Opinión

Crisis hospitalaria en el Cesar

La crisis del sistema de salud es recurrente en todo el territorio nacional, a diario nos indignamos y repudiamos casos donde las EPS no prestan la atención integral en salud a sus pacientes, los cuales deben recurrir a tutelas para garantizar este derecho constitucional, peor aún presenciamos los paseos de la muerte o pacientes que mueren suplicando la atención médica.

El departamento del Cesar no es ajeno a esta crisis, aunque el problema es mayúsculo en esta zona del país, toda vez que encontramos que la red hospitalaria pública se encuentra en una grave crisis que amenaza con el cierre de varios hospitales, lo que nos conllevaría a una desatención y crisis hospitalaria sin precedentes. Parece insólito que la Contraloría detecte fraude, contratación indebida y demás irregularidades pero no haya sanciones o investigaciones contra los responsables de estas anomalías.

En la actualidad los principales centros hospitalarios del departamento, se encuentran en alto riesgo por una grave crisis financiera y administrativa,  lo que ha conllevado a un inminente cierre de uno de los principales Centros hospitalarios como es el hospital San Andrés de Chiriguana lo que se ha traducido en un problema social y de salud en el centro del departamento.

En el sur del departamento la situación no es diferente. El hospital regional José Padilla Villafañe al cual se le invirtió una gran suma de dinero en infraestructura también atraviesa dificultades financieras que ponen en riesgo la atención de los habitantes de esta zona del departamento.

Lo que no he podido entender es: ¿Cómo Hospitales como el de Aguachica y Tamalameque, entre otros, le realizan grandes inversiones en infraestructura y no procuran garantizar salvarlos de la crisis financiera que padecen? Lo que los conmina a hacer unas excelentes y bonitas edificaciones pero pésimos hospitales en servicio y atención.

No es posible que en Tamalameque se haya invertido la no despreciable suma de 1.258 millones en su adecuación y remodelación, pero no cuente con insumos e implementos para que sus profesionales presten un excelente servicio, le adeuden grandes sumas de dinero a sus empleados o, peor aún,  que la supersalud y el ministerio estén pensando seriamente en unificarlo con otra empresa social del Estado como una medida a su grave situación financiera.

En pocas palabras, los cesarenses estamos condenados a que nuestro derecho constitucional a la salud sea vulnerado diariamente por la falta de recursos y voluntad política para salvar nuestros hospitales, por ello desde esta columna hago un llamado al gobierno nacional, para que intervenga y garantice la prestación de los servicios en cada hospital del departamento y a los alcaldes que entiendan las ESE son Empresas Prestadoras de Servicio y no sus fortines políticos. Recuerden, la Paz es posible, pero si garantizamos los derechos de cada habitante de este país y los cesarenses tenemos derecho a nuestra salud.

Diógenes Armando Pino Sanjur