Opinión

La guerra perdida en las cárceles del país

Una vez más sale a la luz pública lo que parece una guerra que a nadie le importar. Además, de entrada está blindada por los sindicatos que tienen un gran negocio, que no quieren renunciar y menos ser judicializados y pasar de ser guardianes a presos, porque ya saben el agua que los moja.

La olla podrida del INPEC está en su máximo nivel de hervor, y muy pronto tendremos una debacle carcelaria que ya dio sus primeros pasos en el centro de reclusión en Valledupar y el amotinamiento en otras cárceles que dan cuenta de la crisis que allí se vive, que es real, no es un invento alarmista, ni fatalista, y donde los medios de comunicación solo llegan hasta la reja de entrada del penal.

La cárcel como modelo resocializador

Esa figura no existe en nuestro país, las cárceles son lugares donde se pierde el sentido de la vida y el respeto por el otro, es una carnicería humana, donde impera la ley del más fuerte a todo nivel con los llamados caciques de patios, que son una extensión de la corrupción de los guardianes, y donde el silencio es la única ley que mantiene vivo el orden. Todos ven y viven la barbarie, pero nadie dice nada, y pareciera que se cumple al pie de la letra el dicho popular “las paredes tienen oídos”.

Resocializar a un preso condenado por cualquier delito, es una tarea para la cual no está preparado el estado colombiano, cuando tiene dentro de su política la fuerza coercitiva, a sabiendas de que esas medidas no sirven de nada en los diez o veinte años de condena impuestos al supuesto infractor de la ley.

El rechazo social

En nuestra cultura por desgracia, no es bien vista a una persona que haya salido de la cárcel, es señalada, aislada, no tiene cabida en la sociedad, no tiene oportunidad de emprender una nueva vida, y esa indiferencia social duele y condena aún más a las personas que quieren reivindicarse. Decir que mi hermano o cualquier familiar está en la cárcel, causa pena, vergüenza, se juzga sin saber por qué padeció esta desgracia. Hay quienes están en la cárcel por un error de los jueces, por un mal procedimiento y son inocentes, pero a la sociedad eso no le interesa, tienen el rótulo de reo.

El preso político

Con estupor y rabia, la sociedad ve cómo hasta en las condenas hay privilegios y concesiones para los que saquean las arcas del estado, para los que se aprovechan del dolor ajeno para su beneficio personal. No sé cómo se le puede llamar, o como los jueces dictan una condena por el mismo delito (hurto o robo) a una persona de a pie, a un político cualquiera.

Ejemplo: un hombre llega a una tienda, no tiene dinero porque hace una semana lo despidieron del trabajo, y su hija necesita desayunar porque, la noche anterior se acostó sin probar alimento alguno, no aguata ver a su hija con hambre un día más y toma la decisión de coger dos bolsas de leche y salir corriendo, con la desgracia de que es capturado por la policía tres cuadras adelante con la prueba en la mano.

La ley dice que es un robo premeditado y debe condenarlo por la falta a 2 años de cárcel. Desde ese mismo momento empezó la tragedia de su vida y la de su familia porque para poder sobrevivir en una cárcel cualquiera del país necesita obligatoriamente dinero desde el momento mismo en que le abren la reja para ingresar al penal y pagar por el supuesto delito, y es donde empieza el calvario y el infierno por tomar las bolsas de leche para alimentar a su hija que tiene hambres atrasadas.

Sin embargo, si el delito es cometido por un político, la ley se vuelve perniciosa, lenta, la de los ojos ciegos, audiencia tras audiencia, dilación del proceso, hasta llegar a vencimiento de términos y después el estado debe pagarle al político ladrón una indemnización millonaria por daños y perjuicios según las demandas de sus abogados, por faltar a la honra y el buen nombre de su cliente y todo quedó arreglado, mientras el condenado por las bolsas de leche después de haber cumplido su condena, sale con el alma hecha pedazos, dolido con la sociedad, con el mundo, perdió dos años de su vida alejado de su familia, soportando todo tipo de vejámenes en la cárcel, y sin ninguna posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, pues en los archivos del estado aparece su pasado judicial, y de entrada le niegan la oportunidad de volver a vincularse laboralmente y pasa automáticamente a la lista de los trabajadores informales, los mismo que persigue el estado.

En contexto

Las cárceles de nuestro país, son una bomba de tiempo, ya se les está agotando el tiempo y las medidas correctivas son estructurales, que no dan lugar a más esperar. 79 sindicatos ponen en jaque cualquier medida de cambio, porque los intereses al interior de las instalaciones son muy grandes y millonarios, hay mucha gente involucrada en este esperpento llamado INPEC, tanto la policía, la guardia, como los civiles adentro y afuera de la cárcel.

138 establecimientos penitenciarios en todo el país y no hay atisbos de construir uno nuevo, pues de entrada ya tendría sobre cupo, porque el nivel de hacinamiento es vergonzoso; instalaciones para quinientos presos, hoy tienen mil quinientos, con otro mal encima, que son instalaciones viejas, construidas hace más de cuarenta años, para la población de esa época, desconociendo la proyección de crecimientos de las ciudades en los últimos veinte años.

El descuido en los servicios de salud y sanidad son apabullantes, que dan para cerrar una docena de cárceles, pero ahí viene el otro problema ¿para donde los trasladan? si las otras cárceles están atestadas y con los mismos problemas fitosanitarios. Pero los contratos con la liquidada EPS Caprecom si eran rentables y jugosos, en el papel, porque en la práctica ese dinero quedó detrás de las rejas de los bancos, mientras se morían los reclusos esperando la atención a la que tenían derecho y por la que el estado ya había pagado, y la pregunta es ¿Por qué no están en la cárcel los dueños de Caprecom? ¿Por qué la justicia solo actúa para los de ruana y no para los de cuello blanco que son los que se ponen el país de ruana?

Eber Patiño

@Eber01