Opinión

Choque de trenes

¿Es el Derecho una técnica para implantar justicia o es ciencia que estudia y concluye en justicia?

Cuando alegóricamente se habla de ésta figura dinámica, un choque, aparte de imaginar una luctuosa tragedia también hace  alusión a sucesos jurídicos que acontecen a raíz de la toma de decisiones o determinaciones por una de las altas cortes o cualquier entidad pública representativa del Estado, emanados en buena parte de los vacíos e inconsistencias de la Constitución de 1991, que afecta a otra de su mismo rango generalmente y que trasciende  el respeto a las reglas del juego constitucional y de la colaboración entre los poderes.

Lo espinoso  del asunto no es que una Institución del poder público libere un dictamen que pueda contrariar a otra. Eso en nuestro sistema de separación de poderes sería más o menos normal y tolerado. Lo dogmáticamente pernicioso es que, a raíz de tales decisiones se produzcan enfrentamientos verbales o de hecho, cuyos protagonistas sean los dirigentes que la democracia ha ensalzado con los más altos cargos.

En el Estado Social de Derecho, orgullosamente voceado por los ciudadanos exponiendo sentimientos nacionalistas, se admite la revelación de  divergencias conceptuales en temas referidos a la legislación o aplicación de la justicia, dentro del ejercicio político que regula la conducción de la nación, y más cuando el poder tripartida implementado en nuestra Constitución, en cabeza del Congreso, el Gobierno y las Altas Cortes: ostentan la función pública de organizar equilibradamente la manifestación de la soberanía y la acción del poder controlándose entre ellos mismos.

Los argumentos de la Procuraduría son atacados por la Fiscalía, Las sentencias de la Corte Constitucional son cuestionados por los conceptos del Consejo de Estado, El Congreso difiere con el Ejecutivo o a la inversa,  casi siempre en cabeza de sus rectores quienes mediáticamente se pronuncian con el afán de apabullar dialécticamente al contrario.

Y mientras obcecadamente los titulares de  esas instituciones, se trenzan en esa polémica competitiva, exponen al país en general a cuestionar la seguridad jurídica y la fundamentación social del comportamiento legislativo y administrativo bajo premisas de imposición con poca argumentación, mas tendiendo a la leguleyada o a estereotipos de estupidez ridiculizando a los verdaderos eruditos de los temas.

Lo válido de ésta confrontación es que tanto el ciudadano como el legista entiendan la necesidad que tiene el Derecho de ser presentado bajo argumentos  explicativos y justificativos que en forma comprensible y objetiva den  la clave para dilucidar cualquier controversia, razón deductiva que debe considerarse por parte de estos trenes para contribuir  al resultado final.

En tal orden de ideas es significativo concebir como el Derecho es una técnica, cuya utilidad está en encontrar,  la solución de determinados problemas prácticos, pero también es la ciencia que a través de la  mente del doctor en leyes, utilizando su sapiencia; le permite, en  forma metódica y objetiva construir el argumento razonable e inobjetable que daría la componenda jurídica concluyente.

La fortaleza de la democracia no se afinca en el imperio del poder público sino en la confianza de las instituciones, su gobernabilidad y la fe que el ciudadano pone en el Gobierno. Esperemos que en ese sentido  se logre dar entendimiento a conceptos  de Justicia y Paz como valores que no se confrontan o que exijan sacrificar a uno para que prevalezca el otro y no se quede el tema en controversias, ofensivos trinos y timoratas marchas por la paz o la guerra que no aportan la ideología que coadyuve a consolidar la búsqueda de la reconciliación.

Alfonso Suárez Arias

@SuarezAlfonso