Opinión

Jirones de España (2)

Después del reinado de Isabel II (1833–1868) y su abdicación en 1870 a favor de su hijo, el prematuramente fallecido Alfonso XII (1886-1885), bisabuelo del actual rey Felipe de Borbón, se perfila España como una monarquía conducida por los intereses y ambiciones de la oligarquía y las pretensiones hegemónicas del ejército, sin prestarle demasiada atención a las históricas demandas de su pueblo. La historia europea ha denominado este período como un régimen gobernado por: el partido liberal conservador.

No hay dudas de la influencia del modelo político inglés en estos primeros años de la Restauración y se impuso el turno de partidos con exigencias de lealtades, en un liberalismo en una monarquía constitucional, siendo el rey el símbolo de equilibrio entre autoridad y libertad, herencia de una tradición histórica. Su artífice y primer gobernante A. Cánovas, quien fue seis veces jefe del gobierno español, era conocido como el “monstruo”, hasta cuando fue asesinado por un anarquista en agosto de 1897. El visionario político sostenía: “Para mí tendrán la misma consideración moderados, progresistas, unionistas o revolucionarios, siempre que piensen como yo”.

Un amplio abanico de adhesiones se agregaron a esta posición, según los recuentos históricos del diario madridista El Fígaro, de la época, sin revelar las intenciones de Cánovas de no querer dar paso al gobierno de Alfonso de Borbón, movimientos transformados en partido liberal-conservador, en donde el turnismo se imponía convocando a elecciones para fabricar una representación nacional que jamás pretendió ser democrática, sino un gobierno de oligarcas de amplia representación, que actuarían ad infinitum sobre la realidad de una sociedad despolitizada y clientelista, con importante papel desempeñado por el caciquismo en los sectores rurales y las élites urbanas, para así  sentar las bases de un sistema de privilegios con garantía de control social, en donde ondeaba el gran poder de hacendados y el ámbito empresarial de Cataluña, así como grandes capitales de las comunicaciones marítimas e inmuebles, favorecidos -tal cual actualmente sus seguidores ultraneoliberales-, con el monopolio de abastecimientos de Cuba y el tráfico de esclavos, extendida hasta la cúpula militar.

El estallido de la Commune de París, atemoriza a la burguesía europea que ve cómo La Internacional y “las turbas odiosas e ignorantes” irrumpen decididamente en la vida pública, pese al rechazo de las élites propietarias. No obstante, la clase media considera la propiedad “como un valor por encima de la libertad, representación del principio de continuidad social, la que se debe defender con cualquier clase de gobierno legítimo”.

En esta defensa contribuirán no solo los clásicos sectores oligárquicos -ante la petición del papa León XIII quien desea la conciliación y acatamiento del régimen monárquico español-, sino entre el mundo de las clases profesionales, y la llamada “comunidad  presupuestívora”, la amplia red caciquil campesina o citadina, los capitanes de la industria manufactura textil catalana y los vascos que encabezan la explotación del hierro, el negocio bancario, los contratistas del comercio colonial, la importante masa de casi un millón y medio de arrendatarios y aparceros, y los que irrumpen en la estratificación social, ocupan la cúspide de la pirámide social. La base de la pirámide está compuesta por un nutrido mundo de pobreza y marginación social, obreros y jornaleros, los marginados de siempre, sub-empleados y desheredados, objeto de la curiosa observación de los intelectuales del 98, resaltando, entonces la imbricación entre la vieja nobleza y la burguesía a través de cruces de sangre y de la política sistemática de ennoblecimiento burgués, a los que se uniría el ejército que agregaría a sus tareas, la defensa del “orden social”. No en vano, como dice el catedrático de la Sorbona y periodista, C. Serrano, en su libro “Final de Imperio: España 1895-1898”, la prensa destaca un dibujo con figuras neoclasicistas de la política, comparando la suerte de los poderosos con la de los humildes, con las leyendas: ‘A los grandes hombres, la Patria agradecida’, y debajo: ‘Justicia, Lealtad, Consecuencia – Igualdad ante la Ley”.

El resto son  atributos del propio sistema centralista político: la plana mayor de los partidos en Madrid, los gobernadores civiles como canales de comunicación entre los dos ámbitos de poder y, rodeando las instituciones del gobierno central, provincial y local, la enmarañada red de clientelismo, prebendalismo y parasitismo sobre los cargos y servicios oficiales, la justicia municipal, el funcionamiento de lo civil y criminal y la carrera de los funcionarios, que enmarca un vasto sistema de desigualdades y privilegios en el que grandes mayorías de la población se mantiene fuera del orden jurídico, económico, institucional e ideológico, o que se encuentra vinculada con el sistema a través del cacique o del oligarca. La cotidianidad señala un repliegue hacia el afán de lujos, la vida relajada y el descubrimiento de las ventajas del progreso técnico, mientras en la política se desarrolla la pragmática lucha por el poder, sobre el lomo de principios constitucionales, con resabios semiabsolutista y teocrático. Con ritualismos religiosos solapados en el ceremonial cortés del ocio y la mundanalidad inequívoca de hábitos de los grupos dominantes.

España ha continuado, desde el siglo 19 con un rosario de desgracias, primero por no superar sus malos designios al desatar sucesivas guerras internas, con unas monarquías y burguesías decadentes, y luego, por las infames condiciones impuestas por EE.UU. para que el gobierno español firmara el Tratado de París, en 1898, recurso sine qua nom para ser perdonada y cesar la ruinosa guerra, a cambio de cederle al tío Sam los territorios coloniales de Puerto Rico, Cuba y las islas Filipinas, además de no acudir a ningún imperio europeo para que le prestara su ayuda.

Jairo Tapia Tietjen

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