Opinión
¿Solidaridad o compasión?
“Hemos aprendido a nadar como los peces, volar como los pájaros, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”.
Solidaridad, para el Derecho significa el establecimiento de una relación de responsabilidad que se comparte entre individuos y que responden jurídicamente ante obligaciones que nacen de ahí, para la Iglesia se asemeja más al sentido moral, por cuanto acerca su definición al concepto ético de ayuda mutua o desprendimiento participativo del adepto con sus semejantes iguales.
En la Constitución política de Colombia, se contempla en el primer artículo como el principio fundamental del Estado social de derecho, definitorio del deber de todo ciudadano de vincular su propio esfuerzo y actividad al beneficio e interés general de la colectividad.
La Corte Constitucional en especial y las otras, describen redundantemente el término, en la promulgación de sentencias, como principio esencial del desarrollo general pretendido desde la misma ley 100 para que se logre socialmente cierta sostenibilidad, eficiencia y se garantice la protección de los derechos fundamentales, dentro del marco filosófico que se le dio a la carta política.
Realmente lo que se intenta es incorporar a los particulares al cumplimiento de metas sociales, eliminando la concepción paternalista del gobierno, que subyuga al pueblo a ser dependientes para cualquier fase de desarrollo, aparte de la obligación de socorro y asistencia particularizada, creada para las entidades públicas o funcionarios por su simple condición de servidor público.
Desde éstos puntos de vista, cuando la comunidad se manifiesta solidariamente con coyunturas anormales de la población, está asumiendo ese papel de cumplidor de deberes que la misma constitución le ha impuesto, compensatorios a su vez de la obligación del Estado para con el pueblo, es como un dame y tenga de ciudadanos enfocados a disfrutar en conjunto una sociedad equilibrada.
Pero, no siempre el Estado tiene la capacidad de acometer por el bienestar de ciertos grupos, que terminan marginándose del desarrollo y sufriendo consecuencias adversas en salud, alimentación, economía, y que mediáticamente se adhiere el ciudadano-donante, confundido con un posible acto de altruismo o generosidad momentánea muy alejado de la objetividad que puede tener un programa de ayuda humanitaria sobre bases sostenibles de desarrollo social.
Las situaciones actuales presentes en el país consecuencia de la deportación masiva desde Venezuela, despiertan en algunos ese sentimiento compasivo concibiendo que con un día y una dádiva se le va a cambiar al oprimido su estatus desventurado y calamitoso.
Y aunque la ayuda no viene mal, sí es de carácter urgente que los organismos Estatales acometan la revisión e implanten modelos sociales y económicos que absorban inmediatamente el impacto y compongan en el pueblo la esperanza que da la Constitución, cuando tajantemente decreta, sanciona y promulga el respeto a la dignidad humana, trabajo y solidaridad para obtener la prosperidad general.
Si bien es cierto, que tal decisión de un orate compungido causa una real crisis humanitaria reveladora de flagrantes violaciones de los derechos humanos, tampoco se puede olvidar el poder soberano de los pueblos dentro de su territorio y el derecho a vivir bajo las leyes y sistema de gobierno legitimado por sus mismos ciudadanos.
En este mundo cambiante cuya ideología es el dinero y la corrupción, promovido y protegidos por gobernantes intentando relevar el sistema social, no sabríamos inferir si sea válido manifestar la solidaridad efectivamente en aquellos desprotegidos, despojados de sus haberes e incluso de sus familias concebidas en ese intercambio internacional o tener las consideraciones de compasión hacia aquellos expulsores sostenidos por su nacionalismo emergente ante su propia miseria.
Alfonso Suárez Arias
