Opinión

La otra cara de la lucha contra el mototaxismo

Valledupar es una ciudad donde la oferta laboral privada es casi nula, el pueblo subsiste de la oferta pública de empleo, un reducido margen del sector minero y el comercio en cuotas muy precarias.

En su gran mayoría el asalariado vallenato no tiene prestaciones sociales, ni seguridad social, es decir no goza de las garantías laborales plenas ofrecidas por las leyes colombianas, ni que decir del que vive en el rebusque.

 En medio de esta realidad, los jóvenes en edad de producir y ante la ineficacia del sistema público de transporte ven en el mototaxismo una alternativa laboral, una forma digna y honesta de ganarse la vida y ofrecer a su familia los ingresos mínimos para su subsistencia.

El estado garante del empleo de sus ciudadanos, veedor y responsable del bienestar social, califica de ilegal esta forma de transporte. Ante la ineficiencia de su sistema de transporte y de su falta de organización y gestión para garantizar empleos dignos, reacciona con medidas represivas contra estos honestos ciudadanos, los cuales son tratados a diarios como delincuentes, el abuso raya en el atropello contra la propiedad privada, la cual fue limitada por un plumazo, el derecho al goce, disfrute y abuso de los bienes de propiedad del ciudadano son limitados al disfrute de un sector reducido de su núcleo familiar, siempre que el que vaya al volante  sea el titular de la propiedad del vehículo.

Ante estas medidas restrictivas el drama humano recorre a diario las calles de Valledupar. En este escenario encontramos el rostro de satisfacción del deber cumplido del policía, que despoja al moto taxista de su vehículo y lo sube a una cama baja directo a los patios del tránsito y por el otro lado la tristeza cargada de impotencia del padre que ve, como los llamados a proteger su derecho, lo despojan de su herramienta de trabajo condenando a su familia al padecimiento. El policía se marcha en su moto oficial con la estadística al 100% y el moto taxista se queda sentado a la orilla de la carretera llorando la injusticia, pensando en los tres hijos que dependen de él, sabe que son las 10 de la mañana y que a las 12 regresan del colegio y que deben comer, pero que en esa cama baja se fueron las esperanzas.

Ni qué decir cuando llegue a su casa, quizás su esposa con padecimientos de salud, su señora madre, en fin todo un drama. Sin embargo en las calles de Valledupar siguen circulando muchas motos con la complacencia de la fuerza pública y en casa de policías y jerarcas castrenses en las noches llegan moto taxistas a llevar el producido del día.

La autoridad civil sostiene su posición bajo el argumento de la ilegalidad del mototaxismo, paradójicamente estas autoridades civiles y militares, son complacientes contra otras modalidades ilegales de trabajo, las cuales se organizan y estructuran de forma criminal, mientras se persigue al moto taxista con afán por las carreras y avenidas de Valledupar, la policía transita ciega por la calle 44, los Barrios Primero de Mayo, 12 De Octubre, San Martin, 7 de agosto, avenidas los militares y  el barrio fundadores donde se expende gasolina venezolana ante la vista pública. A diario el valle es inundado de hidrocarburos transportados en camiones invisibles por las principales vías de la capital del Cesar.

Esta es la realidad de Valledupar, un estado muy particular, donde la conducción de motocicletas es un delito y el transporte y expedido de gasolina de contrabando es legalmente aceptado. La ciudadanía vive de espaldas ante este flagelo, sin tener en cuenta que el moto taxista es su hermano, su primo, cuando mucho su vecino y que la ciudad pierde al año 15 mil millones de pesos por la sobre tasa a la gasolina reducida a 3 mil millones de pesos por el incremento del contrabando de combustible.

Wladimir Pino Sanjur