Opinión

Al voto podrán pagarlo, pero no comprarlo

De los once delitos electorales contemplados en el código penal, la trashumancia y la corrupción al elector son las dos prácticas delictivas más protuberantes en el Caribe colombiano, afortunadamente el Concejo Nacional Electoral (CNE) tomó medidas drásticas sobre la trashumancia y anuló un alto porcentaje de las cédulas inscritas con las que se pretendía alterar los resultados electorales en la gran mayoría de los municipios de la costa. La compra de votos en cambio, es un capítulo sin resolver al que las autoridades deben dar mayor atención.

Las modalidades de compra de voto son tan variadas y complejas que las autoridades electorales hasta ahora no han podido ponerle freno, ya que los políticos que la practican son tantos y tan astutos y usan tantas formas de hacerlas que prácticamente, sin la ayuda del votante, es difícil de detectar. El voto se compra con un nombramiento, con una prestación de servicio, con un pequeño contrato, con  un mercado, con una lámina de zinc, con una bolsa de cemento o con los cincuenta mil pesos en que han tasado su valor.

Hay una verdadera mafia, una empresa criminal, que en cada municipio actúa en ese mercado persa, en que los políticos han convertido las elecciones y en que los aspirantes a alcaldía y concejo y los políticos locales participan, corrompiendo al elector, en una carrera desesperada por llevarse el triunfo electoral.

Hay una franja de electores, que por necesidad, por vicio o por creer que el político es corrupto y que por tanto hay que cobrarle el voto, que se prestan para este juego que atenta contra la democracia. Las autoridades electorales, ya lo he dicho, no han podido controlar este delito ya que la única manera de hacerlo es la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana, pero mientras comprador y vendedor se alíen clandestinamente, es difícil detectar y sancionar.

La compra venta de votos se da cuando alguien paga a otro por el voto y hay quien lo venda. Aquí se pueden dar dos casos, que quien venda sienta algo de simpatías por el candidato que paga o que le sea indiferente. El que siente simpatías honra su compromiso consignando su voto por el comprador, es decir el negocio se cumple a cabalidad, recibe su pago y entrega el voto. Pero cuando el comprador no simpatiza con el candidato que compra, pueden ocurrir dos cosas: que el  vendedor cumpla y consigne su voto o que tome el dinero y vote por el que le dé la gana.

Son las condiciones subjetivas mencionadas en el párrafo anterior las que podrían dar solución a este grave problema, solo se necesita la voluntad sancionatoria del posible vendedor y consiste en que éste con dignidad y sentido ciudadano diga “No, no vendo mi voto, mi voto y mi conciencia no tiene precio.” Y denunciar ante las autoridades la acción del corrupto. Sabemos que hay muchos votantes que están viciados y que participan voluntariamente en este delito y que por lo tanto saldrán a vender su voto, pues ven en esta acción la manera de hacerse con unos pesos por cumplir con lo que debe ser deber ciudadano.

Esos que están viciados, los que participan voluntariamente en la venta de votos, también tienen en sus manos la manera de sancionar a los políticos corruptos golpeándolos donde más les duele, en el bolsillo, y esto lo pueden hacer recibiendo el dinero o la dádiva como tienen por costumbre y votar por el candidato de sus preferencias. Con esto se demostraría que el político corrupto puede pagar el voto pero no comprarlo pues al fin y al cabo, el elector, corrupto o no, entra al cubículo solo y deposita el voto en secreto, con ello no lo pueden controlar ni obligar a votar por quien no quiere votar.

Este sería un control efectivo contra la compraventa de votos y un castigo silencioso a los corruptos porque así quedaría demostrado que “Podrán pagar el voto pero no comprarlo.”

Diógenes Armando Pino Ávila