Opinión

Ley del silencio

Desde hace algún tiempo he estado indagando sobre un comportamiento extraño que ocurre en algunos municipios pequeños de la costa caribe colombiana, donde la gente no se atreve a levantar la voz para defender a sus pueblos, para exigir que la inversión se haga correctamente y con transparencia. En esos pueblos pequeños las administraciones actúan de una manera tan descarada que pareciera que el ser autoridad municipal les invistiera el derecho de ser el dueño temporal del municipio y, por tanto, actúan de manera caprichosa en cuanto al manejo administrativo y presupuestal del ente territorial.

En estos municipios, el administrador de turno se ampara en la deuda que dejó la administración anterior, la cual cuantifican en cifras exorbitantes, que la convierten en impagables, esto lo hacen al momento de llegar, parten de supuestos sin ningún fundamento contable y esto, saben ellos, les da una patente de corso para desmadrar el presupuesto y negar acreencia, en tanto, el pueblo guarda silencio. ¿Por qué?

Parece que hay una similitud entre algunos pueblos de la costa y los de la isla italiana llamada Sicilia, dada a conocer mundialmente cuando Mario Puzo, publicó dos Best-sellers de gran acogida por el mundo lector: El Padrino, y otro titulado Omertá. En ambos contaba las intimidades de la mafia siciliana, sus costumbres, tradiciones y, sobre todo, el código de honor que regía el comportamiento de estos.

Uno de esos códigos de honor de la mafia siciliana era llamado «Omertá», una ley del silencio que amordaza al ciudadano para pronunciarse sobre las actividades delictivas de los mafiosos y quien incurriera en violarla sería asesinado por parte de los gatilleros de la mafia, esto hacía que las mafias campearan a sus anchas por todo el territorio de Sicilia sin que nadie osara poner en aviso a las autoridades.

En algunos de nuestros pueblos opera algo parecido, con algunas diferencias claro está, ningún ciudadano se atreve a levantar la voz de protesta ante las situaciones que se viven en las localidades. Nadie protesta, nadie denuncia por temor al matoneo en las redes sociales. Las personas temerosas de retaliaciones optan por abrir perfiles falsos en las redes y aventuran críticas, algunas certeras y veraces, otras la mayoría, infundios y calumnias en contra de la administración y de sus detractores por igual. Lo más peligroso de esto es que al tener encubierta la identidad de quienes utilizan los perfiles falsos, los defensores de la administración se aventuran a dar palos a ciegas señalando culpables que a lo mejor nada tienen que ver con lo que acontece en esa guerra de enmascarados que usan pasamontañas para ocultar sus miedos y decir lo propio y difundir calumnias.

Hace tres días hice una prueba en mi pueblo, escribí en Facebook en cuánto estuvieron aforados los presupuestos municipales 2015 y 2016, y eso puso nerviosos a muchas personas, algunos se me acercaron a aconsejarme que no me metiera en problemas, otros desde las redes me insultaron. Parece que después de la fórmula con que se prepara la Coca-Cola o el código de la Microsoft, le sigue el monto de los presupuestos de los pueblos en cuanto a ser los secretos mejor guardados del mundo.

Qué bueno sería que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para sentar su voz de protesta contra cualquier desafuero, como un llamado de atención, como una alerta ciudadana que le indicara al administrador que lo que hace está mal hecho y sería doblemente bueno que el administrador, el funcionario público reciba con humildad la crítica, que entienda que es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución Nacional. Esto haría el ejercicio de las funciones de los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios, un ejercicio limpio y transparente que daría satisfacción y seguridad a la ciudadanía de que todo marcha sobre las ruedas de la legalidad.

El ciudadano que sienta que las cosas son graves, debe pasar a lo que yo llamo FASE II que no es otra cosa que instaurar la denuncia ante las autoridades competentes, eso sí, impetrarlas ante La Fiscalía Nacional, la Procuraduría Nacional y la Contraloría Nacional, preferiblemente en Bogotá, para que desde allá ejerzan control y vigilancia a los procesos que se abran sobre dichas denuncias. El ciudadano debe hacer cumplir la Ley, no puede seguir siendo un convidado de piedra en los asuntos de su pueblo.

Diógenes Armando Pino Ávila

@Tagoto