propiedad, la religión, la libertad, entre otros, si la persona a quien se le garantiza está muerta?

En ese sentido es importante preguntarse ¿Qué está haciendo el Estado para garantizar tal derecho a los colombianos?, ¿Cuáles son las políticas públicas que se están implementando en la ciudad de Valledupar por ejemplo, a objeto de salvaguardar la integridad física del conjunto de la ciudadanía vallenata?

Creo que las políticas públicas existentes no son suficientes y han demostrado ser ineficaces, como lo evidencia el hecho de que cientos de niños mueren por enfermedades que son prevenibles y por desnutrición, a pesar de la existencia de millonarios recursos disponibles para evitar que esto suceda. De igual forma, cuando a una persona se le niega el acceso a la salud, llegándose al extremo del nefasto paseo de la muerte.

Es justo y necesario que empecemos a mirar, de manera responsable, este tema y que se empiecen a diseñar e implementar políticas públicas orientadas a despertar conciencia ciudadana frente al respeto a la vida digna, donde el ser humano sea el centro y no la rentabilidad financiera o el cálculo económico.

Es importante desarrollar procesos pedagógicos articulando a las familias, las instituciones educativas, el sector empresarial, el gobierno, entre otros, desde el principio de corresponsabilidad, que coadyuven a la construcción de un mayor y mejor tejido social donde aprendamos a aceptemos unos a otros con nuestras propias diferencias de credo, de raza, de orientación sexual y de concepción ideológica y política.

Arrebatarle la vida a otra persona, es una acción producto de una sociedad intolerante, agresiva y violenta, pero que no se reduce sólo a la agresión física, por lo que debemos reconocer que también existen la violencia estructural, la psicológica y la cultural, las dos últimas silenciosas pero no menos nocivas.

Estas formas de violencia se han convertido en un común denominador en nuestra sociedad, convirtiéndose en un perverso círculo vicioso. Por medio de la violencia estructural se condena a miles de familias a la pobreza y la indigencia, mientras que se amplía la concentración de la riqueza en pocas manos. A través de la violencia psicológica se excluye y se ataca el autoestima de la persona a través de estereotipos que se construyen a través de los medios de comunicación cuyos contenidos reivindican al mafioso, al embaucador, al asesino, al estafador, al corrupto, y crea un imaginario de agresión, el cual se refleja en el comportamiento violento de muchos niños y jóvenes, como es el caso del bullying o matoneo escolar. Estos factores conllevan a la degradación de nuestra sociedad, una sociedad intolerante, agresiva y violenta.

Paradójicamente, la misma institucionalidad que debe estar al servicio del ser humano y de su dignidad como sujeto de derechos, es la que pone a nuestra sociedad contra las cuerdas en la medida en que alimenta de manera sistemática las desigualdades sociales que ponen en conflicto a las distintas clases y sectores.

Es por ello, cuando en casi todo Valledupar y el Cesar se viene hablando de candidaturas a las distintas corporaciones públicas, a la Gobernación y las alcaldías, es necesario que la ciudadanía exija de quienes aspiran a ocupar estos cargos, sean dignos y genuinos representantes del interés general y no del mezquino interés personal o el cálculo económico. Debemos hacer causa común para que el compromiso de quienes aspiren a ser nuestros dirigentes sean verdaderos líderes, personas comprometidas con la construcción de unas ciudades y un Departamento más humano.

No deben ser las cifras que reposan en las cuentas bancarias las que legitimen y viabilicen las distintas aspiraciones que muchos candidatos puedan tener, sino el grado de compromiso social impreso en cada propuesta de campaña.

Valledupar y el Cesar no pueden seguir eligiendo a las distintas corporaciones a simples calabazos con chequeras, muchas veces representantes de estructuras mafiosas  que secuestran los distintos presupuestos departamental y local y que flaco favor le hacen al desarrollo del Departamento y la ciudad, sino que por el contrario, debe elegir propuestas que apunten a la implementación de políticas que permitan avanzar hacia la construcción de una sociedad civil respetuosa, tolerante, amable y acogedora donde la vida sea ese derecho que nadie se atreva a violentar y donde se respete y proteja el medio ambiente y el ecosistema.

José Luis Sierra “Chilavert” 

simenjol@hotmail.com