Opinión

Un magistrado despreteltgiado

La honorable Corte Constitucional es el máximo órgano al cual se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la constitución política de Colombia, en otras palabras, este tribunal es el encargado de garantizar que no sea vulnerado el conjunto de reglas, que establece la forma en que debemos comportarnos todos los colombianos, para que exista bienestar y vivamos en paz. En la actualidad, esta corte es cuestionada y puesta en la palestra pública por culpa de un supuesto caso de corrupción.

El pasado 4 de Febrero, luego de la elección del nuevo presidente de la corte constitucional, el país conoció uno de los casos más graves y aberrantes de la justicia colombiana: la presunta exigencia de un soborno de 500 millones por parte del recién elegido presidente Jorge Pretelt Chaljub para favorecer en el trámite de una Tutela a la firma Fidupetrol.

Este caso salpica una institución trascendental de la vida jurídica del país, que violenta la moralidad pública y coloca en tela de juicio la justicia de Colombia. Como debe ser, trascendió y se convirtió en noticia nacional, el salpicado magistrado Pretelt salió en su defensa, aduciendo en su momento, que es un asunto político, argumentando que estos señalamientos van dirigidos a la “incidencia que tendrá quien lo remplace en la elección del próximo Registrador Nacional y como se lleven los comicios de los próximos 4 años”.

Pero a pesar de esta primera declaración, las denuncias contra el magistrado Pretelt no cesan, por el contrario se incrementan, toda vez que sale a la luz pública que el magistrado aparece como propietario de 5 fincas, de las cuales 3 son reclamadas por victimas de desplazamiento, pero más grave aún es que una de ellas, presuntamente ha sido adquirida por su esposa a un exjefe paramilitar y después vendida a Pretelt.

Debido a todas estas escandalosas denuncias, la Comisión de Acusaciones de la Cámara decide abrir investigación al Magistrado Pretelt por el caso de Fidupetrol y la Fiscalía General de la Nación decide llamar a indagatoria a su esposa por la adquisición de las fincas.

El magistrado Pretelt pese a las graves denuncias y pruebas que salieron a la luz pública (grabaciones, escrituras y declaraciones entre otras) decide no renunciar, sino pedir una licencia, la cual es negada por el senado, al mismo tiempo sus compañeros de corte, al igual que la clase dirigente del país y la inmensa mayoría de colombianos exigen su renuncia inmediata.

El magistrado Pretelt contrario al sentir y pedido nacional de su renuncia, se llena de soberbia y se obstina a seguir atornillado a su cargo, aduciendo su presunción de inocencia, para eso decide dar declaraciones a un medio de comunicación acusando al fiscal de orquestar las denuncias, pero reconociendo la reunión con el abogado de fidupetrol, salpicando a otros magistrados, pero negándose a renunciar y sentenciando que si renuncia se deben ir todos los magistrados de la Corte Constitucional.

Este presunto acto de corrupción amerita retirarse del cargo, y esto no violenta su derecho de presunción de inocencia, puesto que el magistrado tendría todas las garantías procesales para hacerla valer y él conoce de ello como abogado. En el caso contrario, la decisión de Pretelt de mantenerse en el cargo cubriría con un manto de duda y en una crisis profunda la institucionalidad y salpicaría la transparencia del alto tribunal. Por eso es necesario que Jorge Pretelt sea razonable, tenga dignidad y renuncie. Sería inconcebible que por un magistrado despreteltgiado acabáramos las instituciones.

Diógenes Armando Pino Sanjur