Opinión

Escepticismo jurídico

El escepticismo jurídico es la principal fuente de transgresión y quebranto de la confianza de aquellos que conforman la ciudadanía, y que deja ver los conflictos de intereses, que se demarcan a partir de las arbitrariedades en la toma de decisiones desvergonzadas e insolentes, motivadas por dádivas y contraprestaciones, por parte de quienes se encuentran investidos para hacer cumplir las mismas, y de igual forma, los procedimientos de Ley que son amañados sin importar la vulneración que se efectúe al derecho de la otra persona.

De esta manera, se retroalimenta el temor de quienes acuden de manera eminente a la administración de justicia, y peor aún de quienes prefieren soslayar el reconocimiento de un derecho propio amparado constitucional y legalmente; puesto que por la desconfianza institucional que se tiene y que se sigue mal formando de manera mayúscula, le son preferibles la renuencia al acceso de la justicia.

Este temor y la no creencia de los ciudadanos soportados en las violentas actuaciones judiciales, conllevan a un abismo al principio de seguridad jurídica y se acrecienta el riesgo del ocaso institucional, que se hace cada vez más inminente por el infame escepticismo jurídico.

Por otra parte se ve afectado el ejercicio profesional del abogado litigante, puesto que si no tiene la capacidad económica para convenir con dicho funcionario judicial, en el favorecimiento del veredicto final  del proceso, se encuentra alejada la posibilidad de prosperar del mismo. Esta situación va desglosando una serie de sucesos negativos para el profesional del derecho, tanto como son; la desmotivación para ejercer su carrera, y seguido de ello el fracaso al éxito, al que todo jurisconsulto desea llegar. Sin duda alguna ésta es una de las razones de deserción del abogado a las prácticas litigiosas, la cual considero a mi juicio, como el espíritu del derecho, toda vez que mientras se es litigante se está en un constante estudio constitucional, doctrinal, jurisprudencial y del marco legal del derecho. Es decir,  se está actualizando, se va formando como crítico, generador de debate y dador de opinión. Todo esto comprende un profesional integro, que además de ser conocedor del derecho se obliga a saber y entender de otras profesiones, o sea, que no solo reconoce al derecho como un conjunto de normas regladas, sino también como un compendio de relaciones interdisciplinares estudiado desde la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales, entre otras.

Con lo anteriormente esbozado, dejamos claro cómo las malas prácticas judiciales basadas en la corrupción, socavan todo un patrimonio intelectual en los actuales y futuros juristas de nuestro país. Ello indica que son dos los afectados, la ciudadanía en general por el miedo a desplegar las acciones para salvaguardar sus derechos, y el  jurista que se facultaría mediante el derecho de postulación para adelantar dichas actuaciones.

Si miramos el derecho comparado en otros países, nos damos cuenta de la rigurosidad existente en la escogencia de Jueces, Magistrados y demás funcionarios judiciales, que además de ostentar una excelente e intachable hoja de vida académica y experiencia profesional, se requiere de ser una persona inequívoca y con probidad, con formación de principios y valores, y sobre todo ejemplo de la sociedad. Tendiente a tener toda la autoridad moral para emitir fallos ajustados a derecho y con el fin de impartir justicia.

Rafael Rojas